Oaxaca, México.-La propuesta de las cúpulas de las principales fuerzas políticas de proteger las candidaturas a puestos de elección popular para evitar nexos con el crimen organizado fue calificada de tardía en la Cámara de Diputados, bajo el argumento de que la narcopolítica es ya una realidad en México. “Es una medida que llega demasiado tarde, porque la esfera política ya fue penetrada por la delincuencia, sobre todo en gobiernos locales”,  aseguró la diputada federal mexiquense del PAN Karina Labastida Sotelo. Secretaria de las comisiones de Seguimiento a los Feminicidios y de Trabajo y Previsión Social, así como integrante de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, la legisladora señaló que no basta con que el Partido Verde pida a la Procuraduría General de la República investigar a su propia militancia y de que el PRD proponga crear una fiscalía especial para evitar que delincuentes obtengan candidaturas a cargo de elección popular. Hay que ir más allá, expuso la legisladora, al pronunciarse por que las investigaciones no se limiten a precandidatos a los cargos políticos que estarán en juego el próximo año, sino que también alcancen a funcionarios públicos de mediano y alto nivel en los tres órdenes de gobierno. Para argumentar sobre la necesidad de esa medida, Labastida Sotelo sostuvo que para nadie es un secreto que desde hace mucho tiempo la sociedad desconfía de la clase política, lo cual ha quedado justificado ante las evidencias de la infiltración del crimen organizado en cargos de gobierno, como quedó al descubierto en Michoacán y Guerrero. “Por eso creo que no basta con evitar que candidatos a cargo de elección popular tengan nexos con el crimen organizado; también hay que investigar a quienes ya ocupamos esos cargos, incluidos diputados federales y locales, presidentes municipales, jefes policiacos, gobernadores y funcionarios federales, empezando por aquellos cuyos bienes materiales no corresponden con el dinero que han ganado como funcionarios. Es decir: ¡a grandes males, grandes remedios!”, alegó la panista. Comentó que ante la autonomía que las autoridades locales tienen para cumplir con ese filtro, la Cámara de Diputados debería hacer un llamado a los gobiernos estatales y municipales para que acepten someter a sus funcionarios públicos a esta cruzada contra la narcopolítica, y que los gobiernos que no acepten queden evidenciados ante la propia sociedad. “Resulta necesario y urgente detectar, evidenciar y castigar a los políticos que en nuestro país ofrecen protección a los delincuentes —incluida la omisión para perseguirlos a sabiendas de que lo son— y aplicarles todo el peso de la ley, ya que sólo de esa manera la clase política podrá recobrar la confianza de la sociedad”, expuso. Señaló Labastida Sotelo que ante un problema añejo que se dejó crecer y ahora pareciera incontenible, hay que actuar de fondo e ir a la raíz. “Ahorita son los casos de Michoacán y Guerrero, pero en su momento el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, también fue señalado como cómplice del crimen organizado, entre otros lamentables casos de narcopolíticos en México”, planteó.