Una de ellas es la Ley de Hidrocarburos, que modifica los artículos constitucionales 27 y 28 que prohibían al Estado ofrecer contratos de explotación, producción y manejo de los hidrocarburos. Con la reforma ahora se permite la extracción de minerales a partir de técnicas contaminantes, como el llamado “fracking”. Además, esa misma ley cambia la figura legal de “expropiación” por “ocupación temporal” de la tierra, a cambio de proporcionar un porcentaje de las ganancias al ejido afectado, recurso que no beneficiará a la gran mayoría de la población femenina rural, ya que de los más de 5 millones de personas ejidatarias y comuneras en México, menos de un millón 400 mil son mujeres, según datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Si bien aún no se puede conocer el impacto que tendrá esta reforma constitucional en materia energética –a decir de campesinas y activistas a propósito del Día Mundial de las Mujeres Rurales que se conmemoró este 15 de octubre–, ésta se suma al conjunto de políticas que ha implementado el Ejecutivo federal desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994. Afirmaron que estas reformas tienen el fin de potenciar la explotación de los recursos naturales e incrementar la inversión extranjera a costa del empobrecimiento y la violación de los Derechos Humanos (DH) de la población. Brenda Rodríguez Herrera, investigadora de la Red Mujer y Medio Ambiente, dijo en entrevista que la reforma energética y la actual Ley Agraria (que no tuvo cambios con las modificaciones constitucionales en materia energética, pero que ha sido criticada por la sociedad civil) son un retroceso para el país, ya que permiten la extracción de minerales con técnicas que utilizan excesivas cantidades de agua potable, y el uso del territorio ejidal sin consulta previa. Además violan los derechos económicos, de participación política y al medio ambiente de las mujeres, indicó. Son millones las mujeres que padecen de manera directa el impacto de estos proyectos en las localidades –principalmente rurales y marginadas de todo el país–, ya que de acuerdo con Rodríguez Herrera, ellas están en contacto directo con los elementos del medio ambiente que se están contaminado o agotando. Si bien no se cuentan con cifras actuales sobre el porcentaje del territorio nacional concesionado para su explotación, es posible avizorar un crecimiento exponencial de éstas, toda vez que en 2012 (año en el que el Estado aún estaba impedido constitucionalmente para ofrecer tierras para la explotación de hidrocarburos), 30 millones 680 mil hectáreas (es decir, 35 por ciento del territorio nacional) estaba concesionado (cifra que duplicó la de 2006), según datos del Servicio Geológico Mexicano. La activista señaló que estas prácticas son tan invasivas que empujan a la población a abandonar sus hogares, y son las mujeres quienes se encargan de abastecer el agua o de limpiarla cuando es de mala calidad; además, ir por agua a otra localidad les implica dobles o triples jornadas de trabajo, lo que les resta tiempo para otras actividades participativas. DAÑOS A LA SALUD Maritza Rodríguez, también investigadora de la Red, señaló que la explotación minera afectará la salud de mujeres, niñas y niños. Como ejemplo, señaló que en la localidad de Copalillo, Guerrero, se comprobó a través de una investigación ciudadana que la explotación minera contamina el agua potable con arsénico y cianuro, lo que provoca daños en la piel de las mujeres y propicia abortos y malformaciones en los recién nacidos. Según ha reportado Cimacnoticias, el envenenamiento del agua en los ríos Sonora y Bacanuchi, en Sonora, por un derrame de ácido sulfúrico de la Mina Buenavista de Cananea el pasado 6 de agosto, trastocó la vida de las mujeres que subsistían de la elaboración y venta de productos típicos que ofrecían a visitantes y enviaban a Hermosillo, capital del estado (4 de septiembre de 2014). De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (organismo que integra a más de 40 grupos defensores del medio ambiente de la región), México encabeza el número de denuncias por conflictos mineros, ya que tan sólo en mayo pasado se registraron 34 acusaciones por violaciones a DH, desplazamientos forzados, derecho a la paz, a la libertad de expresión, al desarrollo, a la propiedad y al uso de recursos, y al medio ambiente sano, aunque no se precisa en qué estados. Ante los conflictos mineros, las mujeres han mostrado resistencia para frenar los proyectos, aun cuando ya fueron concesionados desde años atrás por la Secretaría de Energía o están en la etapa de exploración. Como botón de muestra, Gloria Flores Ruiz, abogada del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chiapas, detalló en entrevista que el pasado mes de agosto surgió una red campesina conformada por 300 mujeres rurales de la entidad, quienes se organizaron al calor de la discusión por la reforma energética, para que en la Ley Agraria se reconociera su participación igualitaria en la toma de decisiones sobre la tenencia, uso y usufructo de la tierra. Flores Ruiz afirmó que al no ser dueñas de la tierra enfrentan obstáculos para ser reconocidas en las asambleas y decidir sobre la aprobación o el rechazo de proyectos petroleros, mineros, ecoturísticos, eólicos, hidroeléctricos, de infraestructura carretera y aeroportuaria que actualmente amenazan sus tierras. AMENAZA LATENTE La activista del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural en Puebla, Irma Estela Aguirre, observó en entrevista que si bien actualmente no está activo ningún proyecto de excavación minera en la región de la Sierra Norte de Puebla, sí hay una amenaza real de que suceda, ya que en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) están registradas 60 concesiones para la explotación del suelo en el 40 por ciento de esa zona. Aguirre informó que la Sierra Norte de Puebla está integrada por comunidades con una importante tradición organizativa y de participación de las mujeres de los municipios de Cuetzalan, Zautla, Olintla o Wuezotla, y son ellas las principales opositoras para que estos proyectos de perforación del subsuelo no se concreten. La activista explicó que las mujeres participan y dirigen asambleas informativas en sus comunidades, se reúnen con las autoridades municipales, y se oponen por vías legales para que ningún proyecto de explotación minera se efectúe. En la zona norte de México, una de las regiones con mayor explotación del subsuelo y a la par de las más violentas del país, María Teresa Guerrero, titular de Consultoría Técnica Comunitaria (asociación civil que apoya a ejidos forestales y comunidades de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua), dijo que desde hace dos años las mujeres de los pueblos indígenas iniciaron movilizaciones contra proyectos turísticos, por ejemplo el de Barranca del Cobre con el que se pretendía descargar aguas negras hacia las comunidades. Pese a que pudieron frenar el proyecto, la movilización devino en hostigamientos contra activistas e indígenas por parte de fuerzas de seguridad del estado. Aunque México es uno de los únicos países que cuentan con una Ley General de Cambio Climático y una Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, las expertas consultadas coincidieron en que estas normas son insuficientes para el desarrollo y la protección de las mujeres, porque no cuentan con un enfoque de género transversal. Por ello señalaron la urgencia de que se garantice y permita el derecho de las mujeres a defender la tierra, y se genere un marco jurídico que permita el desarrollo de proyectos productivos en las comunidades (generados por la propia población), en lugar de la invasión de empresas privadas.