Como parte de un análisis sobre la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad, el comité de expertos expuso en un informe una serie de recomendaciones para que el gobierno refuerce o establezca mecanismos que protejan y salvaguarden la integridad de las personas con discapacidad.
En el apartado “Toma de conciencia”, artículo 8, precisamente instan al Estado a “establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad”, y le recomienda “desarrollar programas de toma de conciencia sobre las personas con discapacidad como titulares de derechos”.
Aunque el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce la adopción de legislaciones y políticas públicas como la Ley Federal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación o el Programa Nacional para la Igualdad y la No-discriminación, también alerta sobre otros acontecimientos o marcos regulatorios que siguen sin brindar la debida protección a la población que así lo necesita.
Otro de los factores que más preocupa a la ONU, son los casos de esterilización de personas con discapacidad sin su consentimiento libre e informado. Denuncia que en instituciones como Casa Hogar Esperanza se “recomiendan, autorizan o aplican esterilizaciones forzadas o realizadas bajo coerción a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad”.
Ante esta situación, urgió al gobierno investigar y procesar penalmente a las instituciones y las autoridades judiciales y sanitarias que permiten dichos procedimientos. Ademas solicitó que se garantice las reparaciones el acceso a la justicia y reparaciones para las víctimas.
Por otro lado, el comité de la ONU también denuncia el abuso hacia los migrantes con discapacidad y hace hincapié en que las mujeres y niñas con discapacidad, especialmente indígenas, son frecuentemente víctimas de la violencia y el abuso y no cuentan con medidas efectivas para su protección y reparación de daños. Incluso, no cuentan con acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y si resultan embarazadas son constantes presionadas para que aborten.
Entre otros puntos, el comité recomienda al Estado asignar recursos para que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación sea traducida a todas las lenguas indígenas en formatos accesibles incluidos el braille, la lengua de señas, la lectura fácil y los formatos electrónicos, ya que en muchas ocasiones, las autoridades transgreden los derechos de las personas que no tienen acceso a documentos en su lengua y que no saben cuáles son sus derechos.