Recordamos que el 19 de junio pasado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Amnistía Internacional invitaron a la ciudadanía a apoyar el proceso de reparación del daño dictaminado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) en favor de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González. El pleno de la sala de este tribunal también ordenó a la PGR a reconocer públicamente la inocencia de las tres mujeres indígenas hñähño (otomíes).
La campaña de firmas busca fortalecer una sentencia que constituye un precedente muy importante en torno al papel que deben tener las instancias judiciales para garantizar a las víctimas de violaciones a derechos humanos el derecho a una indemnización por la actividad irregular del Estado. Además, las sanciones impuestas por el TFJFA tienen la función de un freno disuasivo al Estado para limitar las acciones de sus representantes para que respeten los derechos humanos en otros casos y dejen de fabricar delitos y presuntos culpables.
Jacinta, Alberta y Teresa fueron encarceladas durante tres años al ser acusadas injustamente de haber secuestrado a seis miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el año 2006. La inocencia de los tres quedó confirmada: en 2009, la PGR reconoció que no había evidencia en contra de Jacinta y desistió de la acción penal. En 2010, la Suprema Corte exoneró a Alberta y Teresa. Sin embargo, la PGR en vez de reconocer la injusticia cometida contra estas tres mujeres y cumplir las sentencias de TFJFA, decidió interponer un recurso de revisión en el caso de Alberta y Teresa.
Por lo anterior el Centro Prodh y Amnistía Internacional vemos con preocupación que la Procuraduría decida actuar de la misma manera en el caso de Jacinta. Ambas organizaciones han expresado que esta es una oportunidad histórica para que se asuma y se ejerza efectivamente la obligación que tienen todas las autoridades del Estado, entre ellas la PGR de respetar, proteger, garantizar, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos provocadas por la actuación de sus servidores públicos.
