Anaiz Zamora Márquez/CIMAC Oaxca, México.- Por la mala atención en un parto, desde hace 13 años la indígena Irene Cruz Zuñiga vive postrada en una cama, mientras el Estado mexicano se niega a reparar el daño. Desde los años 90 Oaxaca es de las entidades con más rezago en el combate a la muerte materna (MM), que para 2012 alcanzó 79.6 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos; pero además de los decesos también están los casos de morbilidad materna (secuelas en la salud por deficiente atención durante el embarazo y el parto). Una muestra de que el problema no es nuevo es la historia de Irene Cruz Zúñiga, indígena mixteca víctima de morbilidad materna y quien lleva 13 años postrada en una cama y sobreviviendo con los cuidados de su madre, Maura Zúñiga García, y su hermana, Enimia Cruz Zúñiga. En junio de 2001, a sus 26 años, Irene esperaba el nacimiento de su primer –y único– hijo, de nombre Epafrodito. El 20 de junio, día del alumbramiento, fue auxiliada por una partera en su casa en el paraje de Barranca Fiera, perteneciente a la marginada comunidad de Morelos, en Oaxaca. Carlos Cruz Zúñiga, hermano mayor de Irene, recuerda que al no poder atenderla, la partera mandó a la joven a la unidad de salud “más cercana” a dos horas de distancia, en la cabecera municipal de Santa Cruz Itundujia. Su entonces esposo, Alberto Núñez Cruz, y sus padres llevaron a Irene, pero cuando llegaron, la tarde del 21 de junio, en el lugar no la pudieron atender porque la clínica no tenía el equipo necesario para emergencias obstétricas. Ella fue enviada al Hospital Rural del IMSS en el municipio de Tlaxiaco, lo que le implicó dos horas más de camino de terracería. Ahí le practicaron una cesárea de emergencia y le implantaron un dispositivo intrauterino (DIU) sin el consentimiento de ella o su familia. Durante la intervención la madrugada del 22 de junio, debido a una mala aplicación de anestesia, Irene presentó varios paros cardíacos que impidieron que el oxigeno llegara a su cerebro y le provocaron parálisis cerebral y la pérdida de movimiento. La mañana de ese día, Alberto Núñez fue informado de que la situación de     Irene y su hijo era grave, y sin más información la trasladaron al Hospital Civil de Oaxaca (Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, a tres horas de distancia en la capital del estado y perteneciente a los Servicios de Salud de la entidad). De acuerdo con el expediente médico, Irene salió de Tlaxiaco con un pronóstico de “Glasgow” (escala que evalúa el nivel de conciencia de las personas víctimas de traumatismo craneoencefálico) de “bueno para la vida, malo para la función”. El Hospital Civil le diagnosticó “encefalopatía hipóxica isquémica”, es decir pérdida total de la movilidad y razonamiento. Con ese diagnóstico Irene pasó a ser víctima de morbilidad materna y de violencia obstétrica, y años más tarde víctima de la falta de acceso a la justicia y de reparación integral del daño. SIN JUSTICIA Al ver el estado de salud de la mujer, su esposo Alberto Núñez pidió información al hospital de Tlaxiaco sobre las causas que provocaron el daño, pero al no recibir información se presentó ante el Ministerio Público del fuero común adscrito al Hospital Civil de Oaxaca el 30 de junio de 2001, donde denunció negligencia médica. Pese a la denuncia, dicen los hermanos y padres de Irene, nunca recibieron notificaciones o información relativa al curso de la investigación y al proceso legal. Fue hasta 2010, con el relevo en el gobierno estatal, que el expediente fue desempolvado. Según el relato de los padres de la mujer, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJO) cometió dilaciones y omisiones que entorpecieron el caso, ya que tardó mucho tiempo en pedir los informes médicos, no realizó los peritajes correspondientes, y el expediente quedó almacenado por años. Hasta el 19 de octubre de 2011 la PGJO determinó declinar la competencia a favor de la Procuraduría General de la República (PGR), en razón de que el delito fue cometido por servidores públicos del IMSS, que son del orden federal. Así, la instancia inició la averiguación previa AP/PGR/OAX/HL/195/2011. Fue hasta el 6 de julio de 2012 que la PGR encontró a la anestesióloga María de Lourdes Franco Vásquez como probable responsable del delito de lesiones culposas con la agravante de responsabilidad profesional, usurpación de profesión, y ejercicio indebido del servicio público. Por ello solicitó el auto de formal prisión en su contra. El 21 de agosto de ese año, el Juez Cuarto de Distrito dictó el auto de formal prisión contra Franco Vásquez. Pero la anestesióloga, tras pagar una fianza, interpuso un recurso de apelación que fue radicado en el Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en Oaxaca. En diciembre de 2013, el magistrado Rubén Pablo Ruiz Pérez, del Primer Tribunal Unitario, determinó que el delito había prescrito, resolución que dictó luego de solicitar la elaboración de un peritaje antropológico con perspectiva de género, para tener mayor conocimiento del contexto cultural, pues se trataba de una víctima de origen indígena. Antes de emitir el acuerdo judicial, el magistrado recibió un Amicus Curiae (argumentos jurídicos de especialistas sobre un caso) elaborado por la organización Fundar Centro de Análisis e Investigación, y en el que recomendó que autoridades estatales y federales implementaran medidas de reparación integral del daño para las víctimas (Irene, su hijo y su familia). Como se determinó que el delito prescribió –ya que el Código Penal estatal establece una temporalidad de 10 años para el tipo de lesiones culposas–, el magistrado emitió un acuerdo judicial en el que pide al Estado mexicano otorgar a Irene y su familia una indemnización y rehabilitación, así como las medidas de no repetición que deben implementar diversas dependencias. Jaqueline Sáenz Andujo, abogada de Irene y su familia, dio a conocer a esta agencia que únicamente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) respondió de manera positiva al acuerdo judicial, y es la única dependencia con la que se ha avanzado en las medidas de rehabilitación. Mientras tanto, las demás dependencias locales y federales se han negado a participar en la reparación integral del daño.