Jueves 13 de noviembre, 2014. 08:30 am
CFE pago 111 md a empresas españolas
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Oaxaca, México.-Mientras que los contratos de renta por la tierra que se les hizo firmar a los ejidatarios de La Venta, Juchitán de Zaragoza, van de 40 a 60 años y los pagos son de 100 a 150 pesos anuales, desde 2005 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pagó más de 111 millones de dólares a empresas españolas para el desarrollo del proyecto de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec ‘La Venta II’.
De acuerdo con el profesor del Instituto Politécnico Nacional y miembro de la Coordinadora Nacional de Electricistas de la CFE-SUTERM, Mariano López Matus, la falta de un tabulador de pago de la renta y las condiciones de uso de la tierra, en términos justos, que beneficie a las comunidades, debido a algunos reciben mil 500 por hectárea al año y otros pesos 500 hectárea al año, montos inferiores a la renta en los Estados Unidos y Europa.
La imposición de los proyectos por la CFE, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (Sener) y empresas privadas ignorando los derechos de las comunidades indígenas de la región, han desencadenado una problemática social que no se ha resuelto.
La CFE en el contrato de obra pública financiada a precio alzado el 31 de agosto de 2005, con las empresas ‘Gamesa Eólica, S.A. Sociedad Unipersonal’ e ‘Iberdrola Ingeniería y Consultoría México, S.A. de C.V.’, se precisa que la dependencia federal pagó por la realización de obras 111 millones 449 mil 963.71 dólares.
El objeto del contrato fue la adjudicación de un “proyecto de inversión financiada que comprende el diseño, la ingeniería, la procura, la construcción, el suministro de equipos y materiales, todas las pruebas, fletes, seguros, aranceles, impuestos, manejo aduanal y capacitación requeridos para tener una operación segura, confiable y eficiente de la Central Eólica denominada La Venta II”.
Asimismo, la Comisión señala que requiere que la Capacidad Nominal Garantizada de la Central sea de 83.30 MW, conformada 98aerogeneradores, conforme a la propuesta original que presentaron las empresas españoles.
Según con lo especificado en el documento, el precio del contrato sería pagado dentro de los 15 días siguientes a la fecha posterior de la fecha de aceptación provisional de la Central y una vez que se haya recibido a “su satisfacción las obras y materiales del contrato y ésta se encuentre en condiciones de generar los ingresos que permitan cumplir a la Comisión las obligaciones y asumidas”.
En caso de la CFE realice “pagos en exceso” a las empresas extranjeras originarias de España, el dinero será reembolsado a la dependencia federal en el mismo tipo de moneda.
No obstante, el proyecto La Venta II está en riesgo debido a la realización de contratos leoninos que afectan a los ejidatarios; porque la serie de irregularidades contenidas en los contratos que la Comisión celebró con los pequeños propietarios de las tierras, pueden anularse por el Tribunal Unitario Agrario (TUA).
Lo anterior ha propiciado que las organizaciones no gubernamentales y ejidatarios organizados de La Venta exigieran la suspensión del proyecto eólico de “La Venta II”, y otros proyectos hasta que la comunidad sea informada y consultada sobre los impactos socioeconómicos y ambientales reales.
Y a la CFE, que informe sobre los convenios celebrados con el Comisariado ejidal de La Venta, sin convocar a asamblea alguna y por negociaciones directas entre poseedores de tierras ejidales, la CFE y las empresas privadas y alto a la represión en contra de los ejidatarios inconformes
De acuerdo con el profesor del Instituto Politécnico Nacional y miembro de la Coordinadora Nacional de Electricistas de la CFE-SUTERM, Mariano López Matus, la falta de un tabulador de pago de la renta y las condiciones de uso de la tierra, en términos justos, que beneficie a las comunidades, debido a algunos reciben mil 500 por hectárea al año y otros pesos 500 hectárea al año, montos inferiores a la renta en los Estados Unidos y Europa.
La imposición de los proyectos por la CFE, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (Sener) y empresas privadas ignorando los derechos de las comunidades indígenas de la región, han desencadenado una problemática social que no se ha resuelto.
La CFE en el contrato de obra pública financiada a precio alzado el 31 de agosto de 2005, con las empresas ‘Gamesa Eólica, S.A. Sociedad Unipersonal’ e ‘Iberdrola Ingeniería y Consultoría México, S.A. de C.V.’, se precisa que la dependencia federal pagó por la realización de obras 111 millones 449 mil 963.71 dólares.
El objeto del contrato fue la adjudicación de un “proyecto de inversión financiada que comprende el diseño, la ingeniería, la procura, la construcción, el suministro de equipos y materiales, todas las pruebas, fletes, seguros, aranceles, impuestos, manejo aduanal y capacitación requeridos para tener una operación segura, confiable y eficiente de la Central Eólica denominada La Venta II”.
Asimismo, la Comisión señala que requiere que la Capacidad Nominal Garantizada de la Central sea de 83.30 MW, conformada 98aerogeneradores, conforme a la propuesta original que presentaron las empresas españoles.
Según con lo especificado en el documento, el precio del contrato sería pagado dentro de los 15 días siguientes a la fecha posterior de la fecha de aceptación provisional de la Central y una vez que se haya recibido a “su satisfacción las obras y materiales del contrato y ésta se encuentre en condiciones de generar los ingresos que permitan cumplir a la Comisión las obligaciones y asumidas”.
En caso de la CFE realice “pagos en exceso” a las empresas extranjeras originarias de España, el dinero será reembolsado a la dependencia federal en el mismo tipo de moneda.
No obstante, el proyecto La Venta II está en riesgo debido a la realización de contratos leoninos que afectan a los ejidatarios; porque la serie de irregularidades contenidas en los contratos que la Comisión celebró con los pequeños propietarios de las tierras, pueden anularse por el Tribunal Unitario Agrario (TUA).
Lo anterior ha propiciado que las organizaciones no gubernamentales y ejidatarios organizados de La Venta exigieran la suspensión del proyecto eólico de “La Venta II”, y otros proyectos hasta que la comunidad sea informada y consultada sobre los impactos socioeconómicos y ambientales reales.
Y a la CFE, que informe sobre los convenios celebrados con el Comisariado ejidal de La Venta, sin convocar a asamblea alguna y por negociaciones directas entre poseedores de tierras ejidales, la CFE y las empresas privadas y alto a la represión en contra de los ejidatarios inconformes
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