No podemos garantizar que normalistas estén vivos: Zerón
También afirmó que hasta el momento se han recuperado 38 cuerpos en fosas de Guerrero, los cuales ya han sido trasladados a servicios periciales.“Es una investigación, hoy no podemos garantizar nada, lo que sí podemos garantizar es que todo, todo el Estado de fuerza que está ubicado en Guerrero, está dedicado ciento por ciento, 24 horas al día, a encontrar a las personas no localizadas”, comentó Zerón de Lucio.
También se especificó que hasta el momento no han sido localizados restos humanos en el tiradero del municipio de Cocula, donde se continúa tras el rastro de los jóvenes.
Por otra parte destacó que no se descarta la posibilidad de llamar a declarar al exgobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre, para recabar mayor información sobre la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.
En un detallado informe sobre las acciones de búsqueda de normalistas por parte del gobierno federal, Zerón explicó que las 24 horas del día se han aplicado brigadas en Guerrero y demás estados del país, revisando 115 lugares y desplegando alrededor de 10 mil elementos, entre los que se encuentran peritos, agentes del Ministerio Público, Policía Federal, Secretaría de Marina, policías comunitarios, familiares de los desaparecidos, entre otros.
Explicó que se han integrado grupos conformados por elementos federales, normalistas y familiares, de los desaparecidos en lugares como cavernas, grutas, ranchos, huertas, presas, hospitales, escuelas, hoteles, cañadas, minas, montañas, presas, ríos y prisiones. Zerón de Lucio dijo que de las fuerzas federales que se encuentran en la entidad, 6 mil 800 son de la Secretaría de la Defensa Nacional; mil 700 de la Policía Federal; 900 de la Marina, 300 investigadores de la Agencia de Investigación Criminal, 110 peritos en diferentes materias y especialidades, además de 50 agentes del Ministerio Público de la PGR, así como buzos y espeleólogos. Agregó que cuentan con nueve helicópteros, cinco aviones no tripulados, ocho ambulancias, cuatro laboratorios móviles, así como georradares para encontrar a los estudiantes. “El gobierno de la República ha establecido una bolsa total de recompensa de 64.5 millones de pesos para quien proporcione información que coadyuve en la localización de los 43 estudiantes no localizados, así como de los probables responsables. Por su parte, el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, detalló que la reunión de cinco horas que sostuvo ayer el presidente Enrique Peña Nieto con padres de normalistas desaparecidos se llevó a cabo en términos respetuosos. Ahí el jefe del Ejecutivo reiteró su compromiso con el Estado de derechos y con los familiares de los jóvenes desaparecidos para encontrarlos con vida. “El gobierno de la República ha presentado a los familiares un plan de atención integral para que se incorporen sus propuestas, pues el compromiso es que dicho plan sea construido de manera conjunta con ellos. Atendiendo a nuestras disposiciones legales y diversos protocolos internacionales, el Gobierno de la República reparará integralmente el daño a las víctimas u ofendidos”, resalto. Igualmente dio a conocer el número 01 800 83 31 31 96 donde se puede proporcionar información sobre la localización de los normalistas, así como el 088 de la Policía Federal.“La identificación, ubicación y detención de objetivos arrojaron los siguientes datos: 56 detenidos entre los que destacan policías de Cocula, Iguala, integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, entre ellos su líder Sidronio Casarrubias, cateos a inmuebles, 26 órdenes de aprehensión destacando la de José Luis Abarca”, detalló.
SEIDO cita a funcionarios de Guerrero
Luego de rendir su declaración como testigo, el titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera abandonó las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), confirmó el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
Lo mismo ocurrió con el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, y con el subfiscal, Ricardo Martínez, quienes ayer regresaron a Chilpancingo, capital de la entidad.
El funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) explicó que el funcionario fue citado a comparecer ante el Ministerio Público Federal, para obtener más elementos en las investigaciones por los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
“La instrucción que tenemos del procurador general de la República es no dejar un cabo suelto en esta investigación, y por tal motivo solicitamos que se presentará a declarar tanto el secretario de Seguridad Pública como el fiscal general del estado, en calidad de testigos, ellos ya rindieron su declaración”, dijo ayer Zerón de Lucio.
Fuentes ministeriales indicaron que en los tres casos, los funcionarios fueron notificados que fueron puestos en libertad con las reservas de ley, ante la integración de la averiguación previa, por lo que deberán estar atentos a nuevos llamados de las autoridades.
Descartan desaparición de poderes
El proyecto de dictamen de la Comisión de Gobernación sobre el caso Guerrero establece que no procede la desaparición de poderes en la entidad, pues funcionan de manera normal y el mismo procedimiento del Poder Legislativo estatal para nombrar a un gobernador interino es ejemplo de eso.
Dice que esa decisión del Congreso estatal muestra que “la petición formulada por diversos senadores del grupo parlamentario del PAN ha quedado sin materia”.
Esta es la segunda ocasión consecutiva que el Senado concluye la no procedencia de la desaparición de poderes, pues en 2006, después de varias semanas de conocer la situación en el estado, decidió que no estaba justificada la petición de desaparecer los Poderes en el estado de Oaxaca, cuando lo gobernaba el priista Ulises Ruiz y la llamada APPO tenía meses en protesta en la capital del estado.
“Los integrantes de la Comisión de Gobernación consideramos que los hechos sucedidos en Guerrero no constituyen causal determinante ni son actos de pleno ejercicio por parte de los órganos del Estado para proceder a la declaración de que han desaparecido los poderes en la entidad.
“Por el contrario, la designación de un gobernador interino son prueba plena de su funcionamiento”, dice el proyecto de dictamen que será discutido por los integrantes de la Comisión de Gobernación que preside la priista Cristina Díaz.