Las conclusiones preliminares del Relator confirman una situación que Amnistía Internacional ha documentado por varios años. Si el gobierno es serio en el compromiso que ha hecho para combatir la tortura y otros malos tratos, es esencial que, como primer paso, reconozca públicamente la gravedad de la situación constatada por el Relator y la urgencia de implementar las medidas señaladas.

El Relator Especial, Juan Méndez, calificó como generalizada la práctica de la tortura en México, especialmente utilizada frecuentemente como una técnica de investigación para la obtención de confesiones autoinculpatorias o conseguir información. El Relator señaló que la tortura es practicada por las diferentes fuerzas de seguridad en los distintos niveles de gobierno, incluyendo a las Fuerzas Armadas.

Amnistía Internacional comparte las preocupaciones expresadas por el Relator Especial, particularmente frente a las graves deficiencias identificadas en la implementación de salvaguardas para prevenir la aplicación de la tortura. Uno de los principales focos de preocupación continúan siendo los vacíos aún existentes entre el momento de la detención y la puesta a disposición de las autoridades correspondientes, incluyendo la falta de registros adecuados y la detención en sitios no identificados. Asimismo, es preocupante la prevalencia de ciertas figuras que incentivan el uso de la tortura, como el arraigo y una aplicación laxa de la detención bajo flagrancia.

Por otra parte, han sido identificadas múltiples deficiencias en la implementación del Protocolo de Estambul para la detección de señas de tortura, el cual no es aplicado de conformidad a los estándares internacionales y en muchas ocasiones es llevado a cabo meses, o incluso años, después de los hechos. Asimismo, es preocupante la adscripción de los peritos oficiales a las procuradurías de justicia pues ello resta independencia e imparcialidad en su aplicación. Por ello, Amnistía Internacional respalda la recomendación del Relator Especial para fortalecer la aplicación de éstos peritajes, así como la aceptación y valoración en juicio de peritajes realizados por instancias o expertos independientes distintas a las procuradurías de justicia.

Finalmente, la organización reitera el llamado al Poder Judicial tanto federal como estatal, a fin de que ninguna prueba obtenida bajo tortura sea admitida como válida en los procesos judiciales. Asimismo, las autoridades mexicanas deben asegurarse que en toda investigación de hechos de tortura o malos tratos, la carga de la prueba recaiga sobre el Estado y no sobre las víctimas.

Amnistía Internacional hace un enérgico llamado a las autoridades mexicanas a implementar con prontitud las recomendaciones emitidas por el Relator Especial con el fin de prevenir y erradicar la tortura en el país. Para ello, resulta fundamental dar pasos firmes en la investigación y sanción de todos los responsables para poner fin a la impunidad prevalente y garantizar reparaciones adecuadas a todas las víctimas.