Oaxaca, México.-El Consejero Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Bernardo Rodríguez Alamilla especificó que el ataque contra los estudiantes en Iguala, Guerrero, no concierne exclusivamente a los normalistas, sino a toda la sociedad, y por eso la responsabilidad recae no sólo en el gobierno municipal, sino en el Estado mexicano completo, que fue omiso para la prevención del crimen y, luego, para darle solución. Durante la sesión pública del Consejo Ciudadano de la Defensoría, Rodríguez Alamilla manifestó que aunque algunas voces afirman que la responsabilidad sobre ese crimen es del gobierno municipal, se debe tomar en cuenta que es un caso de desaparición forzada, tiene que ver con la corrupción, la impunidad y la falta de seguridad pública, males por los que el Estado debe dar cuenta a la comunidad internacional y a la sociedad mexicana. El Consejero Ciudadano  de la Defensoría explicó que el de Iguala es un caso en el que hubo muchísimas omisiones, y el Estado debe generar respuestas integrales a través de la política pública para evitar que actos de este tipo se vuelvan a repetir, pues las causas de lo que ocurrió no tienen que ver únicamente con las escuelas normales o los municipios. Rodríguez Alamilla insistió en que el caso de Ayotzinapa  tiene que ver con  las condiciones que permean en el país en temas como la impunidad, la falta  seguridad pública, la intromisión de la delincuencia organizada en las estructuras de seguridad  municipales, estatales y federales, la falta de observancia de las autoridades estales y federales en este caso, “en el que hay comisión por omisión”. Puntualizó que en Oaxaca, que comparte similitudes con el estado de Guerrero, “hemos tenido pequeñas muestras de lo ocurrido en Ayotzinapa, en comunidades en las que personas que han llegado a ser autoridades municipales se convierten en caciques institucionales, por ello es importante que el Estado empiece a generar una serie de respuestas integrales para tratar que esto no se repita nuevo, y exista una responsabilidad y una aceptación de esta responsabilidad” por este tipo de delitos. En la misma sesión pública, el Consejero Héctor Lorenzo Estrada, abogado laborista, recordó la propuesta de que la Defensoría emitiera una alerta temprana respecto al tema de los normalistas,  pues es necesario que la autoridad en la entidad consideré las condiciones en las que se encuentran estos centros de estudio. La Consejera Ciudadana Martha Julia Avendaño Córdova señaló, por su parte, que la Defensoría debe informar sobre las acciones que ha realizado respecto al tema de Ayotzinapa y las medidas que aplica en este caso. A su vez, el Consejero Ciudadano Pedro Matías insistió en que la Defensoría tiene que acompañar a la familia del estudiante oaxaqueño desparecido y también a la familia del estudiante que está herido. Ante estos requerimientos, el coordinador general de Defensorías Juan Rodríguez Ramos detalló que la Defensoría estableció tempranamente contacto con los familiares del ambos estudiantes. El servidor público anticipó que la Defensoría dará a conocer próximamente las diversas acciones que realiza en este caso. Por último, la Consejera Ciudadana Sara Méndez Morales recalcó que la crisis que se enfrenta en Guerrero muestra fallas en el Estado nacional, y hace forzoso que la ciudadanía exija una aplicación más eficaz del marco jurídico de los derechos humanos.