Oaxaca, México-El pleno del IFAI ordenó a la Procuraduría General de la República dar a conocer versiones públicas de las minutas de acuerdos, reuniones, documentos de trabajo, informes de seguimiento de acuerdos y  correos electrónicos que contengan la información sobre la detención de 16 miembros de la policía de San Fernando por los hechos vinculados con asesinatos de migrantes. En la sesión pública, la comisionada Areli Cano indicó que la PGR declaró reservada la información por estar sujeta a una investigación pero indicó que bajo el “interés público” debe darse a conocer ya que el solicitante adujo “delitos de lesa humanidad” ya que los migrantes continúan usando al país de tránsito para llegar a Estados Unidos y se encuentran en riesgo. “Dichos actos atentaron contra la vida y seguridad de los migrantes incluyendo menores de edad, los actos no solo afectan a las víctimas, sino a sus familias, comunidades o lugares de origen así como la población del lugar de los hechos, pues atenta y crea un temor en la sociedad ante crímenes de tal magnitud y cantidad que se han ido reiterando con el tiempo, por lo que es de interés público que se dé a conocer la información solicitada con los hechos acaecidos en San Fernando y que se garantice el derecho a la verdad que pertenece a las víctimas, sus familias y la sociedad en general y por ello se propone revocar la respuesta de la Procuraduría General de la República”, indicó. Por su parte, el comisionado Óscar Guerra Ford indicó que éste caso es excepcional e implica un cambio en la manera de resolver del “nuevo IFAI”. “Un cambio fundamental en el nuevo IFAI de lo que a nosotros corresponde de ver cuándo determinados acontecimientos caen en esta tipificación de ser delitos de lesa humanidad o de afectación grave a los derechos humanos para no aplicar el causal de reserva que en averiguaciones previas se aplica y es un caso excepcional y la nueva ley que tendrá que redactar el Congreso podrá darse una nueva redacción para evitar esta confusión”, explicó. En esta sesión, también se instruyó a la PGR dar a conocer 11 expedientes de la masacre de Tlatelolco en 1968 de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, mismos que fueron desclasificados en 2011, pero que la procuraduría declaró en una primera instancia que eran inexistentes y después que podrían estar en unas carpetas con 19 mil 700 fojas que implicarían un costo para el particular de 9 mil pesos, sin tener la garantía de que la información que pedía estaba en esos documentos.