Reunidos el pasado día 13 en Santo Domingo Zanatepec, los representantes citados argumentaron su rechazo a la reforma energética que implica la "violación sistemática de los Derechos Colectivos y Humanos de Ejidos y Comunas, así como de la población campesina e indígena de todo el país". Asimismo, por el hecho de que las nuevas leyes otorgan "de forma arbitraria, el carácter de ´interés social y orden público´ a la operación de empresas privadas del sector energético, así como los mecanismos de despojo articulados a través de la ´ocupación temporal´ y la constitución forzosa de servidumbres legales", y omiten y excluyen "toda forma de participación y consulta al respecto". En la que denominaron Declaración de Zanatepec, exhortaron a los actores sociales a nivel nacional a unirse a esta lucha por la defensa de la vida, la tierra y el territorio, trabajando por el establecimiento de territorios libres de minería, actividad que ocasiona "devastadores efectos" sobre la salud, la vida comunitaria, la ecología y economía de las regiones, "a la vez que destruyen las cuencas hidrológicas en donde operan, lo que a futuro sólo crea miseria y abandono de la tierra". Durante la reunión informó sobre las acciones de las empresas eólicas "para despojar de las tierras y territorio a los habitantes del Istmo de Tehuantepec", denunció que la nueva ley energética excluye que las comunidades, dueñas del territorio, sean admitidas para llevar a cabo proyectos energéticos comunitarios y sustentables, como ocurre en el Istmo de Tehuantepec, donde un proyecto comunitario propuesto por Ciudad Ixtepec es rechazado por CFE, "mientras esta misma paraestatal entrega licitaciones y proyectos a diversas multinacionales, incluso sobre tierras de comunidades que no desean que estos proyectos se lleven a cabo".