Oaxaca, México.- Ex dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) celebraron este viernes la detención de Bulmaro Rito Salinas, ex presidente del Congreso local y ex director del Coplade, y demandaron que el actual proceso por peculado sea acompañado por causas por su responsabilidad intelectual y material en los crímenes cometidos contra el movimiento social de 2006 y 2007.

En ese sentido se pronunciaron en conferencia de prensa Flavio Sosa Villavicencio, ex vocero de la APPO y preso político; César Mateos Benítez, ex integrante de la dirigencia appista, quien inició juicios políticos y demandas penales contra el entonces gobernador Ulises Ruiz, y Gilberto López Jiménez, quien como litigante desmanteló casos jurídicos del gobierno ulisista contra activistas de esos años.

“Celebramos la voluntad política que el gobernador Gabino Cué muestra con la detención de uno de los criminales más peligrosos que han asolado a Oaxaca en los últimos años”, externó Flavio Sosa, quien sin embargo consideró insuficiente acusar a Rito Salinas solamente de peculado, dada su responsabilidad en los crímenes cometidos desde el gobierno contra la rebelión popular.

Demandaron justicia para José Jiménez Colmenares, Lorenzo San Pablo, Pánfilo Hernández y las más de 20 personas asesinadas por policías o “caravanas de la muerte” durante el conflicto; para Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y las y los demás desaparecidos políticos; Emeterio Merino Cruz y el resto de las y los activistas que sufrieron lesiones graves por la brutalidad policiaca.

También señalaron la necesidad de que no haya impunidad para los responsables de la tortura infligida a las y los opositores al régimen, y de las cerca de 300 detenciones realizadas de manera ilegal, mediante órdenes de aprehensión dictadas por consigna para intentar desmantelar al movimiento que buscó la destitución del entonces gobernador.

Advirtieron que el ahora detenido tiene responsabilidad como autor intelectual de esos crímenes contra el pueblo, junto con el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, la ex procuradora Lizbeth Caña Cadeza y los ex secretarios general de Gobierno y de Protección Ciudadana, Heliodoro Díaz Escárraga y Lino Celaya Luría, respectivamente, así como el ex jefe policíaco Manuel Moreno Rivas.

Flavio Sosa confió en que el gobierno estatal hará lo suficiente para evitar la impunidad sobre los crímenes políticos cometidos por Rito Salinas, pues lo contrario “sería una tomadura de pelo, una burla, una ofensa a la sociedad oaxaqueña”.

En ese sentido, señaló la necesidad de que el gobierno del estado instale de manera pronta la comisión de la verdad, destinada para investigar los crímenes cometidos desde el gobierno durante la represión al movimiento social de 2006 y 2007, creada mediante una ley aprobada el año pasado pero que hasta ahora el Poder Ejecutivo local no ha puesto en operación.

Pidió a la Fiscalía Especial Fiscal para los Delitos de Trascendencia Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca ––instancia que aborda los crímenes gubernamentales cometidos en el contexto de la represión–– que rinda un informe sobre lo que ha hecho hasta el momento y actúe en consecuencia.

Demandamos que la impunidad no prevalezca pues ella permite la repetición de los crímenes del pasado, dijo César Mateos, quien también llamó al gobernador Gabino Cué a continuar las acciones contra los criminales que agraviaron al pueblo de Oaxaca.

Recordó que, siendo diputado presidente del Congreso, en noviembre de 2006 Rito Salinas estuvo personalmente al mando de la operación para detener a Erick Sosa, hermano de Flavio que no participaba en el movimiento social, por lo que incluso fue iniciada la averiguación previa federal PGR/OAX/OAX/II/272/2008, en la que se acusa al funcionario de privación ilegal de la libertad y tortura.

Llamó igualmente a la Procuraduría General de la República a no ser omisa en ese caso y continuar el proceso contra Bulmaro Rito.

También pidió a la Auditoría Superior del Estado aportar información sobre las responsables de Rito Salinas en la construcción de la Ciudad Administrativa y la Ciudad Judicial, por la que el gobierno le sigue y seguirá pagando por 20 años al ahora detenido, y que causó un grave perjuicio al erario estatal.

Solicitó al Poder Judicial y a la Procuraduría estatales no ceder ante presiones, dado el altísimo poder económico que actualmente detenta el grupo político al que pertenece el detenido.