Presionan CFE y PAN a comunidades para que acepten el proyecto Paso de la reina

Oaxaca, México.-  El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) se encuentra en alerta máxima ante la nueva embestida del Gobierno Federal de imponer el Proyecto Hidroeléctrico de Usos Multiples Paso de la Reina. A raíz de que Enrique Peña Nieto anunció hace algunas semanas el Programa Nacional de Infraestructura, que contempla la realización de 189 proyectos en la región sur-sureste, entre ellos el de la presa Paso de la Reina, la Comisión Federal de Electricidad ha diversificado y aumentado la presión a autoridades locales, en especial Presidentes Municipales de los municipios afectados, para que acepten la realización de dicho proyecto.

El pasado 7 de julio en reunión realizada en las oficinas de la División Sureste de la Comisión Federal de Electricidad la diputada local por el PAN, Sonia López, anunció que promoverán una comisión de Presidentes Municipales para que a través de ellos se convenza a los habitantes de la región de la aceptación del proyecto.

Paralelamente a este evento la CFE ha promovido una estrategia de uso de recursos públicos para presionar a las comunidades por medio de obras de infraestructura como electrificación, obras de agua potable, escuelas, equipo de computo, entre otras. Esta acción constituye un uso indebido de los recursos y violenta los derechos colectivos de las comunidades, ya que se condicionan los apoyos y proyectos para que acepten la realización de la obra de gran envergadura.

Cabe señalar que también la Diócesis de Puerto Escondido, en voz de su obispo Pedro Villalobos, se pronunció abiertamente contra el proyecto de la presa; mediante una carta pastoral suscrita por más de 30 parroquias la iglesia local definió su posición contra el proyecto de energía y denunciaron la presión ejercida por la CFE hacia las comunidades de la región.

El COPUDEVER denuncia que fuera de todos los procesos democráticos y de legalidad el proyecto hidroeléctrico y el plan de infraesturctura constituye una política pública contraria al derecho a la autonomía y al desarrollo.

Por otra parte denunciamos que en días recientes el ejercito mexicano se ha presentado en el territorio de afectación del proyecto intimidando a la población bajo el argumento de la seguridad en la zona.