Oaxaca, México.- El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, advirtió que autoridades gubernamentales y empresas deben revisar y modificar sus mecanismos de actuación en relación con la explotación minera, la instalación de plantas para la generación de electricidad a partir de energía eólica y en la construcción de la presa Paso de la Reina.

Al participar en la ceremonia por el XIX aniversario del asesinato del dirigente universitario Nahum Carreño Vásquez, el Defensor del Pueblo señaló que los mecanismos empleados por empresas y permitidos por distintos niveles de gobierno ya generaron inconformidad y denuncias sobre la falta de consulta o la realización de consultas amañadas, en contravención de lo dispuesto por el marco internacional de los derechos humanos.

Ante la comunidad universitaria de la UABJO, Peimbert Calvo detalló que los principios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en esta materia se apoyan en tres pilares: el deber del Estado de proteger los derechos humanos; la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, y la necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación de las víctimas de abusos relacionados con las empresas.

Tras hacer un recuento detallado de las obligaciones que la ONU marca a las empresas en materia de derechos humanos, el ombudsman aclaró que aún están por definirse las responsabilidades, como instrumentos vinculantes, para hacer efectivo y real el deber del Estado para proteger estos derechos.

Para que puedan funcionar los principios, puntualizó, se requiere de Estados fuertes que puedan limitar de distintas maneras la acción de las empresas, afirmó durante su ponencia “Nuevos Horizonte para los Derechos Humanos”, que se inscribe en el marco de la semana cultural, académica y deportiva con motivo del aniversario luctuoso del dirigente mencionado.

Peimbert Calvo expuso que la ONU considera el incumplimiento de esa responsabilidad por parte de las empresas una falta que podría afectar la capacidad de los compañías para contratar y mantener a su personal, obtener permisos, inversiones, posibilidades de llevar a cabo nuevos proyectos o ventajas similares esenciales para el éxito y la sostenibilidad de una empresa, lo que les implicaría, en el largo plazo, un riesgo para sus propios intereses.

Este riesgo, abundó, depende de Estados fuertes, capaces de condicionar la obtención de permisos, de gravar o no la circulación accionaria, de otorgar o no contratos, de permitir la distribución o no de productos o la prestación de servicios, dependiendo de que las empresas cumplan o no ciertos criterios, y que su acción u omisión pueda ser evaluada con indicadores basados en el respeto a los derechos humanos.

Añadió que no aparece a la vista alguna otra forma en que los grandes consorcios puedan comprender la relevancia del respeto a los derechos humanos. “El mensaje sólo podrán decodificarlo en su propio lenguaje: el de las ganancias y las pérdidas económicas”, sentenció.

El Defensor del Pueblo subrayó que la discusión sobre el tema es especialmente relevante en el Oaxaca de hoy, cuando la ejecución de diversos megaproyectos en el estado parece continuar en una lógica ajena a la progresión de los derechos humanos en el mundo.

“El establecimiento internacional de la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos puede ser un recurso de gran utilidad para que las personas y las comunidades de Oaxaca puedan hacer valer sus derechos, pero sólo bajo la condición de sostener el principio de que corresponde a los Estados el deber de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos”, culminó.