Martes 04 de noviembre, 2014. 08:36 pm
En caso Iguala hubo errores garrafales, concluye Comisión
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Oaxaca,México.-El presidente de la Comisión Especial del Caso Iguala, Guillermo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN), concluyó que en el fuero común y en el federal se cometieron irregularidades graves en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al presentar el resumen de actividades de la Comisión Especial, Anaya Llamas agregó que se cometieron también “garrafales errores” como el de no actuar puntualmente como lo establecen los protocolos internacionales de organismos de derechos humanos, pues en casos de este tipo, “es vital la actuación de la autoridad en las primeras 72 horas”, pues una desaparición forzada tiene por lo menos tres elementos básicos:
La primera: la privación de la libertad, el no saber dónde están los jóvenes; el segundo, que la privación de la libertad haya sido hecha por particulares o por la autoridad, en este caso los policías municipales; y, tercero, la negación del paradero hasta el día de hoy de los jóvenes.
Comentó que todo esto, no excluye la sanción por omisión de todos los responsables jerárquicos y de todos aquellos que hicieron caso omiso de su responsabilidad de proteger cuando tuvieron noticias de los hechos que sucedían en Iguala, incluso de preverlos conociendo los antecedentes criminales del ex alcalde y de sus familiares.
El panista comentó que debe evitarse la zozobra que ya sufrieron por la desaparición de sus familiares y adelantó que sus actividades de seguimiento aún continúan, y aún faltan muchas diligencias por desahogar y diversas autoridades que todavía deben remitirnos información.
Como inspección ocular en Iguala se contó con el apoyo técnico de servicios periciales, reuniones de trabajo con las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Gobernación; la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Comisión Nacional de Seguridad Pública, reunión con el gobernador interino y el fiscal general de justicia de Guerrero, reunión con el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas y sostener también reunión de trabajo con el equipo argentino antropólogo forense, sostuvo.
“Reiteramos que las investigaciones deben desahogarse en un plazo razonable, pero tampoco pedimos de una solución rápida y a contentillo en detrimento de la verdad de los hechos. Conocemos a las víctimas, hay señalamientos claros de quiénes fueron parte de los ejecutores, contra quienes ya se han ejercido diversas acciones penales, pero aún falta complementar esas acciones con el esclarecimiento del paradero o la suerte de los estudiantes desaparecidos”, detalló el panista.
Al presentar el resumen de actividades de la Comisión Especial, Anaya Llamas agregó que se cometieron también “garrafales errores” como el de no actuar puntualmente como lo establecen los protocolos internacionales de organismos de derechos humanos, pues en casos de este tipo, “es vital la actuación de la autoridad en las primeras 72 horas”, pues una desaparición forzada tiene por lo menos tres elementos básicos:
La primera: la privación de la libertad, el no saber dónde están los jóvenes; el segundo, que la privación de la libertad haya sido hecha por particulares o por la autoridad, en este caso los policías municipales; y, tercero, la negación del paradero hasta el día de hoy de los jóvenes.
Comentó que todo esto, no excluye la sanción por omisión de todos los responsables jerárquicos y de todos aquellos que hicieron caso omiso de su responsabilidad de proteger cuando tuvieron noticias de los hechos que sucedían en Iguala, incluso de preverlos conociendo los antecedentes criminales del ex alcalde y de sus familiares.El panista comentó que debe evitarse la zozobra que ya sufrieron por la desaparición de sus familiares y adelantó que sus actividades de seguimiento aún continúan, y aún faltan muchas diligencias por desahogar y diversas autoridades que todavía deben remitirnos información.
Como inspección ocular en Iguala se contó con el apoyo técnico de servicios periciales, reuniones de trabajo con las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Gobernación; la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Comisión Nacional de Seguridad Pública, reunión con el gobernador interino y el fiscal general de justicia de Guerrero, reunión con el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas y sostener también reunión de trabajo con el equipo argentino antropólogo forense, sostuvo.
“Reiteramos que las investigaciones deben desahogarse en un plazo razonable, pero tampoco pedimos de una solución rápida y a contentillo en detrimento de la verdad de los hechos. Conocemos a las víctimas, hay señalamientos claros de quiénes fueron parte de los ejecutores, contra quienes ya se han ejercido diversas acciones penales, pero aún falta complementar esas acciones con el esclarecimiento del paradero o la suerte de los estudiantes desaparecidos”, detalló el panista.
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