México D.F., (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) investiga desde junio de 2013 al dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, derivado de una denuncia interpuesta por una facción del gremio que lo acusa de enriquecerse con los bienes de la agrupación antes y después de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Según la denuncia, de la que Apro tiene copia, y que se da a conocer en vísperas de los 100 años de vida del SME, los delitos que se le imputan al dirigente sindical, a su secretario particular, José Humberto Marroquín Castillo, uno de los presunto prestanombres, y a quienes resulten responsables, son: Enriquecimiento ilícito, fraude habitacional, usurpación de funciones sindicales, usufructo ilegal de bienes patrimoniales del SME, despojo de bienes sindicales, posible tráfico de influencias. También por desvío de fondos sindicales por más de mil 580 millones de pesos, venta de plazas de nuevo ingreso, robo de camionetas de lujo, viajes a 32 países con cuotas sindicales y falsificación de poder notarial para cobrar más de 21 millones de pesos de cuotas sindicales sin tener personalidad jurídica. La denuncia fue interpuesta el 15 de julio de 2013, por Antonio Durán Aguirre, José Rodolfo Bonilla Gómez y representantes de la Comisión de Trabajo de Jubilados en representación de 40 mil extrabajadores liquidados, no liquidados y jubilados de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), por acuerdo de una Asamblea General de Jubilados celebrada el 9 de abril de 2013. El 24 de julio la PGR inició la averiguación previa PGR/DDF/SPE-XXIV/4005/2013-07, que está a cargo de Ignacio Moctezuma Domínguez, agente del Ministerio Público de la Mesa XXIV de la Delegación Metropolitana en el Distrito Federal de la PGR. Entre otras exigencias, los jubilados disidentes a Esparza, solicitan se investigue la desviación de fondos sindicales otorgados a trabajadores afines al dirigente sindical y su secretario particular por la cantidad de 53 millones 164 mil 756.77 pesos que fueron concedidos a cuenta del fondo de ahorro y nunca fueron devueltos a la Tesorería. La lista incluye 148 nombres y los préstamos van de los 323 mil 182.49 pesos, el más alto, a 40 mil 880.41 el más bajo. Los denunciantes también piden que se indague el destino de 500 millones de pesos producto de un acuerdo firmado el 16 de marzo de 2007 entre en el entonces director de LyFC, Jorge Gutiérrez Vera, y el dirigente del SME entre otros funcionarios y representantes sindicales. Del total, la paraestatal le entregó al sindicato 200 millones para la “revisión de Convenios y Acuerdos Departamentales de los distintos grupos y escalafones”, y 300 millones para “abatir el rezago en el otorgamiento de préstamos para el programa habitacional”. Según los denunciantes Esparza jamás rindió cuentas de ese dinero. Lo mismo sucedió, afirman, con mil 580 millones de pesos que, supuestamente, se recaudaron por el descuento extraordinario de cuotas sindicales para la construcción del edificio nuevo del SME, ubicado en Avenida Insurgentes Centro, número 98, en la colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc. La construcción del edificio –que tendría un costo de 128 millones de pesos– se pactó por mayoría en una Asamblea General Ordinaria Presupuestal celebrada el 26 de octubre de 2006 y, según el oficio 22902 dirigido al director del LyFC en turno, Luis de Pablo Serna, implicaba elevar de 1.5 a 3% el descuento a los trabajadores por concepto de cuota sindical, del 1 de noviembre de 2006 al 31 de octubre de 2007. El descuento se aplicó de la misma forma hasta la extinción de la paraestatal a pesar de que más de 20 mil jubilados solicitaron por escrito que se regresara la cuota sindical al 1.5% de descuento. Según la denuncia, Marroquín Castillo y José Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del SME, concedieron la construcción del nuevo edificio sindical, sin licitación de por medio, a BOSCO Edificaciones. Además, acusan, Marroquín equipó el nuevo edificio con escritorios, sillones de piel, sillas secretariales, pantallas, computadoras y demás mobiliario de oficina “a precio alzado” y mediante adjudicación directa con la empresa comercializadora Tralogic de Puebla SA de CV. Incluso señala la denuncia, se dispuso un baño con jacuzzi en la oficina del secretario general. Con Tralogic de Puebla también se negoció la entrega de mil 500 arcones navideños que fueron entregados a familiares y amigos del primer círculo de Esparza “sin que ninguna asamblea se los autorizara”. En el documento también se pide que el dirigente sindical rinda cuentas de las ganancias que obtiene con la renta de los inmuebles propiedad de los 65 mil agremiados: cuatro deportivos, seis edificios sindicales y la Escuela Técnica del SME. Dispendio y lujo Los jubilados disidentes instan a la autoridad federal que investigue las propiedades que posee el líder del SME, entre ellas: Un Penthouse en el Distrito Federal, casas y ranchos en Tlalhuelilpan y Juandho, casas en Pachuca, Necaxa y Puerto Vallarta, así como un terreno de 48 hectáreas en Tetepango Hidalgo y 26 vehículos de lujo. También reclaman que se indaguen los onerosos gastos que realiza el líder sindical –cuya dirigencia consideran ilegal porque fue impuesta por el gobierno federal—en los viajes de trabajo que realizan Esparza y sus allegados a distintos puntos del mundo con cuotas del gremio. Como una de las pruebas del dispendio que hace en sus viajes al extranjero el líder del SME, en el expediente se incluye el estado de cuenta de una de sus tarjetas de crédito de Scotiabank número 5442040000017591 que utilizó en un viaje a Las Vegas en febrero de 2009. En sólo dos días, el 9 y 10 de febrero de ese año hizo compras por 84 mil 940.7 pesos en tiendas como Abercrombie & Fitch, por 14 mil 44.25 pesos; Scruples The Forum, por cinco mil 492.38 pesos; Louis Vuiton, por 36 mil 589.83 pesos; Jockey Store, por tres mil 830.93 pesos; Boulevard Cameras, por siete mil 336.68 pesos, Lacoste, por 11 mil 975.82 pesos; The Childrens Place, por mil 414.37 pesos y Polo Ralph Lauren, por cuatro mil 256.44 pesos. El gusto de Esparza Flores por la charrería también sale a relucir en la denuncia interpuesta en su contra. En ella se pide hacer una investigación a fondo del “donativo” que hizo el líder gremial a la Asociación de Charros de Juandho para que nombraran a su hija Reina de los Charros: dos camionetas de lujo Cheyenne con remolque para caballos y ocho sillas de montar. Asimismo piden investigar la compra de “cientos” de gallos de pelea raza kelso y hatch, presuntamente adquiridos por el líder sindical en Alabama, California y Texas; Estados Unidos, con un costo de mil dólares cada uno. El expediente incluye también una factura presuntamente apócrifa de la “Fabrica de Ropa Industrial, Escolar y Deportiva” número 467 de fecha 19 de junio de 2008, por la supuesta compra de mil playeras marca Reebok. La dirección de la factura es inexistente, se afirma en la denuncia y se afirma que es una práctica recurrente en la que incurre Esparza para justificar gastos. Marroquín Castillo prestanombres Los jubilados disidentes afirman que Esparza Flores se ha enriquecido con las cutas y bienes del gremio a través de su “prestanombres” José Heriberto Marroquín Castillo, quien posee varias propiedades en Hidalgo, de donde es originario Esparza Flores. De acuerdo con la denuncia, Marroquín Castillo fungía como secretario particular de Esparza y tenía un salario semanal de mil 200 pesos y fungía como “chofer” del líder del SME por lo que consideran ilógico que con su sueldo haya podido adquirir propiedades. Una de ellas es una notaría que le otorgó el 1 de enero de 2007 el gobierno de Hidalgo, según consta en el Periódico Oficial local de esa fecha. Se trata de la Notaría Pública No. 9 del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo con residencia en Corregidora 103 colonia Centro, en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo. Los jubilados señalan en la denuncia que la notaría le costó 38 millones de pesos al SME y que a través de ésta Marroquín ha legalizado y protocolizado “sus” bienes y los de otros dirigentes. Sólo en Pachuca, Hidalgo posee tres propiedades, dos de ellas con valor catastral de un millón 141 mil 250 pesos, según boletas prediales a su nombre incluidas en la denuncia. Por si fuera poco, el 23 octubre de 2009, 11 días después de que la Policía Federal tomó las instalaciones de LyFC en la ciudad de México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el título de concesión otorgado a Marroquín tres meses antes de la extinción, el 23 de julio de ese año, para “instalar y explotar una red pública de telecomunicaciones para la prestación del servicio de televisión restringida” por 30 años y con opción de prórroga. Marroquín es acusado además de haberse apropiado, con el consentimiento de Esparza, de dos camionetas –una Ford Edge y una Mariner Marcury ambas modelo 2008—y de “regalar” una camioneta Honda CRV 2207, propiedad del SME, a su chofer Daniel Trejo Reyes. No es todo: al exsecretario particular del líder del SME también le imputan la venta de notas o plazas a través de su hijastro Emmanuel Brito Barrrios, quien estuvo en la cárcel acusado de fraude y, según los denunciantes, salió de prisión luego de que Esparza Flores pagó “millones de pesos”. Como prueba de ello, la denuncia incluye diversos pagarés que van desde los 25 mil hasta los 90 mil pesos, que le firmaban personas a quienes les prometía ingresar a LyFC. Según el puesto que solicitaban, era la cantidad de dinero que se les exigía. En la venta de plazas también participaban Guillermo Villegas Torres, Gonzalo Rubí Frontana e Irving Uriel Martínez Sandoval. En el expediente se incluyen oficios de denuncia girados a Mateo Huarte T. procurador de la Comisión de Autónoma de Justicia del SME, quien –aseguran—nunca dio respuesta. Los denunciantes también solicitan se investigue la “venta doble y hasta triple” de las casas y departamentos que promovía el sindicato en sus proyectos habitacionales desde hace más de 20 años, es decir en la administración de Esparza y la de sus antecesores Rosendo Flores, Jorge Sánchez García y Pedro Bernardo Castillo Medellín. Alrededor de 20 mil casas y departamentos, algunos de ellos ubicados en desarrollos habitacionales e inmobiliarios de la Constructora Alteq y otros “más añejos” de las Constructoras CAABSA y SAPORO, carecen de escrituras, y en muchos casos no se han entregado las viviendas ni los terrenos, se afirma en la denuncia. En otro punto del documento se acusa a Amalia Vargas Ríos y Eduardo Bobadilla Zarza de falsificación de un poder notarial para disponer de tres billetes de depósito, números V012749, V027150 y V027151, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC por la cantidad de 21 millones 55 mil 289.23 pesos. Según la denuncia, Esparza Flores también ha desviado dinero de las cuotas sindicales para apoyar al fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador. Lo acusan de haberle entregado “por años” entre tres y seis millones de pesos para su movimiento. De hecho, el 27 de junio de 2012, en medio de la rebatinga por la dirigencia del SME, el entonces Tesorero del gremio Alejandro Muñoz Reséndiz, declaró en una entrevista con Oscar Mario Beteta que Esparza entregó al menos 66 millones de pesos al Tabasqueño de 2006 a 2012 para financiar el plantón en Reforma y para un movimiento de apoyo a Obrador. Muñoz afirmó en esa ocasión que él en su calidad de Tesorero, entregaba notas de consumo de un millón de pesos por semana y de ahí se salía el dinero para López Obrador que era entregado mensualmente, en efectivo, en maletines que le daban a sus colaboradores cercanos en el restaurante “El Círculo del Sureste”. El excandidato presidencial de la izquierda no sería el único apoyado por el SME. En la denuncia se pide investigar la entrega de al menos 15 millones de pesos para las campañas a presidencias municipales, en el estado de Hidalgo, de Marco Aurelio Estrada Flores, de Tetepango, Roberto Esparza Flores por Tlahuelilpan y Clemente Cornejo Cerón, por Tezontepec de Aldama. Presuntamente Esparza Flores también apoyó las candidaturas a diputados federales por el PRD de Alfredo Soto, Jorge Herrera Ireta y José Luis Olivares. Denuncia en trámite El 20 de noviembre de 2013 el delegado de la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo de la PGR en el Distrito Federal, Benjamín Marina Martín, solicitó mediante oficio DDF/11044/2013 a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Investigación de Delitos Federales y Financieros, la atracción de la indagatoria por el presunto delito de “enriquecimiento ilícito y otros”. Tres semanas después, el 6 de diciembre, el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, Raúl García Chávez, declinó –mediante el oficio UEIDFF/3347/2013—atraer la investigación “en razón de especialidad” y solicitó iniciar investigaciones por delincuencia organizada. De acuerdo con la más reciente constancia ministerial relacionada con los avances de la investigación, efectuada el 3 de septiembre pasado, el agente del MP que lleva el caso, Ignacio Moctezuma Domínguez, informó a Rodolfo Bonilla Gómez: “…A la fecha se hace de su conocimiento que por la trascendencia, magnitud y calidad de los probables indiciados Martín Esparza Flores, José Heriberto Marroquín, Jorge Sánchez García y otros, como probables responsables del delito de recursos de procedencia ilícita y otros, dicha indagatoria se encuentra en integración para obtener las pruebas y en su oportunidad se planteará la remisión de la misma hacia una fiscalía especializada de la institución”. El SME llega a sus 100 años de vida así, en medio de pugnas internas y saldos pendientes de cumplir con la justicia.