Nueva reforma para obligar al Estado a actuar contra feminicidio

Anaiz Zamora Márquez/CIMAC Oaxaca, México.- Cansadas de que el Estado mexicano sólo proteja a las mujeres en el discurso y de que se niegue a poner en acción la Alerta de Violencia de Género (AVG), legisladoras, académicas, investigadoras y activistas se reunieron para plantear alternativas que hagan operable este mecanismo de protección. Congregadas en el Salón Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), las feministas que impulsaron la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y representantes de organizaciones civiles a las que se les ha negado la solicitud de AVG, lamentaron la omisión y negligencia del Estado mexicano. Las asistentes se manifestaron a favor de reformar la LGAMVLV y anunciaron la reciente integración de grupos de trabajo para evaluar la legislación y plantear sus modificaciones. La antropóloga feminista y ex diputada federal Marcela Lagarde apuró a que se realice una evaluación de la forma en que hasta ahora ha sido aplicada la legislación, para a raíz de ello reformarla y elaborar una propuesta de reglamentación para “que no nos vuelvan a dar la vuelta”, advirtió. La diputada federal Martha Lucía Micher Camarena adelantó que se buscará eliminar la atribución del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) en la determinación de la procedencia de la AVG, y en su lugar crear un grupo multidisciplinario que investigaría la violencia feminicida en un territorio determinado. La senadora por el PRD y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña se manifestó a favor de ampliar las obligaciones de los gobiernos locales para que también asuman su responsabilidad y puedan emitir la declaratoria de AVG. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) –que conjunta a más de 40 organizaciones civiles por los derechos femeninos– exigió una reforma integral tanto de la LGAMVLV y a su reglamento, para que “el Estado deje de simular y cumpla efectivamente su responsabilidad de garantizar la integridad de las mujeres, sin espacio a las interpretaciones o a negociaciones políticas a favor del gobierno en turno”. Y es que en seis años de vigencia de la ley que mandata la AVG, el SNPASEVM rechazó en más de 10 ocasiones admitir la solicitud de inicio de investigación y votó negativamente la procedencia de indagación para los estados de Nuevo León, Hidalgo y Guanajuato, y dos veces para el Estado de México. Las asistentes coincidieron en que la reiterada negativa es “sumamente alarmante”, pues el feminicidio creció en la última década de tal manera que actualmente todo el territorio mexicano está ante una “emergencia nacional”. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informan que de 2000 a 2010 se registraron 14 mil 994 homicidios dolosos de mujeres, y sólo en 2012 la cifra fue de 2 mil 774 asesinatos por razón de género. MALA REGLAMENTACIÓN La doctora en Antropología Marcela Lagarde resaltó que la publicación de la LGAMVLV fue resultado de años de esfuerzos del movimiento feminista por garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Destacó que una de las grandes innovaciones de la Ley General fue precisamente el establecimiento de la AVG como un mecanismo de protección colectiva que implicara a los tres niveles de gobierno para eliminar y erradicar la violencia feminicida. Lamentablemente –advirtió– lo que quedó plasmado en la legislación no llegó a la reglamentación, pues se creó un procedimiento sumamente burocrático que impide la puesta en práctica de la AVG, y la contempla como una herramienta contra los gobiernos. De acuerdo con el artículo 37 de la LGAMVLV, correspondía a la Secretaría Ejecutiva del Sistema, es decir el Instituto Nacional de las Mujeres, elaborar el proyecto de reglamento y presentarlo a sus “integrantes para su consideración y aprobación en su caso”. Las representantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, el Centro Las Libres, Servicios de Inclusión Integral, Arthemisas por la Equidad, y el OCNF –organizaciones que emprendieron el laborioso camino de presentar una solicitud de AVG– resaltaron que los requisitos de forma y de fondo que mandata el reglamento son prácticamente “imposibles de acreditar”. Por ejemplo para ser admitida la solicitud, se requiere que quien la presente sea una organización constituida legalmente, lo que deja fuera a los colectivos y grupos que defienden los DH de las mujeres. También se debe “afirmar que existe violencia sistemática contra las mujeres”, lo que para las organizaciones se ha traducido en la ardua labor de recopilar, conjuntar, analizar y exponer además de los casos de feminicidio y asesinatos de mujeres, la forma negligente en la que actúan las autoridades para la adecuada investigación y sanción. Este punto –denunciaron– es sumamente cuestionable, pues para demostrar la existencia de esta violencia se debe realizar una investigación más precisa que el Sistema se niega a iniciar. PARA LA AUTORIDAD EL FEMINICIDIO NO EXISTE Al poco actuar de las autoridades locales –motivo principal por el que se presentan las solicitudes– se suma la negativa del Sistema por emprender acciones, lo que trae como consecuencia que los crímenes contra mujeres continúen y en algunos casos aumenten. Por ejemplo en Guanajuato, tras la negativa del pasado 21 de mayo, se sumaron 26 asesinatos de mujeres. De enero a abril de este año ya se habían cometido 24 crímenes, por lo que en 2013 ya van 50 homicidios por razones de género. En el Edomex, después de la votación de 2010, fueron asesinadas 563 mexiquenses. Horas después de que fuera negada la procedencia de investigación para Tula, Hidalgo, fue ultimada otra joven en este municipio. Rodolfo Domínguez, abogado y representante del OCNF, explicó que las consecuencias de las negativas de AVG van más allá del grave incremento en el número de mujeres asesinadas. Pues al rechazar los argumentos de las organizaciones civiles se cuestiona y vulnera su trabajo, además de que se perpetúa la idea de que las agresiones contra las mujeres “no son algo grave o importante”. E incluso el Estado desconoce tratados internacionales ratificados por México como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), cuyo Comité en 2012 emitió una recomendación para que se “eliminaran los obstáculos que impedían la aplicación de la AVG