Fortino TORRENTERA O. Oaxaca. México.- Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, tendrá hasta el 21 de octubre para responder a la solicitud presentada por ciudadanos que ejercieron el Derecho de Petición, respecto a la documentación que está exigiendo esa dependencia del Gobierno del Estado que viola el artículo 4º de la Carta Magna y el 13º de la Constitución del Estado al recontratar de manera ilegal los servicios de suministro del agua. Así lo dio a conocer el presidente del Movimiento Vial Ciudadano, Armando Figueroa Colmenares, al informar ante un centenar de quejosos que el pasado 10 de octubre se presentó un oficio que deberá ser resuelto en un plazo de 10 días, según la ley, pues de lo contrario se presentará un ampara colectivo ante instancias federales. Explicó que el 13 de noviembre del 2013 en que se expidió la ley que crea los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO) y deroga la correspondiente a la Administración Directa de Obras y Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Oaxaca (ADOSAPACO) se ordenó la creación del Comité Ciudadano del Agua, órgano mediador entre la sociedad y el gobierno, el cual hasta la fecha nadie conoce. Recientemente, SAPAO ordenó a los usuarios presentar escrituras o acta de posesión o contrato de compra-venta o el último recibo del pago predial, cuando la dependencia no está facultada para exigir esos documento que son personales y hace unos días reculó al eximir las escrituras, no así el resto de los documentos en mención, lo cual es anticonstitucional. De igual forma, es irregular la “recontratación” de los servicios, pues un usuario al firmar el contrato, éste tiene un carácter permanente; no obstante, aprovechándose de la buena voluntad y de manera obligatoria está recontratando, lo que está afectando a la economía de los ciudadanos en un 2 por ciento de aumento por metro cúbico del servicio, lo cual ya se ha documentado. Recalcó que de comprobar la propiedad de los inmuebles, la dependencia debería pedir la coadyuvancia del Catastro Público o de la Dirección de Notarías, en vez de solicitar a los usuarios la presentación de la documentación mencionada, lo cual infringe la ley. Según la normatividad, un contrato de este tipo de servicios es permanente, aún cuando el titular haya fallecido o esté el inmueble en posesión de otra persona, el usuario tiene la obligación de cubrir su cuota por el servicio, más no de recontratar so pretexto del cambio de nombre de la dependencia; por ello quienes ya lo hicieron tendrán un aumento en sus cuotas. La dependencia dio como plazo para la recontratación hasta el 31 de octubre con la amenaza de cancelar el servicio, lo cual contravendría la norma constitucional del derecho al agua y quienes ya recontrataron podrían apelar al aumento que no es proporcional con la economía local. Ahí, ciudadanos manifestaron una serie de cobros indebidos, pues en los recibos aparecen cargos que no corresponden al servicio como el Impuesto al Desarrollo Social, por ajustes y de “otros conceptos” que no se especifican, violando flagrantemente los derechos de Consumidor. Otros, señalaron que se les ha cobrado por cambios de tuberías que nunca se hicieron, así como algunos que pagan el agua sin recibir el servicio; en todos los casos se demandó un cobre justo pues también se cobra el aire del vacío de las tuberías que registran los medidores. Precisamente otro aspecto fue el cambio de medidores, pues no existe un peritaje metalúrgico que compruebe la duración de cinco años que se argumenta, cuando se les puede dar mantenimiento, por lo que el cambio debe ser voluntario, favoreciendo así a una empresa particular que está realizando los reemplazos. El acceso al agua es constitucionalmente libre, pues garantiza mejores condiciones de sanidad y es por Derecho a la Salud, explicó la enfermera, Camelia Rivera Rivera, sin que se justifique hasta el momento por qué el agua llega sucia a los domicilios. En tanto en Constitución 101 se continuarán recabando firmas , para lo cual es necesaria una copia de la credencial de elector del titular o un familiar, así como del último recibo de pago del agua y será este 22 de octubre cuando se presente un amparo colectivo ante un Juez de Distrito, en caso de que no responda la dependencia a estas demandas.