Oaxaca, México.-En un caso derivado de las pesquisas sobre la fallida investigación Rápido y Furioso, un reporte del Departamento de Justicia consignó que agentes y fiscales federales permitieron el contrabando a México de partes de granadas para su posible uso por narcotraficantes mexicanos. Un reporte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia estadunidense afirmó que agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF) y fiscales federales en Arizona “pusieron en peligro” la seguridad pública. Según el informe, al investigar la fracasada operación Rápido y Furioso la Oficina del Inspector General se enteró de que la ATF había permitido que Jean Baptiste Kingery, un sospechoso de contrabando, comprase partes de granadas. La oficina del ATF en Phoenix fue la misma que autorizó la operaciónRápido y Furioso, en la que se permitió la venta legal de armas a elementos considerados como “compradores de paja”, con la esperanza de seguir su rastro hasta los cárteles mexicanos de la droga. La operación fracasó y provocó un escándalo que obligó al retiro de varios de los agentes que participaron en ella. De acuerdo con Mike Brunkner, reportero de la cadena de televisión NBC, el inspector general del Departamento de Justicia señaló que en los dos casos se trataba de la utilización de estrategias y tácticas similares, que permitieron que armas peligrosas quedaran en posesión de peligrosas bandas de delincuentes mexicanos. En el caso de la granada, el informe dijo que agentes de la ATF se enteraron en octubre de 2009 que el estadunidense Kingery había pedido grandes cantidades de componentes de granadas de mano a un distribuidor de excedentes militares, vía internet. Los agentes sospecharon que Kingery tenía la intención de pasar las partes de contrabando a México, para ser convertidas en granadas “vivas”, y venderlas a los cárteles mexicanos de la droga. Siempre de acuerdo con el reporte, en lugar de arrestar a Kingery cuando intentaba pasar las partes a México, agentes de la ATF interceptaron dos envíos y los marcaron para que pudieran ser identificados más tarde. Luego permitieron su entrega. Pero mientras vigilaban para ver si Kingery hacía el contrabando de partes a México, en violación de la Ley de Control de Exportación de Armas de Estados Unidos, los agentes perdieron la pista del sospechoso. Después se descubrió que había viajado a México durante el periodo en que estuvo sin vigilancia. Meses más tarde, puntualizó el informe, la ATF descubrió que “dos granadas vivas recuperadas en una escena del crimen en México contenían componentes que llevaban las marcas de la ATF, del tipo utilizado en los componentes suministrados a Kingery”. La policía mexicana afirma que algunos de esos componentes fueron usados para montar granadas “vivas”, utilizadas por los traficantes de drogas para atacar a la policía. El informe también criticó a funcionarios de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Arizona, por negarse a procesar a Kingery después de ser arrestado en junio de 2010 por agentes de Aduanas y la Patrulla Fronteriza, cuando intentaba pasar a México municiones y partes de granada. “Esta falta de acción refleja la inadecuada consideración de los agentes y fiscales del riesgo para la seguridad pública en Estados Unidos y México creado por las actividades ilegales de Kingery”, concluyó el informe. Después de que los fiscales de Estados Unidos se negaron a acusarlo —en parte por esperanzas de la ATF de usarlo como informante—, Kingery regresó a México, donde fue detenido por violar las leyes de crimen organizado. La ATF ha estado bajo escrutinio desde el escándalo provocado por las revelaciones en torno a la fallida operación Rápido y Furioso, que tuvo lugar de 2006 hasta 2011. Una parte importante del escándalo fue la revelación de que armas de fuego marcadas por agentes de la ATF fueron encontradas en el lugar donde el agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry fue asesinado  a balazos en diciembre de 2010, muy cerca de la frontera con México.   El otro operativo Rápido y Furioso fue el nombre que se le dio al plan de acción que tomó la ATF para permitir la venta de armas a presuntos criminales y dejarlas pasar en la frontera  con México con el objetivo de rastrearlas y darles seguimiento, esperando encontrar a los responsables que trafiquen armamento y termine en manos de narcotraficantes. La ATF permitió que 2 mil 500 armas fueran compradas ilegalmente y transportadas a México, donde grupos de narcotraficantes combaten entre ellos y con las autoridades por el control de las calles. La controversia por Rápido y Furioso surgió en diciembre de 2010, después de que dos rifles de asalto comprados por una persona que ahora está presa fueron utilizados en un tiroteo en Arizona.