Oaxaca, México.- La organización social Comuna Oaxaca demandó este domingo que las investigaciones por el asesinato de su integrante Ignacio García Maldonado tomen en cuenta como móvil su participación activa en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la permanente exigencia de su organización para esclarecer los crímenes cometidos desde el Estado contra las y los participantes en el movimiento social de 2006.

“Este asesinato es un claro mensaje de que estamos en la mira, como directiva de Comuna Oaxaca y especialmente como participantes en la APPO de 2006 que decidimos no olvidar, que decidimos insistir permanentemente en nuestra demanda de justicia y de castigo para quienes desde el gobierno cometieron gravísimos crímenes contra el movimiento social de esos años”, dijo César Mateos Benítez, integrante de la dirigencia colectiva de la organización, en conferencia de prensa.

Acompañado por los también dirigentes Efraín Solano Alinárez, Gilberto López Jiménez y Horacio Sosa Villavicencio, en un café del centro de la ciudad, recordó que ellos, junto con Flavio Sosa Villavicencio e Ignacio García Maldonado, fueron activos participantes en el movimiento social de 2006, por lo que fueron incluso detenidos, acusados de distintos delitos que no cometieron, con la intención de desintegrar a la disidencia social.

“Las violaciones a nuestros derechos humanos, documentadas por la CNDH, continúan impunes; los perpetradores no han sido identificados ni castigados, lo que implica, de sí, riesgos para nuestra seguridad, y la posibilidad de que se cumplan las amenazas recientes, como ya ocurrió en el caso de nuestro compañero Ignacio García Maldonado”, expuso.

Señaló que las autoridades están obligadas a identificar a quién interesa cerrar el capítulo del movimiento social de 2006 y 2007 sin mayor investigación, “borrarlo de la historia, y que no exista quien permanentemente les recuerde la deuda de un gobierno criminal hacia el pueblo de Oaxaca”.

En razón de lo anterior, además de una investigación auténtica, profunda y eficaz que tome seriamente en cuenta la vertiente política como origen del asesinato de Ignacio García Maldonado, a nombre de su organización demandó al gobierno del estado instalar y facilitar el funcionamiento de la Comisión de la Verdad, con el fin de esclarecer los crímenes cometidos por el Estado contra el movimiento social oaxaqueño de 2006 y 2007.

Pidió también investigar lo necesario para identificar y castigar a quienes resulten responsables materiales e intelectuales de los crímenes cometidos desde el gobierno en contra de las y los activistas de esos años, “sea mediante la reformulación de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social, para hacerla operativa, o a través de algún otro mecanismo”, pues esa instancia no ha dado resultados hasta ahora.

“A la fecha no se han esclarecido los más de 20 asesinatos, las desapariciones forzadas, las violaciones, la tortura, los golpes, las detenciones arbitrarias y los procesos judiciales por consigna cometidos contra las y los participantes en el movimiento social de 2006 y 2007, crímenes documentados tanto por observadores civiles nacionales y extranjeros como por instancias públicas, como la propia CNDH”, dijo.

Para fortalecer la perspectiva de 2006 como origen del asesinato de García Maldonado, señaló que esa misma mañana fueron encontrados restos de cuerpos frente al domicilio de un defensor de derechos humanos que también destacó por sus acciones a favor del movimiento social de 2006, y que contribuyó a la visibilidad internacional del conflicto en Oaxaca. “El mensaje es claro: estamos en la mira y el centro del asunto es 2006”.

También insistió en la exigencia de medidas especiales para la protección de la vida de los integrantes de la dirigencia colectiva de Comuna Oaxaca, ante la escalada de amenazas de muerte en su contra; explicó que el sábado la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca les anunció el inicio del trámite para la emisión de medidas cautelares a su favor, por lo que esperan conocer los términos para decidir si se acogen a ellas.

En ese sentido, agregó que de momento no buscarán protección del gobierno federal dada la posibilidad de que este caso se quiera aprovechar política y electoralmente para atacar al gobierno de Gabino Cué; “confiamos en que nuestras autoridades locales darán a este caso la relevancia que tiene y actuarán en consecuencia”, dijo.

Aclaró que la otra persona encontrada en el lugar del crimen no participa en esa organización, “ni sabemos que fuese activista, ni fue escolta de Flavio, ni la conocemos”.

El asesinato de Nacho, expuso, se suma a una ya amplia secuencia de ataques contra activistas y líderes de izquierda que “en conjunto son un gravísimo atentado social y político contra la posibilidad de transitar a la democracia”, y recordó los nombres de Beatriz López Leyva, Catarino Torres Pereda, Heriberto Pazos Ortiz, Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, Bernardo Vásquez Sánchez, Nicolás Estrada Merino y Arturo Pimentel Salas, todos asesinados en Oaxaca.