Irregular indagación de feminicidio en tienda departamental

Cimacnoticias | México, DF.-La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) incumple con su responsabilidad de investigar como feminicidio todas las muertes violentas de mujeres, tal y como ocurrió en el caso de Angélica Trinidad Romero, joven de 24 años presuntamente asesinada en una tienda Liverpool en el centro comercial Perisur, al sur de esta capital. En entrevista con Cimacnoticias, Rodolfo Domínguez, abogado coadyuvante del caso, sostuvo que desde un inicio la investigación estuvo plagada de irregularidades y lamentó que la indagación por feminicidio se abriera a un mes de los hechos, aunque las autoridades capitalinas están obligadas a investigar toda muerte violenta de mujeres como un feminicidio, delito tipificado desde 2011 en el Distrito Federal. Explicó que en este caso por tratarse de una mujer encontrada sin vida en un lugar público, como es la tienda departamental, se debió aplicar el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, que es de observancia obligatoria para los agentes involucrados en la investigación desde el 25 de octubre de 2011. Es de recordar que dicho protocolo define de manera puntual las acciones que agentes ministeriales, policía de investigación y personal pericial debe realizar para investigar todas las muertes de mujeres. Domínguez, también director de la organización civil Justicia, Derechos Humanos y Género, aclaró que si bien la PGJDF no les ha permitido acceder al expediente aunque lo han solicitado en diversas ocasiones, se pueden advertir diversas irregularidades en la integración de la investigación. Relató que el pasado 15 de noviembre –cuando se llevaba a cabo la venta de rebajas de precios del llamado “Buen Fin”– Angélica Romero se presentó a trabajar en su horario normal de 15 a 23 horas. A la mañana siguiente, sus padres fueron notificados de la muerte de la joven, quien ya había recibido amenazas por parte de un empleado y era objeto de burlas por parte de sus compañeros. El responsable de la tienda, quien según el relato del abogado se comunicó con los padres de Angélica, en un primer momento dijo que se “había asfixiado con un pedazo de chicharrón”. Aunque la familia se trasladó a la tienda para ver a su hija, se encontró con que el cadáver ya había sido enviado a una agencia funeraria, donde el cuerpo ya había sido embalsamado para el momento en que llegaron los familiares. En ese momento, la primera versión de la muerte cambió, de acuerdo con el certificado de defunción realizado por un médico particular, la joven habría muerto por un paro cardiaco en su propia casa. Para Rodolfo Domínguez la primera gran irregularidad del caso se encuentra en ese certificado de defunción que fue tomado como válido, sin investigar más el hecho. Al conocer el certificado de defunción y percatarse de las inconsistencias, el padre de Angélica decidió presentar una denuncia ante el Ministerio Público (MP) de Coyoacán que abrió la averiguación Previa FPY/COY-1-C3/02221/14-11 por homicidio hasta el 17 de noviembre. Como contó el defensor, los familiares aseguran que el cuerpo de su hija presentaba diversos golpes en el cuerpo, una fractura en la nariz y marcas en las muñecas que indican que habría sido atada de manos. Domínguez recordó que ese tipo de lesiones cumplen con los supuestos normativos del delito de feminicidio, definido en el artículo 148 Bis del Código Penal para el DF, respecto a que “a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida”. Es de mencionar que el protocolo de actuación dice que “este tipo de lesiones se pueden manifestar cuando a la víctima se le hayan infligido (…) heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, mutilaciones y cualquier otro tipo de agresión que le dejen huella material”. A decir del abogado, el hecho de que Angélica haya recibido amenazas previas de cualquier tipo por parte de compañeros de trabajo –como aseguran sus familiares– cumple con otro de los supuestos del tipo penal, que dice que se acreditan las razones de género cuando “existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima”. En ese sentido, lamentó que la investigación haya demorado un mes (17 de diciembre) en llegar a la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género, adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio  de la PGJDF. “Es muy claro que existen inconsistencias fundamentales en la integración de la investigación, por eso nos preocupa que la Procuraduría haya anunciado que ya se identificó a un responsable de los hechos cuando no puede presentar las pruebas consistentes que le permitieron llegar a esa conclusión”, sostuvo el abogado. Ayer 23 de diciembre, la PGJDF informó que detuvo a Marco Antonio Ochoa Almazán como probable responsable del asesinato de Angélica. En conferencia de prensa el procurador Rodolfo Ríos Garza dijo que el joven era novio de Angélica, y la versión de la Procuraduría sostiene que ambos consumieron bebidas alcohólicas y pelearon en el baño de la tienda, donde Marco Antonio se abalanzó hacia ella y la estranguló. No obstante, según lo que la familia dijo al abogado, Marco Antonio no era novio de Angélica, sólo eran amigos de trabajo y en muchas ocasiones él la defendió de las agresiones que ella sufría en el trabajo, además de que su hija no consumía bebidas alcohólicas, lo que desmiente la versión de la PGJDF. Para el abogado es indispensable que la Procuraduría aclare las irregularidades de la investigación, y abra una línea de investigación en contra de la probable responsabilidad de la tienda departamental en los hechos.