Cimacnoticias | México, DF.Las tres estudiantes detenidas arbitrariamente en un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, por haber participado en la manifestación del 20 noviembre por la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, enfrentan obstáculos para comunicarse con sus familias, y con las y los abogados que las defienden. Luego de la embestida violenta (según dijeron testigos) del pasado 20 de noviembre, cuando granaderos arremetieron contra las y los manifestantes –para obligarlos a desalojar el Zócalo capitalino al término de la protesta por Ayotzinapa–, 11 personas (entre ellas tres mujeres) fueron presentadas ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, y después consignadas a un penal de máxima seguridad en Tepic, acusadas de los delitos de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa. Las tres jóvenes detenidas son Tania Ivonne Damián Rojas, Hilary Analí González Olguín y Liliana Garduño Ortega, estudiantes sin antecedentes penales ni de “actividad subversiva”, como supuestamente declararon cinco policías en su contra (principal prueba por la que ellas fueron enviadas al reclusorio). El penal federal número 4 –único en todo el país para mujeres– está en Nayarit, mientras que en Xalapa, capital del estado de Veracruz, se ubica el Juzgado 17 de Distrito, donde actualmente se decide la situación jurídica de las 11 personas detenidas. Al penal de Villa Aldama, en Veracruz, fueron consignados los ocho varones. Alejandro Jiménez Padilla, uno de los abogados que lleva los casos de los 11 detenidos, dijo vía telefónica desde Xalapa que la distancia es el principal obstáculo para que el equipo de Derechos Humanos (integrado por varias organizaciones civiles) esté en comunicación con las jóvenes presas y con su defensor de oficio, y para que sus familias (quienes sólo pudieron viajar a Tepic el pasado fin semana) puedan ir a visitarlas. Jiménez Padilla, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, explicó que una de ellas (Liliana Garduño) es madre y desde su detención no ha podido ver a su hijo. El litigante apuntó que de ser declaradas culpables por alguno de los delitos que se les imputan, las jóvenes ingresarían a la sección del penal donde están las personas acusadas de secuestro, homicidio, trata de personas y narcotráfico. Además, abundó, para las familias sería muy complicado visitarlas porque viven en el Distrito Federal y no pueden descuidar sus empleos. “ARBITRARIEDAD DEL EJECUTIVO” El abogado exigió al Ejecutivo federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, que no cometa estas arbitrariedades, ya que (según las pruebas entregadas a la defensoría de oficio de las jóvenes) ellas sí participaron en la marcha del 20 de noviembre, pero no agredieron a los policías que las acusan. El grupo defensor de DH presentó a la defensoría de las detenidas documentos que demuestran que son estudiantes y que no tienen antecedentes penales, así como testimonios, videos y fotografías que comprueban la forma violenta en la que fueron aprehendidas. Juan de Dios Hernández Monge, abogado del Instituto Mexiquense de Derechos Humanos (otra de las organizaciones del grupo defensor), dijo que la detención de las jóvenes fue “arbitraria” porque no fueron arrestadas en flagrancia, y porque no se presentaron las pruebas suficientes (fotos o videos) que demuestren los supuestos ilícitos en los que habrían incurrido. Por el contrario, las estudiantes fueron detenidas por la declaración de cinco policías que aseguran que entre las y los detenidos se llamaban “compas”, y supuestamente formaban parte de un “colectivo subversivo”. De acuerdo con Hernández Monge, una vez que fueron llevadas a la SEIDO, las y los jóvenes detenidos no tuvieron acceso a un abogado particular, no se les leyeron sus derechos ni se les informó sobre quién sería su defensor. Además –abundó el abogado– padecieron tortura psicológica y abuso de autoridad. Por ejemplo, en el caso de Hilary Analí González Olguín, estudiante de noveno semestre de Ciencia Política en la UNAM, se documentó que fue brutalmente golpeada por los policías, y por ello tiene las costillas lastimadas, golpes en la cara, y un derrame en el ojo. Asimismo, a 24 horas de su detención no se le había permitido ver a su abogado. Mientras, Tania Ivonne Damián Rojas, estudiante de tercer semestre de Sociología en la UNAM, fue detenida en calles aledañas al Centro Histórico, subida a un camión y llevada a la SEIDO. Ella contó a sus familiares que la golpearon durante la detención y que estuvo incomunicada durante 25 horas. Igualmente, la obligaron a rendir una declaración que había sido preparada por una licenciada que ella no conocía, bajo amenaza de que de no hacerlo le serían imputados otros delitos. Tiene un golpe en el ojo derecho y varios hematomas en los brazos. Liliana Garduño Ortega, estudiante de preparatoria abierta, estaba tomando fotos en las inmediaciones del Zócalo cuando fue derribada por las personas que huían de la policía al inicio de la represión. Al caer al suelo, los agentes la patearon varias veces en la cabeza. ACTIVIDAD ESTUDIANTIL Los abogados coincidieron en que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (a la que pertenecen dos de las jóvenes detenidas) ha sido crucial para probar la inocencia de los estudiantes, demostrar la arbitrariedad de su detención, y exigir su liberación inmediata. En la facultad, las y los estudiantes de las diferentes carreras están juntando firmas para que José Narro Robles, rector de la UNAM, se pronuncie a favor de las jóvenes y exija su libertad inmediata. También reunieron cartas y documentos que comprueban que Hilary está realizando su tesis sobre movimientos sociales. Compañeras cercanas a Tania Damián Rojas –que no quisieron dar sus nombres por temor a represalias– informaron a Cimacnoticias que la joven es una persona tranquila, y que no tiene actividad política permanente con algún colectivo en la facultad. Todas coincidieron en que fue “bastante sorpresivo” que la llevaran presa. A decir de estudiantes de Ciencia Política, Hilary es una persona  muy comprometida con la comunidad estudiantil. “Es reservada, tímida y muy tranquila”, agregaron. Carlos, un estudiante que conoció a ambas jóvenes durante las asambleas en las que se decidió el paro de 72 horas en la UNAM, en apoyo a Ayotzinapa, explicó que si bien las dos estudiantes participaban en las movilizaciones ninguna sostenía discursos “incendiarios” ni dieron indicios de alguna militancia.