La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales –organismo que en 2011 entregó los terrenos de “dominio público” a la empresa inmobiliaria Desarrollos Turísticos Aramara SA de CV– debió echar marcha atrás a dicha decisión y reintegrar esa franja de playa a los bienes de la nación, luego de que un juez concediera el “amparo de la justicia federal” a la comunidad indígena Nueva Villa de San Blas, cuyo Comisariado de Bienes Comunales se inconformó con la privatización de estas tierras, ya que albergan un recinto ritual ancestral.

Así, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Distrito en materias de Amparo Civil, Administrativo, del Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en favor de los huicholes de San Blas, la Semarnat se vio obligada a publicar, hace diez días, una nueva resolución por medio de la cual “se abroga el acuerdo por el que (en 2011) se desincorporó del régimen de dominio público la superficie de 354 mil 364.89 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, ubicados en Playa del Rey“.

Estos 354 mil 364 metros cuadrados recuperados por los huicholes de San Blas, cabe destacar, representan sólo 35% de las tierras costeras indígenas que, el 8 de junio de 2011, siendo presidente el panista Felipe Calderón Hinojosa, fueron entregados a inversionistas inmobiliarios para la creación de “desarrollos turísticos”, por lo que el restante 65% de la playa sagrada (645 mil 275 metros cuadrados) sigue en disputa.