Alerta de Género, mecanismo inviable

Cimacnoticias | México, DF.-El 25 de noviembre de 2013, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reformó el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), para “volver operable” la Alerta de Violencia de Género (AVG), un mecanismo de emergencia ante agresiones a la población femenina en un territorio determinado. A un año de esa reforma, se han presentado y admitido dos solicitudes para que se investigue la violencia feminicida en los estados de Guanajuato y Morelos. Se realizaron las indagaciones y se emitieron recomendaciones, pero la AVG sigue sin emitirse. Las investigaciones quedaron a cargo de grupos de trabajo (conformados por especialistas y representantes de instancias federales), que emitieron recomendaciones a los gobiernos locales. No obstante, en ambas entidades las recomendaciones no han sido acatadas por las autoridades locales y la violencia contra las mujeres va en aumento. Según el Título Tercero –referente a la AVG– del nuevo Reglamento, corresponde a un Grupo de Trabajo investigar la violencia feminicida y emitir recomendaciones que tendrían que ser implementadas por los gobiernos locales en un plazo de seis meses. En caso de incumplimiento, la Secretaría de Gobernación (Segob) tendría que declarar la AVG. DESACATO En Morelos y Guanajuato está a punto de vencer el plazo para que  cumplan las recomendaciones. La primera entidad en poner a prueba el nuevo Reglamento es Guanajuato, donde grupos civiles ya habían solicitado hasta en dos ocasiones la AVG, pero con el procedimiento anterior. La solicitud se presentó en marzo pasado por el Centro Las Libres, organización que basó su petición en los 75 asesinatos de mujeres cometidos durante 2013 y los 12 registrados en los tres primeros meses de este año. Fue hasta julio pasado que se entregó al gobierno de Guanajuato un informe final con 13 recomendaciones e indicadores específicos de cumplimiento para cada observación. Tras la publicación del informe, las académicas del Grupo de Trabajo denunciaron que tres recomendaciones que ellas consideraban fundamentales para la entidad fueron excluidas por los representantes gubernamentales. Asimismo, hicieron notar el “poco interés” de las dependencias oficiales para realizar la investigación. El Centro Las Libres ha dado seguimiento al cumplimiento de las 13 recomendaciones mediante el recurso de transparencia, y asegura que el gobierno local ha respondido parcialmente las observaciones y no ha resuelto de fondo la violencia contra las mujeres. En Morelos la solicitud fue presentada en mayo pasado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos ante los 530 asesinatos de mujeres registrados entre 2000 y 2013. La investigación se realizó en medio de acusaciones por la poca transparencia en la integración del Grupo de Trabajo. Al término del estudio, el grupo advirtió un aumento en los casos de muertes violentas de mujeres, y manifestó su preocupación por la discrepancia en las cifras (las oficiales y las de grupos civiles) y emitió 15 recomendaciones que fueron entregadas el pasado 28 de agosto. Esta semana, la Comisión denunció que la violencia feminicida se incrementó en la entidad, ya que de enero a la primera mitad de diciembre de este año se acumularon 54 muertes violentas de mujeres. Pese a que nunca ha sido puesta en marcha, la AVG cuenta con recursos para ser operada. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se aprobaron 191.4 millones de pesos (mdp) para el programa “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, operado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), instancia de la Segob. Según el seguimiento ciudadano al presupuesto, el monto para la AVG asciende a 5 mdp, pero hasta junio pasado sólo se había ejercido el 33.3 por ciento del total (un millón 665 mil pesos). De acuerdo con la Conavim, los recursos se gastaron en la conformación del Grupo de Trabajo para Guanajuato y en la elaboración del informe con el que se emitieron las 13 recomendaciones al gobierno de la entidad. REFORMA INÚTIL La reforma al Reglamento se dio luego de más de dos años de exigencia de organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que señalaban la necesidad de modificar el procedimiento ante la reiterada negativa de declarar la AVG en las entidades con mayor índice de asesinatos de mujeres. Previo a la reforma, la AVG fue solicitada para el Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Guanajuato y Chiapas, en todas las ocasiones se negó el inicio de una investigación. Con el nuevo Reglamento se eliminó la facultad del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de definir si se iniciaba o no una investigación por violencia feminicida en las entidades que presentaran una solicitud, pues al estar integrado sólo por dependencias federales y los institutos estatales de las mujeres, el procedimiento se “partidizaba”, según se criticó en su momento. La coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada, advirtió que el nuevo Reglamento protegía a los gobernantes, el Grupo de Trabajo no sería imparcial, las activistas quedaban excluidas del proceso, y que los gobernadores podrían implementar acciones para evitar que procediera la AVG. Con todo, las organizaciones civiles ahora confían en que una vez que el gobierno federal verifique el incumplimiento de las recomendaciones en Morelos y Guanajuato, declare la AVG. En tanto, este mismo año se presentaron dos iniciativas en el Congreso para modificar otra vez el procedimiento de declaratoria de AVG y “volver operante” el mecanismo. En abril pasado la senadora por el PRD Angélica de la Peña presentó una iniciativa para crear un “comité de expertas” que analice las solicitudes de AVG. Mientras que a la Cámara baja llegó un proyecto para modificar el nombre de la alerta a “Mecanismo de Alerta por Violencia contra las Mujeres”, que será definido por un “Comité de Expertas”.