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Congreso aprueba verificar seguridad en guarderias

Miércoles 10 de julio, 2013.
02:55 pm
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Oaxaca, México.- A propuesta del diputado Flavio Sosa Villavicencio, el Congreso del Estado aprobó este miércoles solicitar al Instituto Estatal de Protección Civil verificar que las estancias públicas y privadas para infantes, adultos mayores y personas con discapacidad garanticen la seguridad física de quienes utilizan sus instalaciones.

 

flaviotribuna6Mediante un punto de acuerdo, aprobado por unanimidad como de urgente y obvia resolución, la LXI Legislatura pidió a esa instancia del Ejecutivo local que realice una revisión integral y exhaustiva de esos establecimientos, con el fin de salvaguardar la vida de las y los oaxaqueños que no están en posibilidad de valerse por sí mismos en una situación de riesgo.

 

“El sentido es tomar las medidas pertinentes para evitar una tragedia”, pues “no podemos permitir un ABC en Oaxaca”, dijo el diputado Flavio Sosa al proponer el acuerdo, en referencia al incendio en la guardería “ABC” de Hermosillo, Sonora, que en 2009 provocó la muerte de 49 niños y heridas a otros 76, todos entre los cinco meses y los cinco años de edad.

 

Recordó que en ese caso, diversos factores de riesgo no fueron atendidos ni oportuna ni adecuadamente, de manera que la tragedia tuvo origen en la negligencia: “la muerte de estos niños y niñas no puede considerarse un accidente, sino un crimen”, expresó en la tribuna del Palacio Legislativo de San Raymundo Jalpan.

 

En Oaxaca “no podemos permitir que la indolencia, la negligencia de algunos funcionarios atente contra nuestra infancia”, agregó, y pidió un esfuerzo “por cuidar a quienes no pueden valerse por sí mismos”.

 

Señaló como obligación del Estado velar por que los espacios utilizados para prestar servicios de estancia infantil, para adultos mayores o personas con discapacidad, tanto públicas como privadas, cumplan con las condiciones óptimas de seguridad y cuenten con las instalaciones adecuadas, lo que no necesariamente se cumple en todos los casos.

 

No obstante, expuso que hasta el momento no se sabe en qué casos el estado de las instalaciones y la capacitación misma del personal que labora en esas instituciones impide garantizar la seguridad física de quienes asisten a ellas, de manera que “no sabemos cuántas y cuáles ponen en riesgo la vida y la salud sus usuarios”.

 

“La prevención, la previsión de factores de riesgo es indispensable para evitar que un posible accidente derive en una tragedia”, y “los centros encargados de la atención de la infancia y grupos vulnerables deben de contar con una estrategia de acción inmediata en caso de presentarse algún siniestro o desastre”, señaló.

 

Así, propuso que el Ejecutivo realice una verificación sobre la seguridad y las condiciones de riesgo de ese tipo de establecimientos, en la que estarían presentes las y los integrantes de las Comisiones Permanentes de Educación, de Protección Ciudadana y de Cultura de la LXI Legislatura, que son las que por reglamento están relacionadas con ese tema.

 

En el punto se incluye también el que, al concluir la revisión, la instancia del Ejecutivo remita un informe detallado al Congreso.

 

Al argumentar a favor de su propuesta, Flavio Sosa recordó el caso de la guardería “ABC”, de Hermosillo, que a cuatro años de distancia sigue impune pues de un total de 19 funcionarios involucrados solo hay una persona en prisión como responsable del hecho.

 

Un año después de los hechos, agregó, una investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reveló una serie de conductas omisas de una veintena de servidores públicos de los tres niveles de gobierno, que derivaron en que diversos factores de riesgo no fueron atendidos, ni oportuna ni adecuadamente, lo que permitió el incendio y sus trágicas consecuencias.

 

Cuestionó también la corrupción en torno al caso, dado que el incendio pudo ser provocado para esconder un desvío por miles de millones de pesos del gobierno estatal, así como “la red de complicidades que aún hoy permite la impunidad, aun a pesar de la intensa movilización de los padres y madres de familia afectados, y la conmoción social que generó el caso”.

 

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