Oaxaca, México-Al conmemorarse el Día Internacional de las Victimas de desaparición forzada, el gobierno no ha demostrado que está atendiendo debidamente a los reclamos de los familiares de personas desaparecidas en México. Por el contrario, prevalece la confusión que ha marcado diferentes aspectos de la política para abordar esta crisis. El 21 de agosto de 2014, la Subprocuraduría Jurídica y de asuntos internacionales de la PGR, anunció que el número de personas no localizadas sobre las que se presentó una denuncia suman 22, 322.
Al parecer, estos datos corresponden a la Base del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) que existe desde 2011, y que contiene los datos con la información que proporcionan las procuradurías y fiscalías locales.
Una vez más, el gobierno mexicano aporta una nueva cifra sobre personas no localizadas, sin claridad sobre cómo se obtuvo, ni transparencia alguna. No queda claro cómo estas 22, 322 personas se relacionan con los datos aportados por la Secretaría de Gobernación el 22 de mayo que se referían a 8,000 personas y el 16 de junio que explicaron que en realidad se trataba de 16,000 personas.
A pesar de anunciar que este tema es prioridad para el gobierno federal, las cifras aportadas siguen creciendo sin tener ninguna coherencia entre las declaraciones que se van realizando, no existe ningún documento oficial que explique claramente el proceso de depuración de datos y el por qué las cifras han variado de forma tan drástica en tan poco tiempo. Tampoco hay claridad en cuanto a las personas localizadas después de haber sido reportado como sustraído por la fuerza.
Resulta preocupante que en las cifras no se especifique cuántas personas son presuntas víctimas de desaparición forzada, - es decir cuando existen indicios del involucramiento directo o indirecto en la sustracción de la persona por un funcionario público, y que se le niega información sobre el paradero de la víctima. Es de recordar que, a pesar de que en muchos casos funcionarios públicos están implicados, no hay casi procesos judiciales en su contra ni víctimas encontradas.
Se anunció también que se ha avanzado en la construcción de un Plan Nacional de Búsqueda sistematizado y de carácter permanente que incluye medidas que deben resultar importantes, entre las que se encuentran la implementación de un software para la recopilación de información útil que permita localizar a personas con vida, así como la recopilación de información forense para personas fallecidas sin identificar, la Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas, la creación de una Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR y unidades especializadas de las fiscalías y procuradurías del país, así como acciones de fortalecimiento y capacitación y de atención a los familiares de las personas no localizadas a través de audiencias y reuniones periódicas.
Si bien, este plan es un paso importante para abordar el tema de personas no localizadas, no se ha brindado evidencia de que en el día a día las personas víctimas y sus familiares estén recibiendo una mejor atención, que las búsquedas sean más rápidas, enfocadas, coordinadas o eficaces y que lleven ante la justicia a las personas responsables, sea funcionarios públicos o delincuentes. Es a raíz de información como ésta, que demostrará un impacto decisivo en favor de las víctimas, donde el gobierno empezará a mostrar que realmente está abordando la crisis de las personas desaparecidas.
