Oaxaca, México.- El Gobierno de Oaxaca a través de la Secretaría de Vialidad y Transporte (SEVITRA) y la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), mantiene diálogo constante con los empresarios del transporte público del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, con la finalidad de analizar la situación actual del transporte en esta población, y hallar alternativas operacionales y económicas que permitan la rentabilidad de la prestación de este servicio.   En respuesta a la petición de incremento enviada por concesionarios al titular del Poder Ejecutivo Estatal,  la SEVITRA les hizo de su conocimiento que en este momento no es viable una actualización a la tarifa como lo plantean, exhortándolos a entablar mesas de trabajo para encontrar un punto de equilibrio que no afecte a los transportistas ni a la ciudadanía.   El Gobierno de Oaxaca reconoce la necesidad que representa para los empresarios el ajuste de la tarifa del servicio. Sin embargo, se ha establecido claramente que la rentabilidad del sistema no sólo depende de una tarifa, sino que es parte del conjunto de elementos que deben considerarse para la toma de decisiones y que éstas garanticen la mejora de la prestación del servicio.   Para considerar una actualización en la tarifa es preciso el análisis de todos los indicadores económicos, de tal manera que se valoren las variables sociales vinculadas a este sector, ponderando el impacto que generaría para las familias de Tuxtepec un incremento a la tarifa del transporte público.   En virtud del paro de labores que iniciaron este lunes 3 de noviembre, así como de acciones que impidieron el libre tránsito en esta ciudad cuenqueña, la SEVITRA hizo un llamado a los transportistas para regresar a la mesa de trabajo programada para este martes 4 de noviembre, privilegiando la vía del diálogo con el fin de evitar manifestaciones que afecten las actividades cotidianas de los tuxtepecanos y la estabilidad social del municipio.   En su escrito la SEVITRA hace mención que Ley Estatal de Transporte otorga atribuciones al Gobierno del Estado para ordenar la intervención del servicio público de transporte cuando este se interrumpa por cualquier causa o se afecte la prestación eficiente y continua del mismo.   El Gobierno del Estado reitera su disposición para construir soluciones que permitan la mejora del transporte público y que ésta no sólo dependa de una tarifa conveniente para los empresarios, sino de mejores condiciones en la prestación del servicio que beneficien a la población en general.