Oaxaca, México.-Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el caso del incendio en la guardería ABC exonerando a los funcionarios de alto rango de cualquier responsabilidad, los padres de los 49 niños fallecidos se sintieron defraudados de la última instancia legal en el país que podía esclarecer el caso. Cuatro años después de ese fallo, las víctimas tienen una nueva esperanza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “No tendríamos por qué llegar acá, pero la impunidad nos obliga a salir del país”, dice Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso, fallecido en la tragedia. El lunes 27 de octubre, Patricia y su esposo José Francisco García, y los padres de Emmanuel,  Martha García y Manuel Rodríguez, se entrevistaron con los comisionados de la CIDH James Cavallaro, Rosa María Ortiz y el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, durante el 153 periodo ordinario de sesiones realizado en Washington, Estados Unidos, para solicitar la atracción del caso por parte del organismo internacional. Durante el encuentro, de poco menos de una hora, los comisionados estuvieron receptivos de la exposición que dieron los padres, comenta Martha García en entrevista con Animal Político. “Nos dieron a entender que sí tenemos expectativas. Con esto apenas vamos a la mitad del proceso, pero tenemos la esperanza”. Los padres coinciden en que después de cinco años de buscar justicia en su caso han sido ignorados. “Lamentablemente en México la justicia no ha sido ni pronta, ni imparcial, ni expedita. El Estado Mexicano nos ha negado el acceso a la justicia. Les falló con el principal derecho, que es el derecho a la vida a nuestros hijos”, afirma José Francisco García. La principal demanda de los padres es la garantía de no repetición, es decir, que el Estado mexicano provea de los mecanismos legales para que nunca más vuelva a ocurrir un suceso como el que ellos padecieron el 5 de junio de 2009, donde murieron 49 menores de edad en el incendio de la guardería ABC subrogada por el IMSS a particulares. La búsqueda de la justicia no es solo “por un legado de nuestros hijos, porque a ellos no les pueden regresar la vida, sino es también hacia los demás niños”, dice Guadalupe; su esposo Manuel agrega que aunque el movimiento logró en 2011 la publicación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil conocida como “Ley 5 de junio”, aún no se está aplicando. Aún cuando los estados tenían un año para armonizar sus legislaciones con dicha ley, solo Jalisco ha concluido con el proceso. En tanto Sonora, el Estado de México, Puebla, Colima, Baja California y Yucatán ya la publicaron, pero aún falta aprobar el reglamento. El equipo legal  que acompaña a los padres confía en que la CIDH de entrada a la solicitud, toda vez que cumple con los requisitos de admisibilidad. Stephanie Brewer, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, asegura que el fallo de la SCJN no puede ser impugnado,  por lo tanto, se agotaron las instancias legales en el país para el caso. Además, la no aplicación de la ley 5 de junio hace que no exista garantía para la no repetición, lo cual significa que los principales requisitos están solventados. Después de esta solicitud y como parte del litigio, la CIDH pedirá al Estado mexicano la respuesta respecto a este caso. Tras analizar los argumentos de ambas partes, los comisionados tomarán la decisión de aceptar o rechazar el expediente para la investigación. Brewer afirma que el caso tiene altas posibilidades de ser aceptado porque se trata de un “ejemplo paradigmático de la situación de inseguridad, incumplimientos e irregularidades que prevalecían en prácticamente todas las guarderías subrogadas por el IMSS en el país”, cuya responsabilidad incluye a funcionarios de alto nivel como los ex directores del IMSS Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam Toumeh; el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou. En caso de darle entrada, la CIDH realizaría una investigación sobre lo ocurrido y las omisiones o las faltas por parte del Estado para no garantizar la protección a los derechos humanos. Al final emitiría un informe con las recomendaciones para establecer los mecanismos de reparación de daño, que implicaría la no repetición, y el esclarecimiento de los hechos para que las víctimas tengan acceso a la verdad. Aunque el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a resolver el caso cuando era candidato, ahora que es parte de la estructura de gobierno, deberá enfrentar esta denuncia internacional, porque “por parte de presidencia hay un desinterés del caso”, sentencia Manuel Rodríguez.