Oaxaca,México-La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  que en el país continúan la criminalización y el riesgo para activistas y mujeres periodistas, que de 2010 a 2013 se tradujo en 398 agresiones. Durante el periodo extraordinario de sesiones que realiza la CIDH en el Palacio de Minería en esta capital, el lunes 11 de agosto la red de defensoras pidió a las y los comisionados considerar el alto grado de vulnerabilidad y riesgo que enfrentan las defensoras que solicitan medidas cautelares ante el mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Asimismo demandaron que el organismo pida información al Estado mexicano sobre la implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, particularmente sobre los indicadores de género para la evaluación del riesgo y la aplicación de medidas de protección. Asimismo señalaron que los datos de las organizaciones contrastan con la información de la Secretaría de Gobernación, que señala que de 2012 a septiembre de 2013 se registró una agresión contra una defensora y seis contra mujeres periodistas. Por ello dijeron que se debe solicitar una comunicación al Estado mexicano en la que se recomiende la adopción de medidas concretas, adecuadas y efectivas para prevenir e investigar, con enfoque de género, los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra las periodistas y defensoras, y para enjuiciar y castigar a sus autores. Para ejemplificar las agresiones contra defensoras, la red presentó  cinco casos, entre ellos las agresiones a Teresa Ulloa Ziaúrriz, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), quien desde el pasado 10 mayo ha recibido mensajes con connotación sexual en su teléfono celular. Otro caso es el de Alba Cruz, coordinadora del Área Jurídica del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGODH) en Oaxaca, quien cuenta con medidas cautelares de la CIDH desde el 2007, y sin embargo el pasado 8 de julio su organización recibió amenazas vía telefónica por su labor y la defensa jurídica de activistas. También se presentó la situación de Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, quien ha sido agredida por defender comunidades en esa región del estado de Oaxaca, frente a los proyectos de empresas eólicas. Otro caso más son las campañas de difamación y desprestigio contra Alejandra Ancheita, fundadora y directora ejecutiva de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), quien ha sido calificada por medios de comunicación como “la abogada del diablo” por su oposición a las empresas mineras y energéticas trasnacionales. La red también mencionó el asesinato en Culiacán, Sinaloa, de Sandra Luz Hernández, activista que desde 2012 inició la búsqueda de su hijo, quien a la fecha está desaparecido. La mujer fue asesinada por arma de fuego a plena luz del día tras reunirse con autoridades estatales, quienes le informarían sobre los avances en las investigaciones del caso. De acuerdo con la red de 2002 a abril de 2014, 43 defensoras y una  periodista han sido beneficiarias de medidas cautelares por parte de la CIDH, por ello la insistencia de que el organismo considere el riesgo en que viven las activistas y comunicadoras.