| | Oaxaca de Juárez |
Miércoles 25 de diciembre, 2024.
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Como es costumbre en los casos de violencia obstétrica y negligencia médica, la respuesta de la CNDH fue muy limitada y alejada de las víctimas, pues ahora se niega a participar activamente en la reparación integral del daño a Irene y su familia, sostuvo Jaqueline Sáenz Andujo, representante legal de la indígena.
Calificó como “lamentable” la respuesta de la CNDH al acuerdo judicial emitido por el Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en el estado de Oaxaca, que llama a diferentes instancias de gobierno a coordinarse para la reparación integral del daño, brindar rehabilitación y garantizar la no repetición de los hechos.
En diciembre de 2013 el magistrado Rubén Paulo Ruiz Pérez emitió un acuerdo judicial para el caso de Irene, quien ante la carencia de servicios de salud cercanos a su comunidad (Morelos, Oaxaca) tuvo que recorrer grandes distancias para que finalmente le fuera practicada una cesárea de emergencia debido a complicaciones en el parto.
La resolución señala que aunque el delito penal (lesiones culposas) prescribió y es imposible sancionar a una persona de manera penal, los daños sufridos por Irene y su familia persisten y las violaciones a DH ocurrieron, por lo que es necesaria la reparación integral del daño.
Dentro de las dependencias que deben participar en la reparación del daño –a solicitud del magistrado– está la CNDH.
En marzo pasado, la Primera Visitaduría de la CNDH informó al magistrado “que no puede conocer resoluciones de carácter jurisdiccional”, es decir sobre casos ya resueltos.
Con lo que dio su negativa ante la solicitud por parte de la defensa de Irene de abrir una queja por las severas violaciones a DH cometidas por dependencias del Estado en contra de la mujer.
La CNDH se limitó a enviar el caso a su Dirección de Atención a Víctimas del Delito, y solicitar a la Defensoría del Pueblo en Oaxaca que investigue por qué se prolongó la indagación de los hechos por parte de las dependencias de justicia locales.
Posteriormente, en su oficio T.E. 079/2014 –del cual Cimacnoticias tiene copia– señala que la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito “sólo presta los servicios de orientación jurídica (…) sin llegar a la representación legal, así como de atención psicológica de contención para controlar la crisis emocional”, y en el caso de que los familiares requieran tratamiento psicológico se les canaliza a una institución pública.
En ese sentido, la también coordinadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar Centro de Análisis e Investigación advirtió que de nada sirve dar atención psicológica y canalizar el caso a la Dirección de Atención a Víctimas, pues “estamos hablando de personas que llevan 13 años en espera de justicia y reclaman una actuación más activa de la CNDH, pero no quiso ni abrir una queja”.
Para la abogada, aunque es cierto que es un caso ya resuelto jurídicamente, era primordial la participación de la CNDH, pues se trata de un caso complejo donde se cruzan diversas violaciones a los DH, tanto de las mujeres como de la población indígena y con discapacidad.
“Aunque nos indigna, no nos sorprende la actuación del organismo, pues en todos los casos de este tipo que se han dado recientemente y de los que ha tenido conocimiento, las respuestas han sido recomendaciones muy pobres y resoluciones alejadas de las víctimas”, agregó Jaqueline Sáenz.
A decir de la integrante de Fundar, además de que la Comisión se niega a cambiar su visión de lo que está entendiendo por reparación integral del daño, esta respuesta forma parte de un “problema endémico y estructural de la CNDH”.
Pues cuando emite recomendaciones se basa en quejas “medianamente documentadas”, y posteriormente no hay seguimiento adecuado de las medidas y de la forma en que a las víctimas no se les repara el daño y quedan insatisfechas con las medidas.
Lo que –a decir de Sáenz Andujo– habla de la poca transparencia de la CNDH, pues la sociedad civil desconoce cuáles son los criterios por los cuales la dependencia decide que da por cumplida una medida de reparación, y lo que se sabe hasta la fecha es que “no parte de una satisfacción de las víctimas, sino de la simple respuesta de las autoridades”.
Es de recordar que en junio pasado el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) cuestionó severamente la actuación de la CNDH en los casos de violencia obstétrica, al señalar que entre 2009 y 2012 el organismo recibió 122 quejas en el tema, pero sólo se emitieron cuatro recomendaciones sin dar seguimiento a su cumplimiento.
Asimismo, GIRE acusó a la CNDH de emitir recomendaciones sin acercarse previamente a las víctimas para conocer cuáles eran las medidas que ellos consideraban necesarias.
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