Denuncian negligencia de la CNDH en caso de activista mixe preso en Oaxaca

Francisco Cruz

Oaxaca, México.-Representantes de organizaciones de la sociedad civil denunciaron la actitud represiva del Estado Mexicano y la actuación omisa y negligente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso del activista oaxaqueño e indígena mixe, Damián Gallardo Martínez, preso desde hace 16 meses.

Acompañados de abogados, familiares y amigos, afirmaron que desde su detención y hasta la fecha ha sufrido múltiples y constantes violaciones a sus derechos humanos como desaparición forzada, detención arbitraria, tortura, violación del derecho a la debida defensa y al debido proceso así como violación del derecho a la presunción de inocencia.

Esto, pese a los llamados que han hecho organizaciones internacionales e incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el Gobierno de México.

El 18 de mayo del 2013, Damián Gallardo, defensor de derechos humanos mixe fue detenido de forma arbitraria en su domicilio y fue posteriormente trasladado al CEFERESO No 2 de Jalisco donde permanece privado ilegalmente de su libertad.

“Ante la gravedad de este caso paradigmatico de criminalización de la protesta social, la actitud represiva del Estado Mexicano y la actuación omisa y negligente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hemos presentado el caso ante diversos organismos internacionales”.

El resultado, dijeron, es que el 22 de abril este años los titulares de cuatro relatorías especiales de las Naciones Unidas enviaron un llamamiento urgente al Estado Mexicano expresando su preocupación por la integridad de Damián Gallardo Martínez y solicitando información respecto a su detención y a las múltiples violaciones a Derechos Humanos denunciadas.

Las relatorías de la ONU que hicieron el llamado fueron el Relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Relatora especial sobre la situación de las personas defensoras de Derechos Humanos, el Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión y el Relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacificas

“Lamentablemente, hasta la fecha y a pesar de haberse cumplido el plazo de respuesta otorgado, el Estado Mexicano no ha facilitado ningún tipo de información respecto a dicha situación”.

El caso también ha llamado la atención de las organizaciones internacionales Front Line Defenders y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos quienes han emitido llamados urgentes expresando su preocupación por la integridad de Damián Gallardo. Y han solicitado al Estado Mexicano su liberación inmediata así como el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de protección a Derechos Humanos y la realización de una investigación pronta y expedita en torno a los hechos denunciados.

En tanto que el 5 de agosto del 2014, alertados por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra Damián Gallardo Martínez, integrantes de la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos en México realizaron una visita al CEFERESO.

“El Estado Mexicano ha guardado un sospechoso silencio ante estos múltiples llamamientos, impidiendo que se castiguen las violaciones a derechos humanos denunciadas y permitiendo que se sigan reproduciendo.

“En este sentido, el Estado Mexicano incumple su marco legal nacional lo cual prohíbe la tortura y obliga a proveer garantías para la protección de las personas defensoras derechos humanos; incumple asimismo sus obligaciones internacionales en materia de protección de los Derechos Humanos en particular en materia de tortura y de protección a personas defensoras de Derechos Humanos.

En rueda de prensa, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil exigieron su liberación inmediata así como la realización de una investigación inmediata, independiente exhaustiva, efectiva e imparcial con el fin de castigar a los responsables de las violaciones a Derechos Humanos denunciadas y de garantizar medidas de reparación y no repetición.