Oaxaca, México-El vacío jurídico y el abandono rodean a los niños que por alguna razón se separan de sus padres y son enviados a un albergue, casa cuna o casa hogar. No existe en el país un registro confiable y actualizado sobre la cantidad de infantes y adolescentes que se encuentran en esos espacios. El dato oficial más reciente es de 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y reporta 30 mil individuos que viven en alguna institución de cuidado oficialmente reconocida.
Tampoco en los albergues, sobre todo privados, se tiene la certeza de que los niños tendrán un sano desarrollo. Abogados integrantes de organizaciones civiles promotoras de los derechos de la infancia aseguran que esas carencias explican en parte situaciones como la del albergue de La Gran Familia, en Michoacán.
Sair Daniel Pinilla, asesor de abogacía de Aldeas Infantiles SOS, resaltó que además hay un sinnúmero de niños y adolescentes que ingresan a otros espacios privados no registrados y de los cuales nada se sabe. Comentó el caso de las granjas que ofrecen servicios de rehabilitación de adicciones.
Sobre la situación jurídica de los infantes que son recibidos en espacios con registro, dijo: viven en el limbo
. En el caso de Aldeas Infantiles, a sus casas llegan grupos de hermanos biológicos, generalmente con la orden de alguna autoridad judicial, pero no se tiene información sobre quién ejerce la guarda y custodia y/o la patria potestad. Eso les afecta y pasan años sin que se resuelva. Con frecuencia llegan a la mayoría de edad y ya no lo requieren.
Por eso se entienden fenómenos como el de La Gran Familia, que dirigía Rosa Verduzco, y antes (2008) el de Casitas del Sur en el Distrito Federal. Existen por la carencia de leyes y reglamentos en materia de cuidado y protección de la infancia, señaló Alma Meneses, asesora jurídica de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Eso no pasaría, señaló, si existiera un mecanismo articuålado entre los tres niveles de gobierno e intersectorial, en el que participaran las áreas de asistencia y de justicia. Esa falta de integración ocasiona que los asuntos se queden eternamente en los ministerios públicos, no se les da seguimiento ni los familiares tienen apoyo, por lo tanto, los niños se quedan por siempre en las instituciones.
Entrevistados por separado, los expertos señalan que de acuerdo con la Convención de sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el Estado es el responsable de resguardar la certeza jurídica para la infancia. Se entiende que solas las autoridades no pueden, pero para eso están las organizaciones civiles.
Sair Pinilla advirtió sobre el problema de origen: la falta de presupuesto para los temas de la infancia, pues México destina sólo 2 por ciento de los recursos de la administración federal para este rubro, mientras países como Uruguay, Brasil o Chile destinan entre 30 y 40 por ciento.
Además, en aquellas naciones existe un sistema de protección de la infancia con leyes y mecanismos que garantizan su cumplimiento. En México hay desde 2000 una ley, la de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, pero sólo es discursiva, pues no se establecieron mecanismos para su aplicación. Se quedó en las buenas intenciones, explicó el abogado.
El ordenamiento plantea la protección que debe ofrecerse a los niños en situación de abandono o que perdieron a sus familiares, con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Faåmilia (DIF) como órgano rector. Sin embargo, su aplicación se limita a ver a los niños como objetos y no como sujetos de derechos y, cuando mucho, a vigilar que los albergues reúnan las condiciones físicas y de protección civil. Nada más.
Sobre la posible reunificación familiar de los niños que se quedan sin cuidados parentales, Pinilla comentó que tampoco existe en el país un sistema que la procure como sí pasa en otros lugares. A veces, indicó, algunos familiares (tíos o abuelos) buscan a los niños y los visitan en las casas de asistencia pero se quedan hasta ahí ante la dificultad que representa iniciar y dar seguimiento a un proceso judicial que les otorgue la guarda y custodia de los menores.
