Ginebra, Suiza.-El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, celebró la decisión de las autoridades mexicanas de detener a ocho militares sospechosos de haber dado muerte a 22 presuntos delincuentes, en lo que podría ser un caso de ejecuciones sumarias. Asimismo, los instó a realizar una investigación rápida e independiente sobre esas muertes, y a garantizar la protección de las víctimas sobrevivientes y testigos.
El hecho tuvo lugar el 30 de junio de 2014 en la localidad de Cuadrilla Nueva, Tlatlaya, Estado de México, durante una operación militar contra presuntos delincuentes. Tres mujeres fueron las únicas sobrevivientes, pero dos de ellas fueron detenidas posteriormente por cargos de posesión de armas de fuego y crimen organizado.
Sin embargo, información salida a la luz recientemente parece contradecir los informes oficiales. En un artículo publicado en la prensa local e internacional, un testigo presencial de los hechos afirma que la mayoría de las personas que murieron durante la operación en Cuadrilla Nueva podrían haber muerto a tiros después de deponer sus armas y entregarse a los militares.
“El Gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar a todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, recalcó el Sr. Heyns.
El experto en derechos humanos señaló que “toda pérdida de la vida que resulte del uso excesivo de la fuerza y sin el estricto cumplimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad es un caso de privación arbitraria de la vida y por lo tanto ilegal”.
“Sólo se puede recurrir al uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente necesario para impedir que una persona detenida escape o cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida, es decir, cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves”, dijo el Sr. Heyns, señalando que quizás éste no fue el caso en Tlatlaya, de acuerdo con la nueva información disponible.
“La detención de ocho de los soldados sospechosos de haber participado en esas muertes es un paso en la dirección correcta hacia la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas por sus muertes”, dijo. “Voy a observar de cerca el progreso en la investigación, y recibiré con beneplácito toda información oficial sobre esta y otras medidas tomadas”.
El Relator Especial pidió además al Gobierno mexicano proporcionar medidas urgentes de protección para la sobreviviente que dio testimonio y las dos sobrevivientes actualmente detenidas, así como para el periodista y el fotógrafo que produjeron el artículo, y los medios de comunicación mexicanos que lo publicaron.
Por su parte, el nuevo Relator Especial sobre libertad de expresión, David Kaye, se hizo eco del llamado del Sr. Heyns, y exhortó a las autoridades mexicanas a que garanticen la seguridad de todos los trabajadores de los medios en cuestión.
