Sábado 16 de agosto, 2014. 01:00 am
CIDH debe garantizar que países cumplan sus recomendaciones
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Oaxaca, Mèxico-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe crear mecanismos internos en cada país para vigilar y garantizar el cumplimiento de sus recomendaciones, dijeron activistas.
Durante la clausura del 152 periodo extraordinario de sesiones de la CIDH, que se llevó a cabo en el Palacio de Minería en esta capital, representantes de organizaciones civiles manifestaron a las y los comisionados que el mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) aún tiene desafíos para garantizar efectividad en la defensa de las garantías fundamentales.
Alejandra Nuño, consultora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, señaló que el principal desafío es el de generar mecanismos internos de cumplimiento y seguimiento de las resoluciones, ya que sólo Colombia y Perú tienen un marco normativo explícito sobre cómo pueden acceder las víctimas a la reparación económica el daño.
La especialista detalló que en México la implementación de estos mecanismos son especialmente urgentes, ya que en 2013 fue el país que hizo más solicitudes a la CIDH, organismo que al año recibe en promedio 2 mil peticiones de todas las naciones del continente.
Nuño explicó que en el caso de México, el Estado se muestra muy renuente para llevar a cabo las medidas que la CIDH le mandata, sobre todo en el tema de garantías y reparación del daño para las mujeres.
Como botón de muestra, la experta señaló en breve entrevista que el caso de las indígenas Ana, Beatriz, y Celia González Pérez, violadas y torturadas por militares en 1994, derivó en tres recomendaciones de la CIDH para México: reparación integral, dar justicia y reformar el Código de Justicia Militar.
Sin embargo, ninguna de estas acciones se hicieron de inmediato, sino que se cumplieron hasta cinco años después de haber sido emitidas, y luego de que se suscitaran otros casos como el de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes fueron violadas por militares en 2002.
Otro ejemplo es el feminicidio de Paloma Escobar, que a los 16 años de edad desapareció y fue encontrada muerta, caso en el que el Estado reparó el daño a la familia, pero no impulsó acciones más estructurales que también se le ordenaron, como políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres y en específico contra las niñas.
Un caso más es el de la sentencia contra México por el caso “Campo Algodonero” de tres asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en el que la Corte Interamericana ordenó que se investigara administrativamente a funcionarios que obstaculizaron la justicia; sin embargo, muchos de ellos siguen en activo, observó la activista.
Nuño agregó que los obstáculos para que México lleve a cabo las medidas que la CIDH emite están vinculados con la falta de voluntad política, la falta de recursos y de interés del Estado para elaborar protocolos adecuados de actuación o herramientas como un registro de ADN.
Con independencia de estos obstáculos, el Estado mexicano suscribió tratados internacionales, se obligó a cumplirlos y tiene la obligación de garantizar que las víctimas no tengan la necesidad de acudir a cortes internaciones, para resolver un delito que pudo haberse prevenido y atendido en el país.
El apoyo político de los países también es fundamental para su fortalecimiento, ya que en reiteradas ocasiones buscan obstaculizar o desprestigiar su labor de defensa.
Nuño agregó que es necesario que la Comisión Interamericana haga una revisión continua de las personas que nombra como jueces y comisionados, para garantizar que los procesos sean transparentes.
Y criticó que sólo cuatro mujeres hayan sido comisionadas en la historia de la CIDH, por lo que es importante exigir a los Estados procesos internos de consulta efectivos para elegir democráticamente a las y los representantes.
Agregó que a su juicio la Comisión no debería fragmentarse en relatorías, ya que debe actuar desde un enfoque integral y no sectorizado. Asimismo debe coordinarse con la Corte Interamericana de DH para reforzar sus instrumentos y realizar observaciones en conjunto.
A pesar de esto, la CIDH ha tenido importantes avances, señaló, entre ellos está el de realizar informes de fondo que revelan condiciones que los Estados se oponen a mostrar; es decir, garantizan el derecho a la verdad.
En tanto, Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, que acudió en representación de 74 organizaciones en México, enfatizó que es el Estado el que impide escuchar la voz de las víctimas.
Señaló a la CIDH que debe revisar por qué un gran número de víctimas que se acercan a la Comisión se quedan sin acceso a la justicia.
Y observó la importancia de que se siga vigilando el respeto a los DH en México, ya que con las recientes reformas estructurales y el contexto de violencia hay que permanecer atentos.
LAS DEFENSORAS: PRINCIPAL TEMA DE ANÁLISIS
José de Jesús Orozco, comisionado de la CIDH para defensoras y defensores de DH, reconoció los riesgos por la violencia en contra de activistas en México. Uno de los principales problemas que se están documentando es la criminalización de las y los activistas, por lo que se debe investigar su situación y protegerlas, dijo.
Agregó que una de cada tres solicitudes de medidas cautelares que recibe la CIDH son para defensoras, lo que demuestra la fragilidad de los sistemas internos de protección.
Durante la clausura del 152 periodo extraordinario de sesiones de la CIDH, que se llevó a cabo en el Palacio de Minería en esta capital, representantes de organizaciones civiles manifestaron a las y los comisionados que el mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) aún tiene desafíos para garantizar efectividad en la defensa de las garantías fundamentales.
Alejandra Nuño, consultora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, señaló que el principal desafío es el de generar mecanismos internos de cumplimiento y seguimiento de las resoluciones, ya que sólo Colombia y Perú tienen un marco normativo explícito sobre cómo pueden acceder las víctimas a la reparación económica el daño.La especialista detalló que en México la implementación de estos mecanismos son especialmente urgentes, ya que en 2013 fue el país que hizo más solicitudes a la CIDH, organismo que al año recibe en promedio 2 mil peticiones de todas las naciones del continente.
Nuño explicó que en el caso de México, el Estado se muestra muy renuente para llevar a cabo las medidas que la CIDH le mandata, sobre todo en el tema de garantías y reparación del daño para las mujeres.
Como botón de muestra, la experta señaló en breve entrevista que el caso de las indígenas Ana, Beatriz, y Celia González Pérez, violadas y torturadas por militares en 1994, derivó en tres recomendaciones de la CIDH para México: reparación integral, dar justicia y reformar el Código de Justicia Militar.
Sin embargo, ninguna de estas acciones se hicieron de inmediato, sino que se cumplieron hasta cinco años después de haber sido emitidas, y luego de que se suscitaran otros casos como el de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes fueron violadas por militares en 2002.
Otro ejemplo es el feminicidio de Paloma Escobar, que a los 16 años de edad desapareció y fue encontrada muerta, caso en el que el Estado reparó el daño a la familia, pero no impulsó acciones más estructurales que también se le ordenaron, como políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres y en específico contra las niñas.
Un caso más es el de la sentencia contra México por el caso “Campo Algodonero” de tres asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en el que la Corte Interamericana ordenó que se investigara administrativamente a funcionarios que obstaculizaron la justicia; sin embargo, muchos de ellos siguen en activo, observó la activista.
Nuño agregó que los obstáculos para que México lleve a cabo las medidas que la CIDH emite están vinculados con la falta de voluntad política, la falta de recursos y de interés del Estado para elaborar protocolos adecuados de actuación o herramientas como un registro de ADN.
Con independencia de estos obstáculos, el Estado mexicano suscribió tratados internacionales, se obligó a cumplirlos y tiene la obligación de garantizar que las víctimas no tengan la necesidad de acudir a cortes internaciones, para resolver un delito que pudo haberse prevenido y atendido en el país.
El apoyo político de los países también es fundamental para su fortalecimiento, ya que en reiteradas ocasiones buscan obstaculizar o desprestigiar su labor de defensa.
Nuño agregó que es necesario que la Comisión Interamericana haga una revisión continua de las personas que nombra como jueces y comisionados, para garantizar que los procesos sean transparentes.
Y criticó que sólo cuatro mujeres hayan sido comisionadas en la historia de la CIDH, por lo que es importante exigir a los Estados procesos internos de consulta efectivos para elegir democráticamente a las y los representantes.
Agregó que a su juicio la Comisión no debería fragmentarse en relatorías, ya que debe actuar desde un enfoque integral y no sectorizado. Asimismo debe coordinarse con la Corte Interamericana de DH para reforzar sus instrumentos y realizar observaciones en conjunto.
A pesar de esto, la CIDH ha tenido importantes avances, señaló, entre ellos está el de realizar informes de fondo que revelan condiciones que los Estados se oponen a mostrar; es decir, garantizan el derecho a la verdad.
En tanto, Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, que acudió en representación de 74 organizaciones en México, enfatizó que es el Estado el que impide escuchar la voz de las víctimas.
Señaló a la CIDH que debe revisar por qué un gran número de víctimas que se acercan a la Comisión se quedan sin acceso a la justicia.
Y observó la importancia de que se siga vigilando el respeto a los DH en México, ya que con las recientes reformas estructurales y el contexto de violencia hay que permanecer atentos.
LAS DEFENSORAS: PRINCIPAL TEMA DE ANÁLISIS
José de Jesús Orozco, comisionado de la CIDH para defensoras y defensores de DH, reconoció los riesgos por la violencia en contra de activistas en México. Uno de los principales problemas que se están documentando es la criminalización de las y los activistas, por lo que se debe investigar su situación y protegerlas, dijo.
Agregó que una de cada tres solicitudes de medidas cautelares que recibe la CIDH son para defensoras, lo que demuestra la fragilidad de los sistemas internos de protección.
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