Martes 28 de octubre, 2014. 08:30 pm
Quien llegue a la CNDH debe garantizar su autonomía: activistas
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Oaxaca, México.-El grave contexto social que atraviesa México, que entre otras cosas se ve reflejado en el alarmante incremento del feminicidio y la desaparición, violencia obstétrica y criminalización de las mujeres, hace indispensable un viraje en la forma de actuar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que ésta realmente cumpla con su función de velar por las garantías fundamentales de la población.
Ayer, en audiencia con las y los senadores integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado –responsables de elegir al titular de la dependencia–, 13 organizaciones civiles aseguraron que la CNDH “no está a la altura” de la situación que atraviesa el país, pues ha sido “ineficiente, cara y omisa” para defender a las víctimas; por lo que urgieron a que desde la Cámara alta se impulsen y garanticen los cambios que requiere el órgano autónomo.
Organizaciones como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro Jurídico para los Derechos Humanos (CJDH) coincidieron en que la CNDH ha perdido credibilidad, legitimidad y representación social, especialmente en las últimas dos administraciones, encabezadas por José Luis Soberanes y Raúl Plascencia Villanueva.
Ximena Andión, integrante de la CMDPDH, sostuvo que la dependencia tiene una “grave ineficiencia operativa, pues es muy bajo el número de quejas que se transforman en recomendaciones”.
Señaló que del total de quejas que se presentan ante la CNDH, apenas el uno por ciento se transforman en recomendaciones, de las cuales 13 por ciento son rechazadas por las instituciones.
Se estima que cada recomendación ha tenido un costo de 16 millones de pesos, lo que de acuerdo con las y los activistas “va más allá de lo absurdo”.
En entrevista, Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), apuntó que se debe garantizar un proceso abierto y democrático, y una consulta pública para la designación del o la futura titular de la CNDH.
De acuerdo con Cortez, el Senado fue omiso ante su obligación de armonizar el proceso de elección con la reforma constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos (DH).
A lo que se sumó que no existió una pluralidad entre las organizaciones invitadas a la audiencia en el Senado, pues por un lado todas se ubican en el Distrito Federal y no son un gran número de ellas.
Contó que ayer se hizo del conocimiento de las y los senadores, que uno de los principales retos que enfrenta la CNDH es garantizar su autonomía e independencia, por lo que se requiere que se designe a una persona que no provenga de ninguna área del gobierno federal o gobiernos locales, así como de ningún partido político.
Abundó que aunque existen muchas críticas para el organismo, no se debe pensar en su debilitamiento o desaparición, sino por el contrario trabajar para que la CNDH asuma y haga uso real de todas sus facultades.
Edgar Cortez explicó que además de la facultad de emitir recomendaciones, la dependencia tiene la capacidad de presentar acciones de inconstitucionalidad ante legislaciones que contravengan los DH de las personas, así como la facultad de dar seguimiento a procesos administrativos y penales.
A lo que se suma que los recursos económicos y humanos con los que cuenta le permiten elaborar informes sobre una serie de problemáticas que aquejan a la sociedad, y a partir de los cuales se pueden definir políticas y programas públicos, así como registrar y analizar todas las quejas que se presenten para identificar los temas más recurrentes.
Cortez enfatizó que todas las acciones de la CNDH deben realizarse desde la perspectiva de género, y que en sus labores de investigación tiene que diferenciar las diversas problemáticas que afectan a mujeres y hombres, lo que hasta la fecha no se ha realizado con claridad.
Explicó que una de las propuestas del IMDHD es que desde el Senado se cree un mecanismo de seguimiento efectivo al quehacer de la CNDH, que permita una evaluación continua de sus acciones.
Aclaró que desde su organización no se apoya a alguna o alguno de los 21 aspirantes a encabezar la CNDH, pero se pugna porque sea una persona realmente comprometida con los DH y no sólo con conocimiento o estudios en la materia.
En ese contexto, el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos –integrado por diversas organizaciones como Incide Social– dio a conocer 10 criterios básicos que el Senado debe tomar en cuenta para definir al o la nueva titular de la Comisión.
De acuerdo con el documento, debe tener un entendimiento de los DH, afinidad con la gente, ser un dialogante probado (evidencia de disposición para el diálogo permanente), tener fortaleza ante la presión, un compromiso social, así como un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y la capacidad para proponer planes y políticas públicas que promuevan los DH.
Hoy se celebraron las primeras 10 comparecencias públicas de las y los aspirantes a presidir la CNDH, quienes expusieron sus propuestas de planes de trabajo. Entre las y los candidatos estuvieron la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores Patricia Olamendi, y Sara Irene Herrerías Guerra, ex titular de Províctima.
Tras la serie de comparecencias, las comisiones de DH y Justicia elaborarán un dictamen antes del próximo 13 de noviembre con el nombre de la o el candidato que se pondrá a votación del pleno para su aprobación.
Ayer, en audiencia con las y los senadores integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado –responsables de elegir al titular de la dependencia–, 13 organizaciones civiles aseguraron que la CNDH “no está a la altura” de la situación que atraviesa el país, pues ha sido “ineficiente, cara y omisa” para defender a las víctimas; por lo que urgieron a que desde la Cámara alta se impulsen y garanticen los cambios que requiere el órgano autónomo.Organizaciones como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro Jurídico para los Derechos Humanos (CJDH) coincidieron en que la CNDH ha perdido credibilidad, legitimidad y representación social, especialmente en las últimas dos administraciones, encabezadas por José Luis Soberanes y Raúl Plascencia Villanueva.
Ximena Andión, integrante de la CMDPDH, sostuvo que la dependencia tiene una “grave ineficiencia operativa, pues es muy bajo el número de quejas que se transforman en recomendaciones”.
Señaló que del total de quejas que se presentan ante la CNDH, apenas el uno por ciento se transforman en recomendaciones, de las cuales 13 por ciento son rechazadas por las instituciones.
Se estima que cada recomendación ha tenido un costo de 16 millones de pesos, lo que de acuerdo con las y los activistas “va más allá de lo absurdo”.
En entrevista, Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), apuntó que se debe garantizar un proceso abierto y democrático, y una consulta pública para la designación del o la futura titular de la CNDH.
De acuerdo con Cortez, el Senado fue omiso ante su obligación de armonizar el proceso de elección con la reforma constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos (DH).
A lo que se sumó que no existió una pluralidad entre las organizaciones invitadas a la audiencia en el Senado, pues por un lado todas se ubican en el Distrito Federal y no son un gran número de ellas.
Contó que ayer se hizo del conocimiento de las y los senadores, que uno de los principales retos que enfrenta la CNDH es garantizar su autonomía e independencia, por lo que se requiere que se designe a una persona que no provenga de ninguna área del gobierno federal o gobiernos locales, así como de ningún partido político.
Abundó que aunque existen muchas críticas para el organismo, no se debe pensar en su debilitamiento o desaparición, sino por el contrario trabajar para que la CNDH asuma y haga uso real de todas sus facultades.
Edgar Cortez explicó que además de la facultad de emitir recomendaciones, la dependencia tiene la capacidad de presentar acciones de inconstitucionalidad ante legislaciones que contravengan los DH de las personas, así como la facultad de dar seguimiento a procesos administrativos y penales.
A lo que se suma que los recursos económicos y humanos con los que cuenta le permiten elaborar informes sobre una serie de problemáticas que aquejan a la sociedad, y a partir de los cuales se pueden definir políticas y programas públicos, así como registrar y analizar todas las quejas que se presenten para identificar los temas más recurrentes.
Cortez enfatizó que todas las acciones de la CNDH deben realizarse desde la perspectiva de género, y que en sus labores de investigación tiene que diferenciar las diversas problemáticas que afectan a mujeres y hombres, lo que hasta la fecha no se ha realizado con claridad.
Explicó que una de las propuestas del IMDHD es que desde el Senado se cree un mecanismo de seguimiento efectivo al quehacer de la CNDH, que permita una evaluación continua de sus acciones.
Aclaró que desde su organización no se apoya a alguna o alguno de los 21 aspirantes a encabezar la CNDH, pero se pugna porque sea una persona realmente comprometida con los DH y no sólo con conocimiento o estudios en la materia.
En ese contexto, el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos –integrado por diversas organizaciones como Incide Social– dio a conocer 10 criterios básicos que el Senado debe tomar en cuenta para definir al o la nueva titular de la Comisión.
De acuerdo con el documento, debe tener un entendimiento de los DH, afinidad con la gente, ser un dialogante probado (evidencia de disposición para el diálogo permanente), tener fortaleza ante la presión, un compromiso social, así como un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y la capacidad para proponer planes y políticas públicas que promuevan los DH.
Hoy se celebraron las primeras 10 comparecencias públicas de las y los aspirantes a presidir la CNDH, quienes expusieron sus propuestas de planes de trabajo. Entre las y los candidatos estuvieron la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores Patricia Olamendi, y Sara Irene Herrerías Guerra, ex titular de Províctima.
Tras la serie de comparecencias, las comisiones de DH y Justicia elaborarán un dictamen antes del próximo 13 de noviembre con el nombre de la o el candidato que se pondrá a votación del pleno para su aprobación.
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