De la fosa clandestina a la fosa común

Oaxaca, Muerte-A cuatro años del descubrimiento de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, hablamos del terrible suceso como si sólo fueran 72 los migrantes asesinados, sin recordar que desde el 1 de abril del 2011 se descubrieron nuevas fosas y a final del mes sumaron 193 los muertos hallados en 47 fosas clandestinas en Tamaulipas[1].

También se olvida que en el mes de mayo del 2012, en Cadereyta, se dio el atroz descubrimiento de los 49 cadáveres, 43 de hombres y 6 de mujeres asesinadas y desmembradas. Le tomó al gobierno de México dos años, para finalmente, este 22 de julio, entregar once de los cuerpos que fueron transportados en avión a Honduras.[2]

Tampoco se han difundido las declaraciones del INM, que dijeron que “existen 825 cuerpos de migrantes en calidad de desconocidos, restos que en su mayoría no están completos”. Se nos olvida también que no tenemos un recuento puntual de la gran cantidad de cadáveres no identificados que se encuentran en las fosas comunes de los cementerios mexicanos ni de otras fosas clandestinas que seguramente existen por todo el territorio nacional.

Y, no se habla mucho de los migrantes desaparecidos en tránsito por México, que se estima son unos 20,000 desaparecidos por año, anotados en el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Si tomamos la fecha de arranque de la escalada de violencia obsequiada por la guerra contra las drogas el año de 2006, esto nos lleva, a la fecha, a una suma inaudita de 160,000 migrantes desaparecidos.

A partir del año 2006, auspiciados por el Movimiento Migrante Mesoamericano, con apoyo de los albergues migrantes y numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos, familiares de los migrantes desaparecidos en tránsito por México, en especial sus madres, iniciaron las Caravanas de búsqueda con el fin de hacer visible su tragedia, denunciar la complicidad del gobierno de México con el crimen organizado y encontrar a sus hijos.

El 2 de noviembre del 2011, durante la caravana, las madres rindieron homenaje a los muertos en su primer aniversario justamente en el local donde fueron masacrados los 72 migrantes: San Fernando Tamaulipas.

La llegada a San Fernando estuvo rodeada de intriga. A pesar que autoridades del más alto nivel habían dado instrucciones para que nos recibiera una comisión de autoridades municipales, ninguna autoridad municipal hizo acto de presencia, y nos encontramos varados a punta de carretera custodiados por la Policía Federal y el Ejército. Ninguno de los guardias asumía conocer el lugar que buscábamos. Ni autoridad, ni vecinos, nos quisieron orientar por temor a comprometerse y posteriormente pagar caras las consecuencias.

Cuando llegamos a la bodega escenario de la masacre migrante, nos causó una gran impresión el encontrar las puertas metálicas tiradas, con múltiples orificios de balas. Inexplicablemente aún se encontraban tirados zapatos, cachuchas, gorras, chamarras, peinetas, pertenencias de quienes fueron ahí masacrados. Las madres centroamericanas observaron una a una las prendas que debieron ser recogidas como evidencia por la policía desde agosto del 2010, cuando ocurrió la masacre.

Con estos hallazgos fue montada la ofrenda del altar de muertos. Los sacerdotes Fray Tomas González y Heyman Vázquez oficiaron un acto litúrgico y las madres bendijeron el lugar cubriéndolo con flores cempasúchil en un acto solidario de liberar y purificar el lugar y a la gente buena de San Fernando.

Otras madres sólo apretaron los labios cuando entregamos al Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, las ropas abandonadas metidas en una bolsa plástica negra. "A ver qué hacen", murmuraron antes de dejar atrás el rancho ejidal del municipio de San Fernando que ha sido el símbolo de la inexplicable crueldad de los carteles mexicanos, pero que las madres bendijeron, siempre pensando que alguno de los muertos pudiera ser uno de los suyos.  

La justicia ha sido escamoteada y el gobierno mexicano ha quedado, una vez más, en deuda. Son muchos los agravios que han sufrido las familias[3]. A pesar de la detención de presuntos responsables, la verdad detrás de estos crímenes no ha sido esclarecida ni los responsables han respondido ante la justicia. La autoridad no ha fincado responsabilidades a los servidores públicos que han retardado la impartición de justicia o la reparación del daño, han sido omisos en la identificación plena y fidedigna de todos los restos, y la falta de transparencia en el manejo de los casos[4].

Cuando finalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió tardíamente sus recomendaciones, la decepción de todos los que las esperábamos fue mayúscula. La Comisión violó los derechos reconocidos en el marco nacional e internacional de protección a los derechos de las víctimas: No asesoró a los familiares, no los acompañó a la recepción de los restos ni apoyó a quienes tuvieron dudas sobre lo que estaban recibiendo, y falló al no recomendar a las autoridades federales y estatales la reparación de los daños causados por las violaciones a sus derechos humanos, ni apeló a la Ley General de Víctimas para promover la reparación.

La CIDH acusa al gobierno de México de entregarle información parcial casi un año después de solicitada.[5] , también acusa que la PGR, al investigarlos como casos de tráfico de personas o violaciones a la Ley General de Población, trata a los afectados como participantes voluntarios y testigos potenciales, y no como víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y por lo tanto “se les niega el acceso a la justicia y la reparación y los casos son tratados simplemente como un asunto criminal.

La masacre de San Fernando permanece como un caso secreto y de impunidad. A pesar de decenas de arrestos, ningún autor intelectual o facilitador del crimen ha sido condenado. A cuatro años de la masacre persiste la ignominia y la impunidad, los 72 se multiplican indefinidamente y quedan, en silencio; hasta que un día un soldado los saca de una fosa clandestina para pasarlos a una fosa común.

@martafernanda

[1]Con información de la serie de cables desclasificados que funcionarios estadunidenses enviaron de México a Washington entre 2010 y 2012, queda claro que el gobierno mexicano estaba al tanto de los crímenes que cometían Los Zetas en San Fernando desde antes de la masacre de los 72 migrantes de agosto de 2010 y del hallazgo, al año siguiente, de las fosas comunes. El investigador Michael Evans, del NSA, publicó los primeros documentos desclasificados en el blog de la organización para mostrar el intento del Estado mexicano por minimizar su responsabilidad ante los crímenes. “Las autoridades mexicanas aún están buscando una posible fosa clandestina que contendría más de 200 migrantes. Se cree que los cuerpos están en San Fernando cerca de la garita aduanal de “Las Yescas”, entre San Fernando y Matamoros”. Este aviso se dio ocho meses antes de que comenzaran a ser desenterrados casi 200 cadáveres. En septiembre, Matamoros y sus alrededores parecen vivir una guerra. El alcalde de Hidalgo ha sido asesinado; el Ejército y Los Zetas se enfrentan en Ciudad Mier; tres granadas de fragmentación hieren a 29 civiles en Reynosa. Los ataques ocurren a tres cuadras de un servicio funerario para los 72 migrantes y cerca de la morgue donde se depositaron algunos de sus cuerpos. Más tarde se registra un ataque contra el hospital de la Marina donde se recuperaba el ecuatoriano que era el informante. El día 2 de ese mes aparece el segundo sobreviviente de la masacre, quien, según informó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a los estadunidenses, se había desplazado solo a Matamoros y “supuestamente fue trasladado al DF para declarar”. En tanto, México intentaba limpiar su mala imagen internacional.

[2]“Hace unos días, los familiares acudieron al Conadeh para denunciar el atraso en la repatriación de los cuerpos”.

[3]Testimonio de una de las madres centroamericanas que acudieron al Senado para solicitar a los senadores que llamen a comparecer a Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por su probable responsabilidad en la violación de derechos humanos de los familiares de las víctimas de la masacre de San Fernando. “Yo me siento desesperada, buscando a mi hija porque no tengo ninguna prueba, solo cenizas, tengo dudas de todo lo que han hecho porque nunca me buscaron a mí; a mí nunca me entregaron evidencias, no tengo ninguna foto. Sigo con las dudas, buscando a mi hija. Mirna habló en nombre de las seis familias centro y sudamericanas que aún esperan tener la certeza de que los restos que les entregaron, efectivamente pertenecen a sus familiares.

[4]La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho calificó como “parcial” y “violatoria” de los derechos humanos de los familiares de las víctimas la recomendación de la CNDH, emitida en diciembre del año pasado e interpuso un amparo contra la recomendación y el proceso de investigación de la CNDH ante el Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el 17 de enero de este año.

[5]La CIDH considera que es “una respuesta plenamente insuficiente”, e insiste en que las cifras del Estado “resultan carente de todo sentido” sobre todo a tenor de toda la documentación que existe y que la Relatoría recabó con testimonios directos de migrantes, familiares y organismos como la propia CNDH para elaborar el Informe ‘Derechos humanos de los migrantes en. Acusa que la PGR, al investigarlos como casos de tráfico de personas o violaciones a la Ley general de población, trata a los afectados como participantes voluntarios y testigos potenciales, y no como víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y por lo tanto “se les niega el acceso a la justicia y la reparación y los casos son tratados simplemente como un asunto criminal.