Oaxaca, México.-En lo que va de la actual administración, el Gobierno que encabeza Gabino Cué ha beneficiado a más de 900 familias oaxaqueñas, al otorgarles los certificados de posesión inmobiliaria con los cuales adquirieron certeza jurídica en su patrimonio, informó el director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana (CORETURO), Magdiel Hernández. En entrevista el servidor público refirió que los derechos de posesión se concretaron mediante los convenios signados entre CORETURO -organismo dependiente de la Secretaría de las Infraestructuras- y diversas autoridades municipales, a partir de la solicitud de las personas interesadas. Estos acuerdos sirvieron para intercambiar información y mejorar el proceso de regularización de asentamientos humanos irregulares, beneficiando directamente a las familias que aún no contaban con un título de propiedad del predio que habitaban y que por muchos años han trabajado. A partir de este convenio, personal de CORETURO inició los trabajos de registro de asentamientos, para continuar con la recepción de documentos y finalmente otorgar la expedición de los certificados de posesión. “En el caso de asentamientos ubicados en bienes de propiedad particular, la dependencia ha promovido la conciliación entre propietarios y concesionarios, de no ser posible se integran los elementos necesarios que permitan una solución jurídica”, explicó. En este sentido, el funcionario invitó a la ciudadanía que desee adquirir algún terreno comunal o ejidal, para que conozca su situación jurídica acercándose a las oficinas centrales de CORETURO. De su lado, el titular de SINFRA, Netzahualcóyotl Salvatierra López, resaltó la vocación de los trabajadores de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana, encargados de la integración de los expedientes, croquis de localización, planos de inspección de campo y certificación.   Para finalizar adelantó que como parte de las acciones en la materia, este año se signarán convenios con los municipios de Oaxaca de Juárez, Cuilápam de Guerrero, Xoxocotlán y Tlacolula de Matamoros, a fin de continuar brindando  certeza jurídica donde existan asentamientos humanos irregulares.