Oaxaca, México.- El diputado local Flavio Sosa Villavicencio advirtió este jueves sobre la necesidad de regular la información policiaca que se distribuye hacia medios de comunicación, pues actualmente viola las garantías procesales de las personas acusadas, transgrede los derechos de las víctimas de los delitos y exhibe imágenes que atentan contra el sano desarrollo de la infancia.
En una charla con estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad “José Vasconcelos” de Oaxaca, el legislador negó que su iniciativa pretenda crear una “ley mordaza” que atente contra el derecho a la libre expresión de las ideas, y aclaró que no busca limitar a periodistas o medios de comunicación, sino a funcionarios de instancias policiacas.
El 25 de septiembre, Flavio Sosa presentó ante el Congreso del Estado una propuesta para modificar la Constitución local y el Código de Procedimientos Penales del estado, con el fin de evitar que funcionarios públicos entreguen a medios de comunicación datos personales e imágenes de víctimas de delitos o personas acusadas de cometerlos. La iniciativa fue turnada a comisiones.
“Tengo la certeza de que quienes se oponen con tal vehemencia a mi iniciativa lo hacen desde la ignorancia, por no conocer la propuesta, o por estar desinformados respecto al marco legal internacional de los derechos humanos que nos rige, tanto como parte del sistema de Naciones Unidas como del sistema interamericano”, expuso ante las y los estudiantes.
Señaló que las restricciones a lo publicado en medios de comunicación son diversas en el llamado sistema universal de los derechos humanos y mencionó como ejemplo la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, efectuada por las Naciones Unidas en Pekín en 1995, y que establece restricciones a las imágenes negativas y degradantes de la mujer en los medios de comunicación.
Otras disposiciones internacionales, dijo, limitan la publicación de pornografía, violencia y “presentaciones degradantes y humillantes, especialmente de niños, mujeres y relaciones interpersonales”, e igualmente establecen la obligación de los gobiernos de promover “directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar”.
Explicó que para restringir la entrega a medios de comunicación de información se puede apelar al artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que nadie será objeto “de ataques a su honra o a su reputación”, lo que sucede permanentemente con la exhibición de las fotografías y los datos personales de las víctimas de los delitos.
En el mismo sentido, recordó que en marzo de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que expresiones como “puñal” o “maricón” publicadas en medios de comunicación fomentan la discriminación y la intolerancia hacia las personas homosexuales, y pueden derivar en demandas por daño moral dado su carácter discriminatorio.
“¿Creen que no hay igualmente un daño moral en el caso de las víctimas de delitos?”, preguntó a los estudiantes, y advirtió que la información policiaca suele incluir imágenes, nombres, lugares de residencia y otros datos personales de quienes sufrieron algún delito, que son exhibidos y de esa manera doblemente vulnerados, ahora institucionalmente por funcionarios públicos.
También mencionó que la exhibición en “nota roja” de personas que fueron detenidas como acusadas de algún delito, sin haber sido todavía sentenciadas, viola el principio de presunción de inocencia establecido desde el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y estipulado también en las constituciones federal y del estado.
Las y los estudiantes de Comunicación intercambiaron puntos de vista con el diputado, coincidieron en la importancia de las reformas propuestas, compartieron los resultados de sus investigaciones sobre la “nota roja” en medios locales e hicieron preguntas también acerca de los recursos legales para la protección al ejercicio periodístico.
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