Oaxaca, México-Miles de inmigrantes del sur de California deportados en los últimos 5 años podrían volver a Estados Unidos. Un acuerdo prejudicial entre el Departamento de Seguridad Nacional y defensores de derechos civiles podría abrir las fronteras a quienes firmaron obligados sus órdenes de “deportación voluntaria”.
“El acuerdo es histórico porque hemos puesto freno a abusos que han ocurrido durante décadas”
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) dio a conocer hoy un "histórico acuerdo" con el Departamento de Seguridad Interna (DHS, sus siglas en inglés), mediante el cual se obliga a las autoridades federales a informar adecuadamente a los inmigrantes sobre las consecuencias reales que conlleva firmar y consentir una "deportación voluntaria" y podría permitir el regreso de miles de inmigrantes que firmaron sus salidas voluntarias mediante engaños.
El acuerdo es resultado de una demanda que interpuso ACLU en junio de 2013 contra la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), en la que denunció que agentes de este organismo hostigaban y daban información errónea a inmigrantes mexicanos para obligarlos a firmar su salida voluntaria del país.
"Todavía hay mucho trabajo por hacer para asegurarnos que este acuerdo se esté implementando", señaló la abogada de ley fronteriza de ACLU en San Diego, Mitra Ebadolahi, quien no obstante calificó el resultado de la demanda como "un logro muy importante".
El acuerdo entra en vigencia de manera inmediata y será válido únicamente para inmigrantes mexicanos que sean detenidos en California, aunque Ebadolahi adelantó que buscarán que esta reforma sea adoptada por otros estados fronterizos.
En el acuerdo se indica que las autoridades deberán asegurarse que sus oficiales no presionen a los inmigrantes para que acepten la deportación voluntaria, cuando se les da a los indocumentados a elegir entre esta vía o una audiencia ante un juez para definir su situación migratoria.
A partir de ahora, las agencias federales están obligadas a brindar información detallada, de manera oral y escrita, en castellano e inglés, a los inmigrantes y a explicarles las consecuencias que implica firmar una deportación voluntaria, entre ellas que no podrán regresar al país por un periodo de diez años.
"Eso no se lo dicen a la gente y en ocasiones les hacen creer que pueden arreglar sus papeles en México, cuando no es así", enfatizó la abogada sobre la consecuencia más importante de firmar una “deportación voluntaria”.
El acuerdo también impone cambios esenciales en cómo los agentes de Inmigración tratan a personas que han sido arrestadas. A partir de ahora, los oficiales deberán:• Dar información detallada en inglés y español por escrito y verbalmente acerca de qué significa firmar una forma de salida voluntaria
• Crear, mantener y asegurar el acceso a un número 1-800 que detalle los derechos y las consecuencias de firmar una forma de salida voluntaria
• No permitir que la salida voluntaria sea una opción pre-seleccionada en sus formas
• Dar derecho a una llamada telefónica y proporcionar una lista de bufetes de abogados para realizar consultas migratorias • Otorgar un plazo de dos horas para que la persona se ponga en contacto con alguien antes de decidir si va a elegir firmar una forma de salida voluntaria
• Asegurar que los abogados tengan acceso a sus clientes cuando están detenidos por agencias de Inmigración
• Prohibir que agencias de Inmigración usen presión o engaños para convencer a alguien de que elija la “deportación voluntaria”
• Por tres años, el gobierno tiene que permitir que los abogados de ACLU verifiquen que exista transparencia y se cumpla con este acuerdo
Pero no solo eso. Héctor Villagra, director de ACLU en el sur de California dijo a Univision Noticias: “El acuerdo es histórico porque le hemos puesto freno a abusos que hemos sabido que han ocurrido durante décadas para forzar a personas a firmar su propia deportación”.
ACLU calcula que unos 400 mil inmigrantes firmaron su salida voluntaria en los últimos 5 años y podrían verse beneficiados por este acuerdo si la corte le da luz verde.
En la demanda se cita el caso de nueve mexicanos a quienes se les negó la posibilidad de resolver su situación ante un juez de inmigración y fueron deportados. El documento señala que todos ellos tenían argumentos sólidos para permanecer en el país, aunque no se les dio oportunidad de tener el proceso legal correspondiente.
Alejandro Serrato, uno de esos nueve mexicanos, vivió más de diez años en Estados Unidos antes de ser deportado en 2012. Según señaló durante una rueda de prensa, cuando fue detenido, les dijo a los oficiales federales que tanto su esposa como su hijo son ciudadanos estadounidenses, lo que le daba derecho a tener una audiencia en una corte migratoria. Sin embargo, un agente de ICE le entregó un documento para que firmase su salida voluntaria.
"Me dijo que sería fácil obtener estatus legal a través de mi esposa desde México y me presionó para firmar rápidamente. No tenía idea que la ley me impediría regresar a mi familia por diez años cuando firmé la forma", explicó.
Como parte del acuerdo, las autoridades permitieron el regreso a Estados Unidos de los nueve mexicanos citados en la demanda para que puedan llevar su caso ante un juez de inmigración como correspondía. El mes que viene tendrán una audiencia ante una corte federal en Los Ángeles que determinará si pueden quedarse de manera definitiva en el país.
Según explicó ACLU, si la corte aprueba esta segunda parte de la demanda, el acuerdo podría abrir las puertas para que aquellos mexicanos "obligados" a firmar su deportación voluntaria entre junio de 2009 y el 18 de agosto de 2014, en estaciones de la Patrulla Fronteriza o ICE en las ciudades de San Diego y Los Ángeles. Así, miles de ellos podrían regresar al país para enfrentar una corte migratoria.
"Si las agencias implementan este acuerdo en su totalidad, las familias no serán separadas nunca más debido a prácticas tomadas por agencias de inmigración basadas en información errónea, engaño y hostigamiento", indicó Sean Riordan, abogado de ACLU para los sectores del Condado de Imperial y San Diego.
Isidora López Venegas, una mexicana también incluida en la demanda y que firmó su salida voluntaria hace tres años, expresó su esperanza de que más familias puedan reunirse en EEUU. "Yo espero que la corte apruebe el acuerdo y que los que han sido afectados regresen a sus familias en Estados Unidos, y que finalmente tengan su día en corte frente a un juez", se esperanzó.
