Jalisco ocupa uno de los primeros lugares en México en abuso sexual

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) puso al descubierto la vulnerabilidad que presenta el sistema educativo público de Jalisco, que sigue dando cabida a la violencia sexual en sus aulas. En ellas, algunos profesores se tornan agresores y convierten a sus alumnos en víctimas. Estas deficiencias ya eran serias en el sexenio pasado, y siguen sin ser corregidas en la actual administración, con Francisco Ayón López al frente de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), confirma la CNDH. La SEJ no se ha preparado para prevenir, investigar, sancionar y atender la violencia sexual que cometen maestros contra niñas y niños.  Y el Congreso del Estado, facultado para legislar en la materia, ha ignorado el problema. Son dos las omisiones en Jalisco más destacadas por la CNDH que contribuyen a este tipo de abusos: La carencia de una normativa específica para abordar esta problemática con la capacitación correspondiente para aplicarla;  y la inexistencia de una oficina especializada para investigar y castigar los casos así como para ayudar a la víctima. Cuando la CNDH consultó a las autoridades educativas estatales y federales del país para conocer la dimensión de los abusos sexuales en las aulas cometidos entre 2000 y 2013, develó que Jalisco ocupaba el cuarto lugar con 139 casos, solo por debajo del Distrito Federal, que tuvo 546; Veracruz, con 190; y el Estado de México, con 156. A nivel nacional, el organismo documentó un total de mil 997 casos de abuso sexual en las aulas, lo que derivó en la Recomendación sobre la Prevención, Atención y Sanción de Casos de Violencia Sexual en contra de las Niñas y los Niños en Centros Educativos, que recibió el número 21/2014 y fue publicada el 20 de octubre pasado en el Diario Oficial de la Federación. Ninguna ley, reglamento, lineamiento o acuerdo en Jalisco trata de manera concreta y explícita la violencia sexual cometida por profesores hacia sus estudiantes. Así lo señala la CNDH  en la citada recomendación. “Otra omisión que se ha detectado es la carencia de lineamientos respecto a la manera en la que las autoridades escolares deben proceder al momento de conocer sobre un caso de violencia sexual infantil”, reza la misma. Los rezagos de la SEJ contrastan con los avances que se han hecho en el Distrito Federal, donde la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha instaurado los Lineamientos para la Atención de Quejas o Denuncias por Violencia, Maltrato, Acoso Escolar y/o Abuso Sexual Infantil en los Planteles de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos. También existe la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil (UAMASI). En Jalisco, la SEJ dice contar con una instancia para estos hechos, pero no con ese grado de especialización. Por eso, en su recomendación, la CNDH pidió a la SEJ –y al resto de los estados– copiar el modelo del DF y adoptar sus lineamientos, en tanto la problemática se incorpora dentro de la Ley General de Educación y la SEP emite criterios unificadores para todo el país: “Resulta importante investigar debidamente los casos de violencia y abuso contra niñas y niños, a fin de evitar que los autores permanezcan en la impunidad (…) los mecanismos o unidades afines a la Unidad de Atención deberían de existir en la totalidad de las entidades federativas, de forma tal que personal especializado en la materia puedan dar seguimiento exhaustivo a los casos”. A nivel nacional se le reportaron a la CNDH mil 997 quejas de violencia sexual en las escuelas de nivel básico y bachillerato, tanto de planteles estatales como federales. Pero solo se investigaron mil 365 (siete de cada 10); 632 quedaron fuera. La incidencia más alta de abusos sexuales en los salones de clases de México se presenta en las secundarias, con 849 casos (42.5 por ciento); y primarias, con 722. Omisiones que cuestan Las omisiones en la atención de estas agresiones sexuales de maestros a alumnos que señala la CNDH en Jalisco han sido confirmadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ). En Jalisco sucede todo lo que señala la CNDH en la reacción de las autoridades educativas: que no avisan a los padres, no dan vista al Ministerio Público, no interviene un psicólogo, el agresor continúa en contacto con alumnos, que desincentivan la denuncia, que desoyen a las víctimas. Un caso específico es el documentado en la recomendación 19/2014 de la CEDHJ, sobre un maestro de la primaria Adolfo López Mateos, en el municipio de Zapopan. El profesor abusó sexualmente de tres niñas de primero y segundo grado provenientes de la casa hogar Un cielo para un ángel. Los abusos ocurrieron entre enero y junio del 2011. En noviembre del 2012 una de las niñas los reveló. El caso llegó el 8 de agosto del 2013 a la CEDHJ y el organismo solicitó que el maestro fuera separado del salón ante la indolencia de la SEJ. Es decir, el profesor permaneció dos años y medio más interactuando con más menores de edad. Finalmente, el 3 de julio de 2014 fue detenido por las autoridades. Cuando las niñas hablaron con su directora y maestras, éstas las interrogaron sin la presencia de un tutor. Según la CEDHJ, “las presionaron para que dijeran que no era cierto lo que habían dicho que les hizo el profesor” y una de las profesoras les dijo que “les pondría un detector de mentiras para que dijeran la verdad, golpeaba la mesa para intimidarlas y les decía que no mintieran”. Una maestra había visto que el profesor “le agarró las sentaderas a una niña”, pero no lo reportó.