Oaxaca, México.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), demandó al Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), la implementación  de un protocolo de seguridad escolar en  centros de nivel preescolar, con el fin de prevenir situaciones de riesgo  y evitar posibles accidentes de las y los alumnos.   Al emitir la recomendación 11/2014, en la cual se documentaron violaciones a los derechos humanos a la vida, a la niñez, a la legalidad y seguridad jurídica cometidos en perjuicio de una estudiante del centro de educación preescolar “Cuauhtémoc”, ubicado en Santa María Jicaltepec, el organismo pidió al IEEPO que con base estándares internacionales en la materia se otorgue una reparación integral del daño a las víctimas de violaciones a derechos humanos por el hecho ocurrido,  la cual deberá incluir  una disculpa pública sobre el suceso.   La DDHPO inició de oficio el expediente DDHPO/089/RC/(11)/OAX/2013, luego que el 21 de octubre de 2013, en un portal de noticias se informó del fallecimiento de una niña de tres años con ocho meses de edad en el centro educativo antes mencionado, después de que cayera en la cisterna de las instalaciones del preescolar.   Asimismo,  solicitó se atiendan los daños psicológicos ocasionados a los padres de la niña, tendentes a reducir los padecimientos que presenten, a través del tratamiento médico y psicológico que sea necesario para restablecer su salud física y mental, enviando a esta Defensoría las constancias que acrediten su cumplimiento.   De igual forma, el organismo pidió a las autoridades educativas dotar de la infraestructura y personal necesarios para el correcto funcionamiento del centro escolar.   La Defensoría de los Derechos Humanos apuntó que a través de las recomendaciones no se pretende desacreditar a las instituciones, ni constituyen un agravio a las mismas o a sus titulares; por el contrario, deben ser concebidas como instrumentos indispensables para las sociedades democráticas, que permiten fortalecer el estado de derecho a través de la legitimidad que con su acatamiento adquiere la autoridad y funcionarios ante la sociedad.