Jueves 28 de agosto, 2014. 02:00 am
Critican campaña de desinformación sobre desaparecidos
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Oaxaca, México-Al gobierno de Enrique Peña Nieto “le interesa más reducir la cifra de personas desaparecidas que encontrar a las víctimas”, aseguraron madres de personas desaparecidas y organizaciones civiles como Fundar Centro de Análisis e Investigación y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem).
Con motivo del Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas –a celebrarse este 30 de agosto–, representantes de organizaciones y familiares de víctimas exigieron al gobierno federal frenar su campaña mediática de desinformación, “en la que brinda cifras incorrectas y confunde a la sociedad”, y tener una política que realmente ayude a encontrar a las personas.
En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, denunciaron que existe una falta de voluntad política en la materia que se manifiesta en la falta de búsqueda de las personas desaparecidas, la no identificación de los responsables de los hechos, y una impunidad persistente.
“Constituye nuevas violaciones a Derechos Humanos, como el derecho a la verdad”, acusaron.
Ximena Antillón Najilis, investigadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar, señaló que hasta ahora las acciones y los planes de gobierno “son insuficientes e inadecuados”.
Recriminó que en su campaña mediática para frenar la presión social, el gobierno federal ha divulgado “cifras confusas” y sin explicar cuál es la metodología de depuración de los datos.
“Pareciera que los esfuerzos se orientan a reducir las cifras para tener menor presión mediática e internacional, y no en encontrar a las personas, lo que realmente nos preocupa”, observó la especialista.
Recientemente el gobierno federal dio a conocer la cifra oficial de 22 mil 322 personas desaparecidas en México. Sin embargo, estas cifras no están desagregadas por sexo, edad, ocupación y contexto de desaparición de las personas.
Guadalupe Fernández Martínez, madre de José Antonio Robledo –desaparecido el 25 de enero de 2009 en Monclova, Coahuila–, denunció la forma en la que la actual administración revictimiza a las familias y sobre todo a las madres, quienes en muchos casos asumen la búsqueda de justicia tras la desaparición.
Relató que en meses pasados recibió una llamada por parte del personal de gobierno para preguntarle si ya había encontrado a su hijo.
De acuerdo con la también integrante de Fundem, aunque en la Procuraduría General de la República (PGR) hay 15 tomos del expediente de su hijo, quienes le llamaron desconocían la fecha de desaparición de José Antonio.
“Me dijeron que como no había sido localizado, iban a poner su nombre nuevamente en la lista de personas desaparecidas, lo que demuestra que bajan los nombres antes de corroborar si continúan desaparecidos”, contó.
Finalmente, exigió al gobierno federal dejar de “engañar” a la ciudadanía con cifras “confusas”, pues en los casos de desapariciones “no se trata de un animalito o de un perrito que se extravió, se trata de una persona que tiene un rostro, un nombre, una familia que lo busca día y noche, y yo no veo la supuesta coordinación entre dependencias para localizar a nuestros familiares”.
Las organizaciones coincidieron en que la desaparición de personas sucede “porque México lo permite”, ya sea porque no garantiza la seguridad o porque directamente participa en las desapariciones.
Este sábado 30 de agosto organizaciones civiles y familiares de víctimas, como parte de las acciones que se realizarán en diversos estados, marcharán de la Estela de Luz al Senado para exigir al gobierno federal la creación de un mecanismo de búsqueda trasnacional y uno que investigue a las personas responsables de las desapariciones, así como la aprobación de una Ley General contra las Desapariciones.
Asimismo, que se acepte la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para que reciba quejas de estos hechos en México.
Con motivo del Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas –a celebrarse este 30 de agosto–, representantes de organizaciones y familiares de víctimas exigieron al gobierno federal frenar su campaña mediática de desinformación, “en la que brinda cifras incorrectas y confunde a la sociedad”, y tener una política que realmente ayude a encontrar a las personas.En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, denunciaron que existe una falta de voluntad política en la materia que se manifiesta en la falta de búsqueda de las personas desaparecidas, la no identificación de los responsables de los hechos, y una impunidad persistente.
“Constituye nuevas violaciones a Derechos Humanos, como el derecho a la verdad”, acusaron.
Ximena Antillón Najilis, investigadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar, señaló que hasta ahora las acciones y los planes de gobierno “son insuficientes e inadecuados”.
Recriminó que en su campaña mediática para frenar la presión social, el gobierno federal ha divulgado “cifras confusas” y sin explicar cuál es la metodología de depuración de los datos.
“Pareciera que los esfuerzos se orientan a reducir las cifras para tener menor presión mediática e internacional, y no en encontrar a las personas, lo que realmente nos preocupa”, observó la especialista.
Recientemente el gobierno federal dio a conocer la cifra oficial de 22 mil 322 personas desaparecidas en México. Sin embargo, estas cifras no están desagregadas por sexo, edad, ocupación y contexto de desaparición de las personas.
Guadalupe Fernández Martínez, madre de José Antonio Robledo –desaparecido el 25 de enero de 2009 en Monclova, Coahuila–, denunció la forma en la que la actual administración revictimiza a las familias y sobre todo a las madres, quienes en muchos casos asumen la búsqueda de justicia tras la desaparición.
Relató que en meses pasados recibió una llamada por parte del personal de gobierno para preguntarle si ya había encontrado a su hijo.
De acuerdo con la también integrante de Fundem, aunque en la Procuraduría General de la República (PGR) hay 15 tomos del expediente de su hijo, quienes le llamaron desconocían la fecha de desaparición de José Antonio.
“Me dijeron que como no había sido localizado, iban a poner su nombre nuevamente en la lista de personas desaparecidas, lo que demuestra que bajan los nombres antes de corroborar si continúan desaparecidos”, contó.
Finalmente, exigió al gobierno federal dejar de “engañar” a la ciudadanía con cifras “confusas”, pues en los casos de desapariciones “no se trata de un animalito o de un perrito que se extravió, se trata de una persona que tiene un rostro, un nombre, una familia que lo busca día y noche, y yo no veo la supuesta coordinación entre dependencias para localizar a nuestros familiares”.
Las organizaciones coincidieron en que la desaparición de personas sucede “porque México lo permite”, ya sea porque no garantiza la seguridad o porque directamente participa en las desapariciones.
Este sábado 30 de agosto organizaciones civiles y familiares de víctimas, como parte de las acciones que se realizarán en diversos estados, marcharán de la Estela de Luz al Senado para exigir al gobierno federal la creación de un mecanismo de búsqueda trasnacional y uno que investigue a las personas responsables de las desapariciones, así como la aprobación de una Ley General contra las Desapariciones.
Asimismo, que se acepte la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para que reciba quejas de estos hechos en México.
www.ciudadania-express.com