Oaxaca, México.-La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reanudó su vigilancia para evitar posibles violaciones a los derechos humanos por la inminente reanudación de las obras para construir la presa Paso Ancho, ubicada entre los distritos de Ejutla y Sola de Vega, en la región de la Sierra Sur.

Al anunciarse en medios de comunicación la reactivación del proyecto para construir dicha presa, la Defensoría inició de oficio el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/(01)/OAX/2014, en el cual solicita información a la Comisión Estatal del Agua sobre el proyecto Paso Ancho.

La Defensoría del Pueblo de Oaxaca considera importante contar con información precisa respecto a este proyecto con objeto de vigilar que los constructores respeten los derechos humanos de los habitantes de las comunidades cercanas, pues el plan involucra a las comunidades de San Vicente Coatlán y Santiago Yogana.

La Defensoría valorará la información que reciba de la Comisión Estatal del Agua, y en caso necesario podría avanzar en sus acciones para integrar un expediente de queja.

La Defensoría enfatizó el aspecto preventivo de su medida, pues con este tipo de acciones busca contribuir y reivindicar el respeto a los derechos humanos de comunidades indígenas que podrían resultar afectadas por el proceso de construcción de la presa.

La Defensoría ha vigilado de cerca esta obra constructiva desde 2012, año en que emitió dos cuadernos de antecedentes por posibles violaciones a derechos humanos.

El primer cuaderno de antecedentes fue el DDHPO/1128/(20)/2012, iniciado a raíz de una indemnización reclamada por pobladores del barrio de Santa Anita de la villa de Sola de Vega a la autoridad municipal y a la constructora encargada de la obra, por daños que sus terrenos de cultivo sufrieron durante los trabajos de  ampliación de la carretera para el paso de la maquinaria pesada al sitio de construcción.

La Defensoría abrió un segundo cuaderno de antecedentes, DDHPO/CA/1210/(05)/OAX/2012, por el escrito enviado por autoridades municipales y agrarias de la comunidad San Vicente Coatlán, del distrito de Ejutla, quienes manifestaron su inconformidad por  la falta de atención a un conflicto agrario en la zona y que se opondrían a la construcción por desconocer los detalles del proyecto.

Desde esa fecha la Defensoría mantiene su vigilancia sobre el proyecto de la presa, sobre todo porque la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente ha clausurado la obra en varias ocasiones, la más reciente de ellas el 13 de abril de este año, porque la obra incumplía con los estudios ambientales.