Oaxaca, México.-El Diagnóstico de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca revela que la población con discapacidad en el estado padece condiciones de pobreza y carece de acceso a sistemas de protección social, además de que presenta un alto índice de rezago educativo y sufre de exclusión social a causa del rechazo y la discriminación por parte de otras personas.

 La coordinadora general de Fortalecimiento a la Cultura de los Derechos Humanos, Irma Lucía González Espinoza, informó que en la elaboración de ese diagnóstico intervino la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

 De acuerdo con ese estudio, detalló la servidora pública, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática registró en 2010 que en Oaxaca residían 198,324 personas con discapacidad, quienes todavía afrontan un fuerte problema de discriminación que no les permite acceder a sus derechos plenamente.

 Explicó que las personas con discapacidad se ven limitadas para acceder a servicios como educación, atención médica especializada y protección social, además de que tienen serias dificultades para obtener empleo y por su condición les limitan la participación política.

 González Espinoza recordó que en la elaboración del diagnóstico participaron –además de la Defensoría– la Coordinación estatal para la Atención de los Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y expertos en el tema de la discapacidad.

 El análisis efectuado por todas esas instancias, dijo, muestra que las mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad viven una doble marginación y discriminación, que en algunos casos se manifiesta a través de la segregación, la infantilización y el impedimento para tomar decisiones.

 Señaló que el diagnóstico permitió la identificación de los obstáculos que impiden el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, por lo cual el documento contiene una serie de recomendaciones, como la de erradicar la perspectiva asistencialista que aún se identifica en las políticas públicas, pues ésta impide a las personas con discapacidad ser consideradas como sujetos de derecho.

 González Espinoza enfatizó que es importante –como el diagnóstico lo recomienda–promover una cultura de la no discriminación de las personas con discapacidad, lo que ayudará a evitar que estas personas continúen segregadas, a fin de lograr su inclusión funcional en la sociedad.

 La representante de la Defensoría subrayó que el acceso a los derechos humanos de las personas con discapacidad debe estar garantizado por el Estado, el cual debe eliminar las barreras sociales, físicas y económicas que impiden el pleno ejercicio y goce de sus derechos a estas personas.

 Añadió que se necesita difundir y fortalecer los conocimientos sobre derechos humanos de las personas con discapacidad, y para ello es fundamental promover un enfoque de derechos en las políticas públicas, a fin de garantizar el acceso y la protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

 González Espinoza consideró que con el diagnóstico se visibiliza que la situación de las personas con discapacidad les impide el pleno ejercicio de sus derechos, lo que hace evidente la necesidad de promover entre la sociedad y el gobierno una cultura incluyente que permita el pleno reconocimiento de sus derechos.