Por: Anaiz Zamora Márquez
Oaxaca, Mèxico.-Cimacnoticias .-Las grandes empresas internacionales de extracción, eólicas o hidroeléctricas –cuya instalación fue aprobada sin consultar y sin dar información suficiente a quienes se verían afectados– destruyen los recursos naturales que son la fuente de ingresos económicos y alimentarios de mujeres indígenas y sus familias.
Todo ello ante un contexto de creciente criminalización en contra de quienes deciden defender el derecho a la tierra y al territorio. De acuerdo con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), “como nunca” las y los defensores de la tierra son víctimas de agresiones, que si bien en su mayoría son orquestadas por los grandes corporativos son avaladas por elementos del Estado.
Hoy, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) se presentó el informe “No tenemos miedo. Defensores del derecho a la tierra atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado”, realizado por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OBS), integrante de la FIDH.
Durante la presentación del informe, Andrea Cerami, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CMDA), aseguró que en gran parte de los proyectos que han sido aprobados por el Estado mexicano no se ha respetado el derecho a la consulta libre e informada, y que los proyectos son impuestos a las comunidades indígenas, lo que genera un conflicto socio ambiental, con repercusiones que pocas veces son visualizadas.
Ese es el caso de los proyectos de energía eólica construidos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca –zona más angosta entre los dos océanos que rodean el territorio mexicano–, que según relatos de mujeres indígenas dados a Cimacnoticias se edificaron sin informar a la población sobre las consecuencias que la generación de energía tendría sobre los recursos naturales.
VOCES DESDE “LA VENTOSA”
En entrevistas realizadas previamente por Cimacnoticias, doña Emilia, indígena de la región y quien al hablar mezcla el zapoteco con el español, contó que vive rodeada de montañas en “la cinturita de México”, es decir, en Juchitán de Zaragoza, en la zona conocida como “La Ventosa”, que toma su nombre de los grandes vientos que azotan la región.
Cabe mencionar que la región del Istmo de Oaxaca es considerado por el gobierno federal como un sitio estratégico para el desarrollo del país, mediante la generación de energía eólica
Hace algunos años ella y su hija caminaban todos los días hasta “sus tierras” para recoger lo que cosechaba su esposo –ahora migrante – y después bajar a venderlo a la “plaza” (mercado ambulante).
“Era bonito caminar porque te encontrabas a los animales, había unas aves grandes y de muchos colores y muchos conejos que según me han dicho sólo crecían aquí, pero ahora ni se ven”, contó.
Según el estudio de impacto ambiental realizado para la construcción del proyecto eólico, el Istmo de Tehuantepec forma parte de la ruta de aves migratorias.
Cada temporada pasan por la zona millones de aves de 130 especies; entre las especies en peligro (por la construcción) se encuentran la aguililla de alas anchas, la aguililla migratoria mayor y el halcón peregrino, protegidas por las leyes de México, Estados Unidos y Canadá.
La mujer aseguró que después de la instalación del “Parque Eólico La Venta II” las tierras ya no producen como antes, pues ahora “las cosas se dan más chicas y luego saben raro”, por eso extraña los tiempos en los que todo se daba sin remedios.
Otra de las mujeres de la región contó a Cimacnoticias que cuando se iban a instalar las plantas eólicas “nos dijeron todo lo bueno que nos iba a dejar, que les rentáramos nuestra tierra, pero no nos dijeron lo malo, no nos dijeron que la tierra se iba a podrir, de ahí vivimos y de ahí comemos; yo de ahí le daba de comer a toda la familia, igual que todos los que habitamos en la zona”.
A “tía Licha”, quien también contó su historia a Cimacnoticias, le alquilaron sus tierras; mensualmente recibe 600 pesos por el uso de cada hectárea; según dijo, no le advirtieron que no se podía acercar a la construcción, además lo que le pagan “no le alcanza para nada y es menos” de lo que ella ganaba por el comercio de sus productos, que también utilizaba para el autoconsumo y “ahora tiene que bajar a comprar”.
Las tres mujeres, además de las manos desgastadas por el trabajo de campo, también comparten el temor de decirse defensoras de la tierra.
Si bien participan en las movilizaciones y en los bloqueos carreteros que se realizan para oponerse a una nueva construcción, no forman parte de los representantes, pues “con los sustos que nos han metido ya nos da miedo que nos vayan a agarrar”.
De acuerdo con el informe presentado hoy, las y los defensores de la tierra son la voz de miles de personas que se ven afectadas por las ocupaciones de los corporativos, pese a ello son constantemente agredidos.
Entre 2011 y 2014 se documentaron 43 casos de asesinatos de defensores del derecho a la tierra y 123 de hostigamiento judicial, en ocasiones acompañado por detenciones arbitrarias a nivel mundial.
El OBS, que elaboró el informe, constató que muy frecuentemente los agresores son agentes de la policía, militares, de seguridad privada, o incluso “mercenarios”, cuyo objetivo es acallar las voces opositoras que podrían frenar un proyecto de inversión.
