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Jueves 14 de noviembre, 2024.
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El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria –que integran distintas organizaciones ciudadanas– solicitó a principios de este mes de diciembre a las y los legisladores que resolvieran con celeridad las iniciativas de reforma a la Ley de Migración presentadas este año, y que recogen demandas civiles que nacieron desde la creación de esta norma en 2011.
Sin embargo, las y los legisladores fueron omisos a las demandas de la sociedad civil y pospusieron el dictamen de diversas reformas para 2015.
LAS DEUDAS
La Comisión de Asuntos Migratorios del Senado recibió desde el 4 de febrero al 10 de diciembre de 2014, 12 proyectos de reforma a más de 30 artículos de la Ley de Migración.
Igualmente, la Cámara baja obtuvo casi el doble de iniciativas para que la Ley de Migración y su Reglamento plantearan medidas para otorgar visas humanitarias, facilitar y disminuir costos del proceso de regularización en el país, y proponer alternativas a la detención.
Sin embargo, sólo el pasado 30 de octubre se hizo una adición al artículo 3 de la legislación para incorporar el término “asilado”, de acuerdo a lo que establece la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
Los otros temas que quedaron pendientes de dictamen se refieren al acceso a la justicia y el debido proceso; condiciones y alternativas a la detención; fortalecimiento institucional; niñez migrante; participación ciudadana; procedimiento administrativo migratorio, y procedimiento para la regulación y regularización de estancia.
El pasado 10 de diciembre la senadora por el Partido Acción Nacional Mariana Gómez del Campo; la senadora Layda Sansores San Román (del Partido del Trabajo), y el legislador del Partido de la Revolución Democrática Zoe Robledo Aburto, presentaron a la Comisión de Asuntos Migratorios una iniciativa para que los servicios de justicia a la población migrante no estén condicionados a la opinión del Instituto Nacional de Migración (INM), y que la Ley de Migración establezca la excepcionalidad de la detención en las Estaciones Migratorias.
Además plantearon que la legislación en la materia garantice que el INM ejecute procesos administrativos eficientes, y defina al organismo encargado de evaluar la situación de las y los niños migrantes, para que no sean deportados inmediatamente a sus países de origen.
Este proyecto de reforma también busca reducir las multas por regularización, así como flexibilizar las opciones para el otorgamiento de la residencia temporal en México.
En octubre pasado, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Incide Social y Sin Fronteras plantearon a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados la creación de un Anexo para el tema migratorio en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PEF), y que apoyara la implementación y seguimiento del Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2018.
También solicitaron homologar la Ley de Migración con los estándares del derecho internacional, y demandaron acciones afirmativas que garanticen el acceso al trabajo a las mujeres migrantes, en particular las trabajadoras del hogar, agrícolas o que desempeñen actividades de manera independiente.
Pidieron que los registros civiles estatales cumplan con lo establecido en el artículo cuarto constitucional sobre garantizar la identidad y actos civiles a cualquier persona independientemente de su nacionalidad, y demandaron facilitar la incorporación, revalidación y acreditación de la educación para la población que no ha podido comprobar su nacionalidad mexicana.
Las activistas recordaron a las y los diputados ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las empleadas del hogar, así como la adopción de la Recomendación 201 sobre el trabajo decente.
También solicitaron evitar el uso de eufemismos en la ley, como “alojamiento” en lugar de detención en el tema de acceso a la justicia y privación de la libertad en Estaciones Migratorias.
No obstante, ninguna de las propuestas fue dictaminada este año y sólo algunas de ellas podrían ser revisadas en 2015.
IGNORAN TEMAS PRIORITARIOS
Lorena Cano Padilla, subcoordinadora del Área Legal de Sin Fronteras, dijo a Cimacnoticias que desde su publicación en 2011 la Ley de Migración fue calificada por grupos civiles como una “norma regresiva” que afecta a las personas y sus derechos.
“Estas normas no pueden continuar vigentes, es imperante que haya una reforma en el tema, y sería muy importante que las iniciativas que ya se impulsaron por parte de las y los senadores puedan avanzar y constituirse en una reforma a la Ley de Migración que beneficie a la población más vulnerable”, detalló la experta.
De acuerdo con organismos ciudadanos especializados, estas “deudas” son las principales demandas de la población migrante, quienes padecen abusos y violencia por parte de autoridades, extorsiones, desapariciones, secuestros, asesinatos, trata de personas, y agresiones sexuales.
El pasado 3 de junio la organización Sin Fronteras presentó el informe “La ruta del encierro. Situación de las personas en detención en Estaciones Migratorias y estancias provisionales”, en el que demanda se eliminen los centros de detención para personas migrantes (que actualmente albergan a 14 mil mujeres y 2 mil 700 menores de edad), o bien que regule sus condiciones, ya que se constató que en ellos las personas padecen vulnerabilidad y se violan sus Derechos Humanos.
Amnistía Internacional también presentó en agosto pasado la campaña “Paso Migrante”, para visibilizar que al menos seis de cada 10 mujeres migrantes en tránsito por México padecen agresiones sexuales.
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