Oaxaca, México.-La sección mexicana de Amnistía Internacional (AI) lamentó en un comunicado que las familias de los estudiantes desaparecidos sigan “sufriendo las consecuencias de una investigación judicial caótica y hostil”. Y es que los familiares critican que a los estudiantes se les está buscando más muertos que vivos. Por ello, desde hace días un grupo de familiares y otros estudiantes de la Normal recorren, acompañados de policías comunitarios, comunidades de alrededor para buscarlos. AI denunció, además, que el equipo de peritos internacionales reconocidos por los propios familiares no han podido acceder al lugar de las fosas para realizar su trabajo. La agrupación defensora de los derechos humanos consideró “esencial” que la fiscalía general (PGR)  dé “acceso inmediato e irrestricto” al equipo argentino de antropología “a todas las investigaciones forenses” que se realizan en este caso. La Procuraduría General de la República asumió la investigación del caso el fin de semana pasado por los indicios de la participación del crimen organizado, en un giro a la posición inicial del gobierno de que Guerrero asumiera la responsabilidad ante la ola de violencia. Sin embargo, los trabajos de búsqueda de los jóvenes continúan a cargo de la fiscalía del estado de Guerrero. Otra de las organizaciones que se pronunciaron ayer fue la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que denunció el recrudecimiento de la violencia en México con “actos que podrían constituir crímenes internacionales”. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “profunda preocupación” y pidió al Estado mexicano que localice a aquellos estudiantes cuyo paradero se desconoce, proteja su “vida e integridad personal”, así como la de sus familiares e investigue estos delitos “de manera pronta, diligente e imparcial”, Y no sólo la comunidad internacional está reaccionando. En México se han registrado numerosas marchas y actos multitudinarios para exigir justicia y la aparición con vida de los 43 estudiantes. Los expertos temen que el malestar social incluso pueda causar actos de violencia, como los anunciados por el grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).