Oaxaca, México.-La Casa de los Derechos de Periodistas A.C. se pronunció enérgicamente y exigió a las autoridades del Estado de Nuevo León y federales una exhaustiva, eficaz e inmediata investigación por la detención arbitraria que sufrió el lunes 6 de octubre, el periodista Julio Dávila Martínez y su posterior arraigo durante cuatro días, por el hecho de haberle tomado fotografías a vehículos oficiales estacionados en doble fila sobre la calle 5 de Mayo, cerca del Palacio del Gobierno Estatal en la ciudad de Monterrey.

Julio Dávila Martínez, es un periodista con más de diez años de ejercer el periodismo. Actualmente labora en el periódico Mi Nación, publicación que circula en el municipio de Santa Catarina, en aquella entidad federativa del Noreste del país.

Las y los asociados de la Casa de los Derechos de Periodistas, asociación civil integrada por mujeres y hombres periodistas y abogados defensores de derechos humanos, manifestaron su preocupación y rechazo porque en varias entidades federativas, como Nuevo León, exista la figura del arraigo, a pesar de que contraviene los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, suscritos por el Estado mexicano.

Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León y escoltas al servicio del titular de la dependencia, Adrian de la Garza y de otros funcionarios, detuvieron a Dávila Martínez, luego de que tomó fotografías a camionetas oficiales utilizadas por ellos, por constituir una infracción a las normas de vialidad.

Los agentes policiales detuvieron en el acto al periodista y en el lugar fue interrogado sobre el motivo por el que tomó las fotografías, tras identificarse como reportero con una credencial de su anterior trabajo, Dávila Martínez fue puesto a disposición del fiscal Ricardo Garza Sánchez, quien al no tener elementos para ejercer acción penal en su contra solicitó a un juez su arraigo por 20 días, lo cual le fue autorizado de inmediato.

Fue recluido en la Casa de Arraigo, donde estuvo incomunicado más de 15 horas, de acuerdo a versiones de sus familiares. Fue hasta el día viernes 9 de octubre por la tarde, cuando el mismo procurador de Justicia, Adrian de la Garza, convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer que el Fiscal del caso, solicitó al juez que retirara la medida cautelar de arraigo para liberar al periodista, quien seguirá sujeto a proceso en libertad.

El Código Penal de Nuevo León, dice en su artículo 192 que “Se impondrá pena de dos a 15 años de prisión y multas de 200 a 400 cuotas (días de salario mínimo) a quien aceche, vigile o realice actos tendientes a obtener información sobre la ubicación, los operativos o, en general, las labores de seguridad pública, de persecución o sanción del delito o la ejecución de penas”, por lo que este delito es considerado como grave.

Las y los integrantes de la Casa de los Derechos de Periodistas A.C, también manifestaron su inconformidad porque personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, impidió el acceso a periodistas de la Revista proceso, Agencia EFE y Periódico La Jornada, a la conferencia de prensa convocada por la oficina del procurador Adrian de la Garza, el día 9 de octubre por la tarde para dar a conocer el levantamiento de arraigo de Julio Dávila Martínez.

La Casa de los Derechos de Periodistas seguirá atenta a la situación jurídica del periodista Julio Dávila Martínez y dará a conocer esta violación a sus derecho humanos a organismos internacionales, pues las detenciones arbitrarias y la figura del arraigo, vulneran en todo momento el Derecho a la Libertad de Expresión, el Derecho a Ejercer el Periodismo y el Derecho a la Información que tiene toda la ciudad.

Más información con Víctor Ruiz Arrazola Ejecutivo de Protección Casa de los Derechos de Periodistas A.C. Correo electrónico: casadelosderechosdeperiodistas@gmail.com