Según los informes recibidos, los estudiantes se encontraban a bordo de tres autobuses con dirección a Chilpancingo, cuando varias patrullas intentaron cerrarles el paso empezando a disparar de manera intermitente sin dar advertencia; posteriormente, agentes de la policía municipal se llevaron detenidos alrededor de veinte estudiantes, de quienes hasta ahora se desconoce su paradero.

En un evento suscitado la madrugada del día siguiente, los estudiantes que aún se encontraban ahí fueron nuevamente atacados por varias personas con armas largas; dos personas murieron y cinco más resultaron heridas.

Al intentar verificar la integridad física de las personas detenidas en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, el Director de Seguridad Publica le hizo saber a los estudiantes y familiares que se encontraban en el lugar que ninguna persona se encontraba detenida en los separos. Durante la segunda agresión, la información recibida indica que muchos estudiantes se dispersaron por diferentes partes, por lo que a la fecha 43 estudiantes se encuentran desaparecidos, entre ellos los presuntamente detenidos por autoridades municipales.

El asesinato de los estudiantes, la privación arbitraria de la libertad, la situación de personas heridas y de personas desaparecidas, constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no deben permanecer en la impunidad. Por ello, Amnistía Internacional insta a las autoridades a realizar una investigación seria, imparcial y efectiva, con todos los medios legales a su alcance para esclarecer los hechos y asegurar que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia.

Amnistía Internacional hace un enérgico llamado a todas las autoridades estatales y federales para adoptar todas las medidas adecuadas de búsqueda para dar con el paradero y presentación con vida de los 43 estudiantes hasta ahora desaparecidos.

La organización ha señalado en distintas ocasiones que los esfuerzos para localizar a personas víctimas de desaparición requieren un trabajo efectivo coordinado de las autoridades federales, estatales y municipales respondiendo a su obligación de asegurar que las personas desaparecidas sean protegidas de cualquier acto de tortura y garantizar la integridad física y psicológica de las mismas.

Finalmente, Amnistía Internacional hace un llamado a que todas las personas detenidas en estos eventos sean trasladadas inmediatamente a centros de detención reconocidos y que sean acusadas sin demora de un delito común reconocible, o de lo contrario, sean puestas en libertad inmediata e incondicional, de acuerdo a las normas internacionales que protegen el derecho a la libertad de expresión y manifestación pacífica.