Lunes 03 de noviembre, 2014. 11:30 pm
Amenazan a senadora y activista por defender derechos sexuales
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Oaxaca, México.-La senadora por el PRI Diva Hadamira Gastélum y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, así como la directora de la organización Ririki Intervención Social, Nashieli Ramírez, denunciaron que están recibiendo mensajes y llamadas telefónicas “anónimas”, para impedir que se pronuncien a favor de que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reconozca derechos sexuales y reproductivos a las y los menores de edad.
El pasado 23 de octubre la Cámara de Diputados aprobó y devolvió al Senado la minuta de la Ley General, no sin antes modificar (por presiones del Partido Acción Nacional y el respaldo del Partido Revolucionario Institucional) los artículos 50, 57 y 58 de la norma a fin de no reconocer derechos sexuales y reproductivos a la infancia.
En contra de esas modificaciones, la activista Nashieli Ramírez, la diputada federal por el PRD Martha Lucía Mícher Camarena y la senadora priista Diva Hadamira Gastélum se pronunciaron porque la minuta –que podría ser aprobada en la Cámara alta esta semana– vuelva a modificarse y reconozca las garantías que fueron anuladas.
Días después de que la minuta de ley pasó al Senado, Ramírez dijo durante un evento en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que recibió en su teléfono celular mensajes en los que se le exige que no promueva los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y los niños.
A la par, el Senado emitió este domingo 2 de noviembre un comunicado para repudiar los ataques de “desprestigio” contra la senadora Diva Gastélum, quien también –según la comunicación oficial– está recibiendo mensajes telefónicos y llamadas en los que un “anónimo” le exige que no se pronuncie más a favor de esos derechos.
Cabe recordar que el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en la Ley General fue un aporte de organizaciones civiles, como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que participaron en las asambleas públicas de discusión de la iniciativa enviada por Enrique Peña Nieto al Senado el pasado 1 de septiembre.
La discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos para las y los niños fue polémica desde que la ley se aprobó el pasado 29 de septiembre en el Senado, ya que el senador panista José María Martínez Martínez, presidente de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, se mostró contrario a reconocer esas garantías.
Al pasar la minuta de la ley a la Cámara de Diputados, la organización civil Comisión de los Derechos Humanos (grupo que se dice defensor de la familia) juntó firmas para echar atrás el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y brindó su respaldo a la diputada panista Carmen Lucía Pérez, quien argumentó que esos derechos no están reconocidos en la Constitución.
En un comunicado hoy, la diputada perredista Martha Lucía Mícher, apoyada por grupos civiles como Ipas-México y GIRE, señaló que los derechos sexuales y reproductivos sí están reconocidos en la Carta Magna a través de los instrumentos internacionales signados por el Estado mexicano.
La legisladora explicó que el fundamento constitucional de los derechos sexuales y reproductivos está incluido en el capítulo de Derechos Humanos (DH), el cual consagra garantías como la libertad, la no discriminación y la educación.
Mícher insistió que la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de DH incorpora las normas contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y establece la obligatoriedad de las autoridades de actuar de conformidad con ellos.
Agregó que el artículo cuarto de la Carta Magna, que establece que tanto la mujer como el hombre son iguales ante la ley, eleva a rango constitucional el derecho de toda persona a decidir de manera libre e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos.
Detalló que en junio de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras analizar los alcances del derecho a la vida privada, hace referencia expresa a los derechos reproductivos como parte integral de la noción de vida privada, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo.
La diputada expuso que tal programa de acción reitera que “el ejercicio de los derechos reproductivos está vinculado al ejercicio de otros derechos”.
En particular, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) establece en su artículo 16 “los derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijas e hijos, el intervalo entre los nacimientos, tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”.
Entre otros acuerdos globales, la legisladora destacó que la Convención sobre los Derechos del Niño vela por la protección del derecho a la salud de las y los jóvenes menores de 18 años, a través de asegurar la atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres, desarrollar la educación y los servicios en materia de planificación de la familia, y abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de la infancia.
Además, agregó, el Comité de los Derechos del Niño ha criticado a los Estados que imponen barreras a la educación sexual y recomienda que en las escuelas se incluyan programas de educación sexual.
En contra de esas modificaciones, la activista Nashieli Ramírez, la diputada federal por el PRD Martha Lucía Mícher Camarena y la senadora priista Diva Hadamira Gastélum se pronunciaron porque la minuta –que podría ser aprobada en la Cámara alta esta semana– vuelva a modificarse y reconozca las garantías que fueron anuladas.
Días después de que la minuta de ley pasó al Senado, Ramírez dijo durante un evento en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que recibió en su teléfono celular mensajes en los que se le exige que no promueva los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y los niños.
A la par, el Senado emitió este domingo 2 de noviembre un comunicado para repudiar los ataques de “desprestigio” contra la senadora Diva Gastélum, quien también –según la comunicación oficial– está recibiendo mensajes telefónicos y llamadas en los que un “anónimo” le exige que no se pronuncie más a favor de esos derechos.
Cabe recordar que el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en la Ley General fue un aporte de organizaciones civiles, como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que participaron en las asambleas públicas de discusión de la iniciativa enviada por Enrique Peña Nieto al Senado el pasado 1 de septiembre.
La discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos para las y los niños fue polémica desde que la ley se aprobó el pasado 29 de septiembre en el Senado, ya que el senador panista José María Martínez Martínez, presidente de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, se mostró contrario a reconocer esas garantías.
Al pasar la minuta de la ley a la Cámara de Diputados, la organización civil Comisión de los Derechos Humanos (grupo que se dice defensor de la familia) juntó firmas para echar atrás el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y brindó su respaldo a la diputada panista Carmen Lucía Pérez, quien argumentó que esos derechos no están reconocidos en la Constitución.
En un comunicado hoy, la diputada perredista Martha Lucía Mícher, apoyada por grupos civiles como Ipas-México y GIRE, señaló que los derechos sexuales y reproductivos sí están reconocidos en la Carta Magna a través de los instrumentos internacionales signados por el Estado mexicano.
La legisladora explicó que el fundamento constitucional de los derechos sexuales y reproductivos está incluido en el capítulo de Derechos Humanos (DH), el cual consagra garantías como la libertad, la no discriminación y la educación.
Mícher insistió que la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de DH incorpora las normas contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y establece la obligatoriedad de las autoridades de actuar de conformidad con ellos.
Agregó que el artículo cuarto de la Carta Magna, que establece que tanto la mujer como el hombre son iguales ante la ley, eleva a rango constitucional el derecho de toda persona a decidir de manera libre e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos.
Detalló que en junio de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras analizar los alcances del derecho a la vida privada, hace referencia expresa a los derechos reproductivos como parte integral de la noción de vida privada, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo.
La diputada expuso que tal programa de acción reitera que “el ejercicio de los derechos reproductivos está vinculado al ejercicio de otros derechos”.
En particular, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) establece en su artículo 16 “los derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijas e hijos, el intervalo entre los nacimientos, tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”.
Entre otros acuerdos globales, la legisladora destacó que la Convención sobre los Derechos del Niño vela por la protección del derecho a la salud de las y los jóvenes menores de 18 años, a través de asegurar la atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres, desarrollar la educación y los servicios en materia de planificación de la familia, y abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de la infancia.
Además, agregó, el Comité de los Derechos del Niño ha criticado a los Estados que imponen barreras a la educación sexual y recomienda que en las escuelas se incluyan programas de educación sexual.
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